¿Es la hora de estrategias contraintuitivas en los servicios sociales?

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A veces, en ocasiones extraordinarias, pueden funcionar bien decisiones extrañas, aparentemente contraproducentes, que a primera vista parecen ir en sentido opuesto a las que mayoritariamente se plantean. A continuación, se proponen cuatro para nuestra intervención social y servicios sociales a partir de las situaciones pandemia y emergencia que estamos viviendo. Seguramente, resultarán impracticables o inadecuadas en muchos contextos, pero quizá merezca la pena dedicarles unos minutos de reflexión. Primero se enuncian y a continuación se dedica un párrafo a cada una de ellas, con la apertura de siempre al diálogo, a la matización y a la corrección:

  1. Dejar de entregar recursos para la subsistencia.
  2. Cerrar centros.
  3. Suspender relaciones con los servicios sanitarios.
  4. Experimentar y teorizar.

1. Las gentes de la intervención social y los servicios sociales, normalmente vocacionadas y formadas para las relaciones de ayuda y los procesos comunitarios, no obstante, hemos aceptado muchas veces dedicarnos a gestionar y realizar el reparto o racionamiento de dinero y bienes materiales para la supervivencia de las personas. Ahora vuelve a suceder con fuerza. Sin embargo, esto puede resultar cada vez más irracional y frustrante, en tanto en cuanto el desarrollo tecnológico y logístico de otras organizaciones públicas o mercantiles (del ámbito del aseguramiento, las finanzas, la distribución u otros) las coloca en condiciones de realizar esta labor de manera mucho más pertinente y eficiente. Por ello, seguramente, cada día está más justificado, desde el punto de vista ético y estratégico, que nos neguemos a aceptar el encargo de la garantía de subsistencia, máxime cuando el contexto parece determinar que ese trabajo sea cada vez más incompatible con la labor de intervención social.

2. Durante esta pandemia, algunos de nuestros centros se han convertido en lugares especialmente visitados por el sufrimiento y la muerte. A partir de esa experiencia, se habla de la mejora o transformación de algunos de nuestros servicios, pero, quizá, debamos hablar con claridad de servicios que no pueden o deben ser reformados o modificados sino que, simplemente, han de ser cerrados y sustituidos por otros diferentes. Quizá hay dispositivos y formatos que, por su planteamiento, por su  tamaño, por la homogeneidad de sus personas usuarias, por su funcionamiento o por otras razones, deban ser reemplazados por otros y quizás sea conveniente hacerlo visible, hacer comprensible y creíble para la ciudadanía que tenemos la voluntad y la estrategia para un cambio significativo y tangible del estado de las cosas. Parece difícil conseguirlo sin cerrar algunos centros o algunos tipos de centros y explicar y demostrar claramente por qué apoyos y servicios los reemplazamos.

3. En nuestro entorno, los sistemas públicos de salud suelen cuadruplicar en presupuesto a los sistemas públicos de servicios sociales. Fácilmente, hablando de personal con titulación similar, el sueldo en el sistema sanitario puede ser el doble que el que se recibe en los servicios sociales. Aun con todo, no hay por qué cuestionar que el sistema sanitario necesite más recursos pero si cabe pensar que no es sólo o fundamentalmente por cuestión de recursos que hayamos fallado como sistema a la hora de prever por donde venían las amenazas a nuestra salud. Por otro lado, está claro que, pese a que llevamos, al menos, cuarenta años hablando de cómo colaborar entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, en la pandemia nos estamos entendiendo muy mal, con graves consecuencias. Quizá sea el momento, como en algunas parejas, de tomarnos un tiempo de separación y reflexión.

4. Por último, parece que en las situaciones de emergencia se trata de hacer, hacer y hacer. Sin embargo, posiblemente, en el mundo de la intervención social y los servicios sociales, esta pandemia nos ha atrapado en medio de una mudanza profunda en cuanto a la comprensión, instrumentación, articulación y realización de la propia intervención social y, en unas circunstancias de estas características, el aumento de los recursos o la inversión en procesos de carácter obsoleto puede resultar contraproducente. Seguramente, no nos queda más remedio que dedicar tiempo, a pesar de la emergencia o precisamente por ella, al estudio y la investigación para el prototipado y creación de nuevos programas y estructuras de intervención social; para la construcción, en el menor tiempo sea posible, de los nuevos servicios sociales que la situación que vivimos demanda.

Diagnóstico y evaluación como parte de la atención en servicios sociales: algunas pistas

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La intervención social (la prestación de servicios sociales), como cualquier actividad humana, se rige por el ciclo evaluación-planificación-ejecución. La evaluación es, o debe ser, evaluación de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones iniciales de la persona y de las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones una vez se ha ejecutado o realizado el cuidado, apoyo o intervención y, presumiblemente, se han logrado los resultados esperados (cambios en las disposiciones, necesidades, capacidades o situaciones). El diagnóstico y el pronóstico son dimensiones de la evaluación y, manejados a escala poblacional, permiten segmentar o estratificar a las personas y anticiparse proactiva y preventivamente en la intervención.

