El tercer sector ante el reto de la pobreza

club of rome

En el ámbito de la intervención social en nuestro entorno, las organizaciones solidarias, las entidades del tercer sector, se entienden habitualmente dentro de un paradigma de la acción social que podríamos llamar subsidiario o residual, es decir, son concebidas en general como dispositivos para hacerse cargo en lo posible de situaciones o colectivos especiales, excepcionales, cuando otros mecanismos más poderosos fallan. Y en la evolución de los últimos cuarenta años van acostumbrándose a hacerlo, en buena medida, con la financiación y el control de las administraciones públicas.

En ese contexto, la pobreza sería vista como una de esas situaciones de las que pueden ocuparse las entidades de iniciativa social. A veces las personas pobres han sido contempladas como uno de esos colectivos especiales de los que se encarga, entre otros, el tercer sector y otras veces la pobreza se ha entendido como algo que les sucede a varios e incluso a muchos de esos colectivos. En los últimos veinte años, con la generalización del uso de los conceptos de exclusión e inclusión social, cabe decir que el término pobreza ha quedado más circunscrito a la carencia económica o monetaria más que a otras dimensiones de la exclusión social (como la relacional, la administrativa, la laboral, la residencial u otras).

Sin embargo, en estos mismos años también hemos ido elaborando la identidad del tercer sector y se ha planteado otra mirada no subsidiaria y no residual. Según esta visión lo que diferenciaría a las organizaciones solidarias de las públicas o de las mercantiles o incluso de las propias redes de relaciones primarias familiares y comunitarias es la lógica de sus transacciones o el tipo de medios que utilizan, de suerte que, resumiendo mucho, el intercambio sería lo propio del mercado, el derecho y la obligación lo propio del Estado, la reciprocidad lo propio de las relaciones primarias y la solidaridad lo propio de las entidades de iniciativa social.

Desde esta mirada, la aportación diferencial del tercer sector es más bien la de fortalecer la solidaridad con un fuerte acento de acción voluntaria y puede cuestionarse su posicionamiento originario según el cual sólo intervenía cuando algo fallaba en los mecanismos sociales considerados principales. Es un tercer sector, podemos decir, que llega a la mayoría de edad, que adquiere un estatuto superior, que intenta jugar en la primera división de los dispositivos para la integración y el funcionamiento de la sociedad. Emergiendo, genera interfaces interesantes y potentes con la comunidad, el mercado y los poderes públicos. Además, el avance del conocimiento (ético, científico, técnico y práctico) para la intervención social (y para otras ramas de la acción pro bienestar) nos lleva cada vez más a un enfoque universalista, preventivo, colaborativo, comunitario y basado en el conocimiento que casa mal con la vieja función subsidiaria y residual.

Por todo ello, diríamos que, hoy en día, nuestras organizaciones solidarias de acción social se mueven en una tensión entre las fuerzas que las llevan al rincón asistencialista (y además burocratizado por los requerimientos de control público) de hacer lo que otros agentes dejan sin hacer y los impulsos que les mueven hacia el universalismo preventivo, comunitario, colaborativo y productivo basado en el conocimiento. La pandemia y su abordaje seguramente han agudizado esta tensión, casi militarizando o bancarizando algunas organizaciones y revitalizando los dinamismos comunitarios, voluntarios, críticos y transformadores en otras.

Lo que sabemos hoy sobre las condiciones macroestructurales de generación y mantenimiento de las situaciones de pobreza económica y exclusión social (en una suerte de emergencia cronificada) aconseja esforzarse por superar el viejo posicionamiento focalizado y reactivo aunque, obviamente, las organizaciones solidarias tienen tradiciones y compromisos que no pueden abandonar de un día para otro. Se moverán por tanto entre la tarea de acompañar a las personas en situación de pobreza (u otras) sometidas a un régimen de segregación y estigmatización y la de anticipar en experiencias escalables de innovación social maquetas comunitarias de una sociedad sin pobreza ni exclusión. Y entre la capacidad de ayudar a los poderes públicos a cumplir algunas de sus obligaciones en situaciones de emergencia y la necesidad de ser un cauce significativo para la participación colaborativa de la ciudadanía crítica en el gobierno de la comunidad.

(Anticipo del contenido de la intervención en la mesa redonda que se retransmitirá hoy miércoles, 13 de octubre de 2021, a las 18 horas por el canal de YouTube del Capítulo Español del Club de Roma.)

Los tres entornos para la profesionalización y escalabilidad de los cuidados de larga duración

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A continuación se quiere presentar un boceto de un posible modelo simplificado (pero quizá de alguna utilidad) para analizar hipotéticas trayectorias de desarrollo y cualificación de los cuidados de larga duración en nuestro país. Se trata de un ejercicio bastante tentativo y especulativo en las categorías que utiliza y notablemente grosero e inexacto en muchas de las cantidades que se anotan, pero se espera que sirva para avanzar un paso en nuestros análisis y reflexiones. Veamos.

Las personas que, de forma más súbita o progresiva, se encuentran en la circunstancia de necesitar cuidados de cierta intensidad, que, previsiblemente, se van a prolongar en el tiempo, pueden encontrar apoyo, fundamentalmente en tres tipos de entorno o espacio: el que denominaremos comunitario, el que podemos llamar doméstico y el que referiríamos como institucionalizado. Los distinguiremos de esta manera (sin fijarnos ahora en situaciones híbridas, intermedias, borrosas u otras):

  1. La persona que está, fundamentalmente, en el espacio comunitario normalmente recibe los cuidados, principalmente, de alguien de su familia, con una diversidad de profesionales de apoyo en segundo plano.
  2. La persona que está, básicamente, en el entorno que llamamos doméstico suele tener como proveedora fundamental de cuidados a una persona a la que paga.
  3. La persona que ubicamos en el espacio institucionalizado recibe los cuidados en el marco de servicios profesionalizados (tendencialmente) residenciales.

Cada uno de esos tres espacios o entornos y sus posibles variantes presenta ventajas y desventajas (costes y beneficios, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas) en referencia a diversas cuestiones: disponibilidad de recursos, efectos en la calidad de vida de las personas, impacto de género u otros, sostenibilidad (de diferentes tipos) u otras. Nótese que la clasificación se intenta hacer desde la experiencia de la persona receptora de cuidados, sin reparar inicialmente en quién aporta los recursos (quién cubre los costes) y a quién benefician los impactos y retornos.

En números redondos y con brocha gorda, podríamos calcular que de las 100.000 personas que se encontrarían en Euskadi en la situación referida de necesitar cuidados de larga duración se repartirían, respectivamente, en los siguientes grupos: 65.000 (1), 15.000 (2) y 20.000 (3). En cuanto a los recursos profesionales y sus costes, de nuevo en forma impresionista, podríamos asumir que:

  • En el espacio 1 hay una variedad de perfiles profesionales con diferentes cualificaciones (pongamos que hay 5.000 en el equivalente en jornadas completas dedicadas a esta población) y podríamos estar pensando en un coste de esos servicios profesionales de 500 euros por persona destinataria y mes.
  • En el entorno 2 predominan las empleadas domésticas (digamos unas 15.000 personas) y podríamos calcular un coste de 1.000 euros por persona atendida y mes.
  • En el espacio 3 el perfil más frecuente es el de las gerocultoras (calculemos unas 10.000 personas) y podríamos estimar un coste de 2.000 euros por persona usuaria y mes.

Suponemos que todo esto nos da un coste anual en Euskadi de 1.000 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 300 millones (1), 200 millones (2) y 500 millones (1). Según diversas estimaciones, si hoy se estuviera dando respuesta a las