En los servicios sociales podemos utilizar diversos instrumentos para realizar esa evaluación. Son de especial interés las herramientas de diagnóstico social (del trabajo social) aunque, usualmente, desbordan con mucho el perímetro de lo que puede considerarse como objeto de los servicios sociales. Dicho de otra manera: normalmente, las herramientas de diagnóstico social (propuestas desde el trabajo social) suelen considerar aspectos (económicos, de salud, habitacionales, laborales, administrativos, formativos u otros) que corresponden a ámbitos sectoriales diferentes del de los servicios sociales.

Sea como fuere, en nuestros servicios sociales, el proceso de construcción, validación, utilización y mejora de instrumentos de diagnóstico y, en general, de evaluación (como parte fundamental y recurrente del proceso de atención a las personas) está en gran medida por hacer. A continuación se proponen algunas referencias o pistas sobre procesos próximos en los que se viene trabajando al respecto (clicando en cada un de los títulos se accede al documento):

BENÍTEZ, María del Carmen (2013): El informe socioeducativo: instrumento de la educación social.

CAMPAING TO END LONELINESS (2015): Measuring your impact on loneliness in later life.

CARDONA, Josefa y otras (2017): El diagnóstico relacional colaborativo.

CURY, Silvia y ARIAS, Andrés (2016): Hacia una definición actual del concepto de diagnóstico social.

DE MIGUEL, Francisco Javier (2018): Valoración social de dificultades y potencialidades para la intervención socioeducativa (páginas 1.049-1.068).

ELOSEGUI, Elena y otras (2014): Elección consensuada de una herramienta común de valoración sociosanitaria en la CAPV.

FUNDACIÓN AVEDIS DONABEDIAN (2015): Identificación de personas en situaciones de necesidades sociales complejas.

FUSTIER, Núria (2017): Los diagnósticos en el ámbito de la intervención individual y familiar.

GIMÉNEZ, Víctor y otras (2019): El diagnòstic social en els serveis socials bàsics.

GOBIERNO VASCO (2015): Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a malos tratos a personas mayores en la CAPV.

GOBIERNO VASCO (2017) : Actualización del Balora. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca.

IMSERSO (2004): Libro blanco. La valoración de la dependencia. Criterios y técnicas.

MANZANO, Miguel Ángel y otras (2019): La DS-DIBA: “Experiencia de la elaboración de una herramienta de valoración social y segmentación para los servicios sociales

ORMAETXEA, Izaskun (2017): Perfiles, apoyos, criterios.

PAÍS VASCO: Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

QUEREJETA, Miguel (2004): Discapacidad, dependencia. Unificación de criterios de valoración y clasificación.

RAYA, Esther y REAL, María Jesús (2020). Diseño e implementación de la Escala SiSo de medición de las situaciones de dificultad social. Herramienta para el diagnóstico en Trabajo Social.

REGALADO, Jonathan (2017): El informe social.

VERDUGO, Miguel Ángel y otras (2017): La escala integral de calidad de vida.

(Entrada desarrollada  partir de un trabajo realizado en el marco de una colaboración con Servicios Sociales Integrados y de cara a un encuentro con Suara. Con un agradecimiento y reconocimiento especial a Izaskun Ormaetxea y su equipo de IOK Laboratorio de Trabajo Social, por su prolongada, rigurosa e incansable labor de diseño, implementación y mejora en el asunto del que trata esta entrada.)

Coordenadas y trazadas para la acción comunitaria

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Javier Segura del Pozo es, posiblemente, en España, el principal conocedor y sistematizador de la acción comunitaria, campo de práctica y conocimiento que acaba de sufrir la pérdida de Marco Marchioni, uno de sus grandes promotores. A raíz de la publicación del último libro de este experto, médico, se produce la ocasión y la invitación para seguir dialogando sobre los conceptos y esquemas que nos permiten orientarnos en la materia. Se da la circunstancia, además, de que la trabajadora social Marta Ballester Frago (poseedora de una trayectoria y autora de una tesis doctoral de referencia, ambas, sobre trabajo comunitario) y sus compañeras de la cooperativa Marges acaban de publicar también un nuevo libro sobre el asunto.

Javier Segura del Pozo (como Maribel Pasarín o Rafa Cofiño) se ubica, fundamentalmente, en el ámbito sectorial de los servicios de salud, servicios, que, mediante su atención primaria, han sido pioneros y referentes en su proceso de territorialización, es decir, en su aproximación accesible a todas las personas en la cotidianeidad de su vida diaria. No parece casual, en todo caso, que se nos hable de comunidad y de acción comunitaria desde uno de los grandes pilares o ramas sectoriales de las políticas públicas, pues, hoy y aquí, pese a sus limitaciones y contradicciones, las terminales de proximidad de esas políticas públicas (sanitaria, urbanística, educativa, de servicios sociales, de seguridad, cultural, de vivienda, de movilidad, de empleo u otras) constituyen, habitualmente, los principales puntales de la acción comunitaria en nuestro entorno.

Del mismo modo que la atención, acción o intervención sanitaria apostó por hacerse más comunitaria (por realizarse, en mayor medida, en y con la comunidad) lo mismo ha sucedido (en mayor o menor medida y con avances y retrocesos) con la atención, acción o intervención cultural, social, policial, educativa, urbanística u otras. De modo que, en cada una de esas ramas sectoriales de la política pública, se puede hablar de una atención, acción o intervención comunitaria de carácter sectorial. Sin embargo, como nos recuerdan en sus escritos María José Aguilar o Ricard Gomà, también existen experiencias, procesos, estructuras y dinámicas de acción comunitaria de carácter intersectorial o transversal. Se trata de iniciativas o proyectos incardinados en las comunidades e impulsados por éstas, que potencian las relaciones comunitarias (primarias y secundarias) sin encuadrarse dentro de esos ámbitos sectoriales. Buscan, más bien, contribuir a la integración y gobernanza intersectorial y ser cauce para la gestión de la diversidad, típica de las políticas públicas transversales, que buscan la igualdad y la convivencia entre personas de diferentes sexos, edades, capacidades u orígenes, por ejemplo.

Javier Segura del Pozo señala que la perspectiva, mirada u orientación comunitaria (el enfoque comunitario, podría decirse también) debe permear toda la atención sanitaria y esa afirmación es válida para todos los ámbitos sectoriales. Por ejemplo, en el campo de los servicios sociales, es de aplicación el enfoque comunitario cuando un profesional de la intervención social está atendiendo a una persona en su despacho y cuando está participando, como tal profesional, en una fiesta multitudinaria en la plaza del barrio. Usando la propuesta conceptual del autor, por ejemplo, esa atención en el despacho sería una atención de encuadre individual (no se atiende a la persona encuadrada dentro de un grupo como sí lo hace, por ejemplo, una profesional de la educación que da clase en un aula) e intramural (pues la intervención se produce dentro del ámbito físico o espacial constituido por las instalaciones del propio servicio).

Si la obra de Javier Segura del Pozo nos ofrece una sugerente “cartografía comunitaria”, la de Marta Ballester, Anna Lite y Mònica Salas constituye una valiosa “brújula comunitaria”, en este caso, específicamente diseñada para organizaciones solidarias de intervención social. Entidades que, muchas veces, originariamente, fueron fruto, cauce y expresión de dinámicas comunitarias, pero que, frecuentemente, han ido perdiendo esa referencia e identidad relacional y territorial (y muchas son conscientes de ello). Sería una brújula para ayudarles a orientarse en la trazada de regreso a la comunidad, en su proceso de ser más (o de volver a ser) comunitarias.

(Los libros citados pueden descargarse gratuitamente aquí y aquí.)

Urbanismo y vivienda con enfoque comunitario: sí se puede

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Nuestro modelo social y económico contribuye notablemente a la segregación, polarización y vulnerabilidad territorial y, especialmente, a la privatización de la vivienda (por encima del 80% en propiedad, en nuestro entorno), con una concepción del espacio público como mero entorno de esa vivienda que, frecuentemente, más que por su valor de uso, es tomada en consideración por su valor de cambio y su carácter hereditario (en un país en el que la herencia recibida explica cerca del 80% de la situación económica de las personas). En un contexto así no sólo es el famoso 1% más rico el que se opone a políticas y dinámicas que promuevan una visión más social de la vivienda y una vertebración más equilibrada del territorio.

Esta estructura residencial, fruto y generadora de desigualdades económicas gravemente injustas, se revela también particularmente disfuncional para la gestión de las diversidades. Tiene un notable sesgo de género (Muxí, 2019) y perjudica, por ejemplo, también, a las personas que, al envejecer e ir perdiendo capacidad funcional y redes primarias, se encuentran frecuentemente en una vivienda inapropiada e inaccesible que, sin embargo, no resulta fácil modificar o cambiar por otra solución habitacional.

A la hora de buscar vías para la transformación de este estado de cosas, cabe decir que la situación de pandemia y emergencia, y especialmente las medidas de confinamiento, han contribuido a impulsar algunos debates y oportunidades de experimentación en torno a cuestiones como las siguientes:

  • La densidad y el formato convenientes para la vida humana, apareciendo como desaconsejables los establecimientos colectivos (como las residencias de mayores) pero siendo interesante la suficiente proximidad vecinal que opere como oportunidad de cuidado, ayuda, compañía y seguridad (Finney, 2019).
  • La necesaria complementariedad entre las potencialidades de la proximidad física y las conexiones que ofrece la tecnología digital con la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables), la robótica domiciliaria o las plataformas colaborativas (Acero y otras, 2019).
  • La deseable multifuncionalidad (los “usos mixtos” que reclamaba Jane Jacobs) de los barrios, grupos de manzanas (supermanzanas) o enclaves, que, si bien pueden especializarse en una función en el marco de la ciudad o el territorio, deben gozar de cierta autonomía o capacidad de autogestión en un modelo de economía (y vida) circular y sostenible.
  • La potencialidad de “terceros lugares” (en expresión de Ray Oldenburg) o de espacios híbridos o transicionales, simbolizados en este confinamiento, de forma especial, por los balcones, en los que, al salir a las ocho a aplaudir, nos encontrábamos de nuevas maneras con vecinas y vecinos (Yarker, 2019).

Balcones, rellanos, patios, lavanderías, comedores, lonjas o vestíbulos pueden pasar de verse como inservibles o privados a considerarse comunitarios. Del mismo modo, plazas, terrazas, calles o zonas verdes deben ser ocupados efectivamente por comunidades o lo serán por los coches o, en todo caso, por usos excluyentes y discriminatorios. Correlativamente habrá que explorar más las “tenencias intermedias” (Nasarre, 2020) en materia de vivienda. La comunidad está llamada a habitar su lugar en el mundo y las relaciones primarias y, en general, comunitarias, a ayudar a romper esa peligrosa dicotomía entre el espacio privatizado y vedado y ese espacio público inhóspito y deshumanizado que nadie siente como propio y apropiado (Gehl, 2016).

(Fragmento adaptado de un artículo de la revista Galde que puede descargarse completo aquí. También, próximamente, en galde.eu. Agradeciendo, entre otros, aprendizajes con Miren Vives, Elena Pérez Hoyos, Javier Burón, Arantza Leturiondo, Patxi Galarraga y María Arana.)

Diez perchas para la prevención de la soledad

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En una revisión de las prácticas de prevención o abordaje de la soledad no deseada y el aislamiento social, cabe identificar los siguientes como algunos tipos relevantes de proyectos o iniciativas en curso:

  • Acompañamiento (befriending) o compañía individualizada (presencial o telefónica) a personas que ya están en situación de soledad, con un enfoque paliativo o (re)habilitador.
  • Actividades de ocio dirigidas a segmentos poblacionales con mayor riesgo de encontrarse situación de soledad, que, en el caso de las personas mayores, se encuadrarían en la llamada economía plateada (silver economy).
  • Promoción de (y mediación para) experiencias de convivencia intergeneracional apoyadas en necesidades diversas las personas participantes (por ejemplo, alojamiento en unas y compañía en otras).
  • Campañas de sensibilización orientadas, singularmente, a desestigmatizar a determinados colectivos o situaciones (como vivir solo o sola) que suelen ser asociadas al aislamiento relacional.

Podríamos considerar las cuatro citadas como cuatro “perchas” de las que colgar una intervención en relación con la soledad. Se trataría de perchas reconocibles y reconocidas, relativamente fáciles de vincular en o con estrategias del de prevención o abordaje del aislamiento social. Cabría añadir una quinta, quizá transversal a las anteriores, que es la del voluntariado (juvenil o adulto) en el marco de un tercer sector colaborador con las administraciones públicas.

En el momento actual, por otro lado, cabría identificar otros cuatro tipos de actuaciones o intervenciones que, a primera vista, no sería tan fácil relacionar con la problemática de la soledad no deseada pero que, sin duda, pueden tener un importante impacto preventivo en ella. Se trata de propuestas que, quizá, puedan gozar en este momento, precisamente en este momento, de una ventana de oportunidad para su impulso y desarrollo:

  • Intervenciones de carácter arquitectónico y urbanístico favorecedoras de la igualdad y amigables con diferentes diversidades, especialmente aquellas que generan espacios híbridos o transicionales, intermedios e intermediarios entre el espacio (más) privado y el espacio (más) público y favorecedoras de las relaciones primarias y comunitarias.
  • Redes de apoyo mutuo y de relaciones horizontales de ayuda y colaboración de proximidad en las comunidades vecinales, barriales y territoriales.
  • Proyectos de humanización y comunitarización (deinstitutionalisation) en los cuidados dirigidos a personas con limitaciones funcionales o de prevención y reversión de su ingreso en establecimientos colectivos (residencias o asilos), desarrollando formas personalizadas e integradas de atención telemática, domiciliaria y en la comunidad.
  • Plataformas, redes y aplicaciones digitales para la comunicación telemática, las relaciones sociales, el procesamiento de grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial distribuida, la geolocalización, la construcción de comunidades, el Internet de las cosas y, en general, la complementación y el desarrollo de capacidades y conexiones de las personas.

Estas cuatro últimas perchas, quizá, hacen posible otra (la última), transversal a ellas, que sería la del empoderamiento de las personas potencial o efectivamente afectadas por las situaciones de soledad. Frente a modelos paternalistas, asimétricos, asistencialistas o infantilizadores o, directamente, frente el maltrato o la violencia dirigida a muchas personas, es necesaria la participación de las personas destinatarias últimas de los proyectos e intervenciones en su diseño, implementación y evaluación. Participación que, ya mismo, es una experiencia de comunidad frente al miedo de personas que nos sabemos vulnerables.

(Notas dentro del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de la economía solidaria Servicios Sociales Integrados.)

Derechos humanos y políticas públicas

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“Los derechos humanos existen porque satisfacen necesidades básicas” (Añón y García Añón, 2004) y, dentro del conjunto de los derechos humanos, se acepta convencionalmente la existencia de un subconjunto, el de los derechos sociales, que formarían parte de la denominada segunda generación de derechos humanos (posterior a la primera, que sería la de los derechos civiles y políticos). “La expresión derechos sociales pertenece sobre todo al ámbito de la filosofía política y jurídica y del derecho constitucional. En el derecho internacional, en cambio, suele ser más usual la fórmula derechos económicos, sociales y culturales” (Pisarello, 2007). En materia de derechos sociales suele citarse como referencia el artículo seminal de Thomas Humphrey Marshall “Ciudadanía y clase social” (1997) que recoge una conferencia dictada en 1949. Para Marshall la ciudadanía social (es decir, el disponer de derechos sociales) sería una suerte de tercer estadio que viene a perfeccionar los dos anteriores (los de la ciudadanía civil y la ciudadanía política).

En los gobiernos, en los diferentes niveles, se ha ido decantando una convención según la cual se clasifican las materias o asuntos (las políticas públicas) en diferentes grupos o esferas (Ramió y Salvador, 2019):

  • Algunas materias, relacionadas con los derechos civiles (como son el derecho a no ser detenido sin motivo legal o a ser juzgado con garantías) y políticos (como el derecho al sufragio activo y pasivo o a la formación de partidos), se consideran más netamente “políticas”, quizá porque son más clásicas, porque fueron asumidas con anterioridad como responsabilidad pública. La estructuración y relaciones de los poderes y administraciones públicas, la justicia o la seguridad (orden público) suelen estar en este grupo.
  • Otras reciben la consideración de “económicas”, posiblemente por la pujanza de la economía de mercado en la respuesta a las necesidades y demandas de la población de las que se ocupan estos Departamentos, en buena medida reguladores (industria, turismo, comercio o agricultura suelen estar en este grupo).
  • Hay otras materias que suelen ser consideradas “sociales” (Del Pino y Rubio, 2016) y suelen, por ejemplo, ser contabilizadas cuando se habla del “gasto social”. Tienden a referirse a necesidades, contingencias, riesgos o aspiraciones que solían depender anteriormente (o antiguamente), más bien, de las relaciones familiares y comunitarias y que los poderes públicos han ido asumiendo y desarrollando como responsabilidad propia hasta cierto punto (como salud, educación, interacción, ocupación, alojamiento o subsistencia).
  • También va cobrando fuerza una esfera “territorial” o, a veces, “ambiental”, diferenciada de las anteriores. O podría considerarse aparte la “cultural” (Martinell, 2020).

Posiblemente, en todo caso, estas divisiones se estén tambaleando y caben cada vez menos decisiones o medidas que se justifiquen o legitimen únicamente por su efecto en una de las dimensiones (económica, social, ambiental u otra) o en un único bien (como salud, seguridad, empleo, alimentación, participación u otros), sino que necesariamente han de ser sinérgicas, es decir, han de funcionar en el mayor número de registros a la vez (Mazzucato, 2019). Así, por ejemplo, las más clásicas medidas de política “social” de entrega de recursos para la subsistencia material (por ejemplo alimentos, o dinero para alimentos) deberán, a la vez, contribuir, por ejemplo, a cadenas alimentarias más sostenibles, al empoderamiento de las personas destinatarias y a la creación de empleo (Banerjee y Duflo, 2011).

Las políticas transversales de igualdad y diversidad (sexual, generacional, funcional o cultural), aunque suelen ser clasificadas como “sociales”, pueden y deben afectar a políticas sectoriales no incluidas entre las políticas sociales. Dicho de otro modo, es necesario que antes de proyectarse sobre los derechos sociales, las políticas de igualdad y atención a la diversidad lo hagan sobre los derechos civiles y políticos (Chahín y Morales, 2014), con regulaciones como, por ejemplo, las relacionadas con el derecho de asilo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la incapacitación y tutela de personas con determinadas discapacidades. En realidad, recordando los términos de Thomas Humphrey Marshall, cabe decir que difícilmente podrá avanzarse en el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía social si no está reconocida y puede ejercerse la ciudadanía civil y política (Alonso Seco, 2019).

Las aportaciones de Amartya Sen acerca del desarrollo humano insisten en la insuficiencia de los planteamientos que se fijan únicamente en los recursos de los que disponen o que pueden obtener las personas e invita a analizar las oportunidades reales, la libertad real, las capacidades reales que tienen para convertir dichos recursos en funcionamientos que consideran valiosos (Sen, 1992). Se trata de un enfoque que, como otros, nos ayuda a ver la interdependencia entre los diferentes tipos de derechos.

ALONSO SECO, José María (2019): La política social como realización de derechos sociales. Valencia, Tirant lo Blanch.

AÑÓN, María José y GARCÍA AÑÓN, José (2004): Lecciones de derechos sociales. Valencia, Tirant lo Blanch.

BANERJEE, Abhijit y DUFLO, Esther (2011): Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Bogotá, Taurus.

CHAHÍN, Alia y MORALES, Sonsoles (2014): Invertir en igualdad y no discriminación: hacia unas políticas públicas más eficientes e inclusivas. Madrid, Gobierno de España.

DEL PINO, Eloisa y RUBIO, María Josefa (edición) (2016): Los Estados de Bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid, Tecnos.

MARSHALL, Thomas Humphrey (1997): “Ciudadanía y clase social” en Reis, número 79/97, páginas 297-344.

MARTINELL, Alfons (edición) (2020): Cultura y desarrollo sostenible. Madrid, REDS.

MAZZUCATO, Mariana (2019): Governing missions in the European Union. Brussels. European Union.

PISARELLO, Gerardo (2007): Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción. Madrid, Trotta.

RAMIÓ, Carles y SALVADOR, Miquel (2019): Gobernanza social e inteligente. Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona.

SEN, Amartya (1992): Nuevo examen de la desigualdad. Madrid, Alianza Editorial.

(Notas al hilo de un trabajo con la Diputación de Barcelona. En la imagen, Thomas Humphrey Marshall.)

Redes vecinales y acción comunitaria, hoy y aquí

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La mayor parte de las personas, en nuestra sociedad, carecen de experiencia de acción comunitaria. Entienden, al parecer, que tienen obligaciones familiares y laborales o que han de cumplir las leyes pero, sin embargo, no han desarrollado una sensibilidad (quizá por haberse desenvuelto en contextos inapropiados para ello) acerca de sus responsabilidades comunitarias, acerca de su contribución a la parte de la sociedad que les es más próxima.

Las situaciones vividas a raíz de la pandemia de la covid-19 han representado para algunas personas un estímulo y ocasión para comprometerse libremente (sin estar obligadas por lazos de sangre, por la autoridad, por una membrecía, por un contrato o por un pago) con la suerte de vecinas y vecinos a quienes, hasta ahora, apenas conocían de vista. Al menos en eso, esta terrible enfermedad ha tenido algún efecto colateral positivo.

En el caso del barrio de San Francisco, en Bilbao, más de cien personas (la mayoría no vinculadas a ninguna organización asociativa barrial) hemos constituido una red para ofrecer y compartir cuidados y ayudas a cualquier persona del barrio que, de pronto, se encontrara sin poderse abastecer de alimentos o medicinas, sin poder atender a sus hijas o hijos o sin saber a quién acudir por cualquier otra necesidad sobrevenida en una situación tan inesperada y problemática.

En este caso no estamos hablando de una acción voluntaria organizada y encuadrada en el llamado tercer sector sino de aquella más primaria y espontánea que hunde sus raíces en la proximidad física, en la comunidad vecinal, en el espacio público compartido, en el territorio cotidiano. Ahí reside, posiblemente, su gran valor: en la confianza fraguada a fuego lento o en oportunidades especiales que surgen en esa vida diaria de nuestros cuerpos, que, por más que, gracias a las tecnologías digitales, puedan comunicarse telemáticamente de forma fácil y asequible, para muchas de sus vivencias, necesidades, afectos y actividades, siguen requiriendo de una relativa (o, a veces, absoluta) cercanía física.

Nuestro reto ahora es seguir regando esa frágil planta de la ayuda vecinal, de la colaboración comunitaria y que, como una enredadera de vida, cubra y comunique lo mejor posible todas las manzanas y todos los portales de nuestro barrio (creando barrionalismo). Que sea apoyo para las familias y unidades de convivencia y sus cuidados infantiles y de todo tipo Y que se siga anudando también con las organizaciones solidarias y movimientos vecinales existentes, con los servicios públicos de la zona (sociales y socioeducativos, sanitarios, habitacionales, educativos y preescolares, laborales, culturales, de protección o seguridad u otros) y con el comercio y la economía de proximidad (econonuestra), para seguir construyendo y disfrutando un barrio con futuro.

(La foto corresponde a nuestra primera reunión presencial, el 16 de junio de 2020. El texto es una adaptación del publicado en Irekita, de Cáritas Bizkaia. En los próximos días 18 y 22 de junio, de 18 a 20 horas, compartiremos experiencias en encuentros telemáticos organizados, respectivamente, por ISF y ASAD)

Sanatorios, manicomios, inclusas y asilos

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En el artículo 33 de la Instrucción General de Sanidad Pública aprobada por el Ministerio de Gobernación mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado del 22 de enero de 1904 se detallan cuatro tipos de establecimientos asistenciales que deberán ser objeto de inspección: sanatorios, manicomios, inclusas y asilos. Es una lista que puede resultar ilustrativa de opciones existentes en la época para la atención (entonces denominada benéfica) a diferentes necesidades o situaciones.

La mera evocación de esas palabras resulta ilustrativa de cómo la historia de los servicios educativos, sanitarios o sociales es, en buena medida, la historia de la superación de modelos de atención integral o total para amplios colectivos homogéneos (en términos de género, edad, capacidad u otras características o circunstancias de las personas) en régimen de internamiento (frecuentemente involuntario e indefinido) en instalaciones especiales en tanto que alejadas o diferenciadas de las fórmulas mayoritarias del habitar comunitario en el territorio.

Los avances y consensos de las ciencias y las tecnologías de la salud, de la educación o, en sentido amplio, sociales y el impulso intelectual, ético y político de muchas personas, organizaciones y movimientos han ido enviando al baúl de los recuerdos muchas de estas y otras denominaciones, formatos y dispositivos. Es posible que el hecho de que las personas ingresadas en residencias de mayores constituyan aproximadamente la mitad de las que han muerto por la pandemia de la covid-19 en nuestro entorno impulse el proceso conducente a la progresiva desaparición, también, de este tipo de centros, todavía tan habituales en nuestro panorama asistencial.

Sin embargo, no podemos desconocer que la prevención y reversión del ingreso o internamiento de personas en establecimientos colectivos ha requerido y va a requerir de decisiones y estrategias potentes, inteligentes y concertadas, especialmente, para construir, validar, visibilizar y escalar alternativas comunitarias atractivas, eficientes y sostenibles. Las tendencias innovadoras en los campos de la intervención social, la tecnología digital, la acción comunitaria, la arquitectura y el urbanismo u otros campos son prometedoras, pero las exigencias derivadas de la crisis de los cuidados y de la soledad no deseada son importantes y crecen rápidamente. Y también son poderosos y numerosos los agentes que apuestan por reforzar y prolongar (para cada persona y para la sociedad) la alternativa asilar.

Habrá que redoblar los esfuerzos, porque nos va mucha vida en ello.

¿Otros servicios sociales son posibles tras la emergencia general?

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(Adaptado de la revista Barcelona Societat.)

Nuestros sistemas públicos de servicios sociales, en estos últimos meses, han demostrado, en general, no merecer tal nombre. Además, nuestros pretendidos sistemas públicos de servicios sociales, en general, han mostrado un importante talón de Aquiles en sus prácticas de ingreso residencial (que, en todo caso, hubieran debido ser excepcionales desde hace mucho) y, muy posiblemente, van a mostrar otro crítico punto débil, terrible también, en su cada vez más insostenible e indeseable papel en la tramitación de algunos recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia (alimentación, vestido, suministros del hogar u otras).

Sin embargo, seguramente, nuestra sociedad no actuaría inteligentemente dejando a los servicios sociales terminar de desmembrarse, debilitarse y enquistarse, porque también es cierto que, en dicho ámbito, llevamos tiempo desarrollando prácticas y conocimientos que nos pueden hacer creíbles como proveedoras de cuidados, apoyos e intervenciones dirigidas a proteger y promover, a cuidar y complementar ,las capacidades individuales y comunitarias para la vida autónoma e interdependiente en los domicilios y vecindarios. Y necesitamos y podemos crear, fortalecer, articular y dinamizar una gama de programas que llene de contenido universal todo el agujero negro que hoy tenemos, por decirlo en pocas palabras, entre el hogar individual o familiar autosuficiente y la residencia colectiva al uso.

Quizá esta pandemia nos esté regalando algunas pistas para nuestra reinvención como servicios sociales, para la construcción de unos nuevos servicios sociales, una mezcla de viejas y nuevas ideas y herramientas que quizá empezamos a distinguir con alguna claridad en el torbellino en el que estamos inmersas. Como que lo que seamos algo habrá de tener que ver con nuestros cuerpos limitados y vulnerables que necesitan de otros cuerpos próximos. Como que esa proximidad entre los cuerpos habrá de ser razonablemente distribuida en el territorio. Como que necesitamos derechos individuales y también lazos primarios, vínculos familiares y comunitarios con personas comprometidas con nosotras. Como que necesitamos formar parte de comunidades de sentido con normas legítimas y asumidas. Como que necesitamos la protección de una capa digital de manejo inteligente y ético de nuestra información a nuestro favor. Como que precisamos territorios resilientes y sostenibles en los que vivir vidas económica, relacional y ambientalmente sostenibles. Como que necesitamos economías solidarias, públicas y privadas más equilibradas en sus pesos específicos y en sus capacidades instaladas, también en el sector de los servicios sociales. Como que la perspectiva de género e interseccional debe ser reivindicada y reforzada tras comprobar en la pandemia la acentuación de las inequidades de género (y otras) y el sacrificio de tantas mujeres sosteniendo la vida en los cuidados, en la limpieza, en los supermercados o en la sanidad.

Tendremos que evaluar la magnitud del daño reputacional con el que nuestros servicios sociales van a salir de esta emergencia. Tendremos que construir y comunicar cuál queremos que sea nuestro papel en las estrategias generales que los diferentes niveles de gobierno van a tener que articular. Tendremos, seguramente, que arriesgar, innovar, apostar. Necesitaremos, posiblemente, nuevas complicidades y liderazgos. Nadie lo va a tener fácil en los próximos tiempos. Los servicios sociales tampoco.

(De los párrafos finales de un artículo recientemente publicado en, cuya versión completa en castellano puede descargarse aquí y cuya versión en catalán está aquí.)

Los movimientos asociativos por las discapacidades en Bilbao (1979-2019)

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En la actualidad hablamos de discapacidades para referirnos a situaciones en las que se percibe un desajuste entre la operatividad funcional (por ejemplo, cognitiva, física o sensorial) de algunas personas y los requerimientos de determinados entornos físicos, residenciales, formativos, laborales, relacionales o de otra índole. Como veremos, en diferentes momentos y contextos son otras las denominaciones y concepciones que se han utilizado para comprender y nombrar a éstas que, ahora, habitualmente, llamamos discapacidades. Según los datos de prevalencia que se manejan habitualmente, podemos calcular que, en este momento, en Bilbao, habrá más de 30.000 personas con discapacidad.

Sea como fuere, en la historia de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades o el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad, diversos movimientos sociales creados por personas con discapacidad o por otras personas han sido y son relevantes. Y ello ha ocurrido, lógicamente, también en Bilbao. En ocasiones han sido movimientos de apoyo mutuo entre personas, en otras se han centrado en la prestación de servicios a personas con discapacidad o a sus familiares. También han tenido y tienen una dimensión de reivindicación y búsqueda de incidencia en las políticas y en la sociedad.

En términos generales, para todos estos movimientos asociativos, podría decirse que la década de los ochenta es una década de ir logrando visibilidad, reconocimiento y financiación, mientras que la década de los noventa es la de la consolidación de una serie de servicios profesionalizados financiados subvencionalmente con dinero público. En la década primera de este siglo, sobre todo de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, con el nombramiento de Juan María Aburto como Diputado de Acción Social, se estabiliza mediante convenios la financiación de estas organizaciones. Finalmente, la cuarta década podría ser la del impulso de la federación y confederación de estas organizaciones en el marco del llamado tercer sector de acción social.

La organización competencial del Sistema Vasco de Servicios Sociales hace que los servicios específicos para personas con discapacidad sean considerados servicios de responsabilidad foral. En ese contexto, posiblemente, estas entidades se han ido relacionando cada vez más con la Diputación Foral de Bizkaia y menos con el Ayuntamiento de Bilbao. Por otra parte, el hecho de que, cada vez más, se hayan profesionalizado y orientado a la prestación de servicios estandarizados les ha restado relación con otros movimientos asociativos en el territorio, en el espacio local.

Posiblemente, ahí residan algunos de los retos actuales de los movimientos asociativos de la discapacidad de Bilbao: por una parte, vincular su intervención, en mayor medida, con el territorio, con las oportunidades y apoyos existentes para la inclusión comunitaria las personas con discapacidad. Por otro lado, estaría el reto de recuperar la base asociativa y la capacidad reivindicativa, aliándose para ello con otros movimientos sociales menos profesionalizados e institucionalizados.

Si hiciéramos una lectura de la trayectoria de los movimientos asociativos relacionados con las discapacidades, cabría decir que han logrado un notable éxito en la atención específica a las personas con discapacidades pero que, en general, tienen todavía pendiente el logro de la inclusión social, el de la mayor contribución en la construcción de una comunidad de cuidados amigable y sostenible para todas las personas. En Bilbao podemos hablar de miles de personas asociadas que pagan sus cuotas a estas entidades, de cientos de profesionales trabajando con personas con discapacidad, de decenas de millones de dinero público dedicado a esta labor. Una historia y unos logros que podemos exhibir con orgullo, a la vez que nos aprestamos a reinventarnos para el futuro, para un futuro compartido de un Bilbao diverso e inclusivo.

(Fragmentos iniciales y finales de la versión extensa del capítulo correspondiente en el libro Bilbao, la gente, versión que puede descargarse completa aquí, en un PDF de 4 páginas.)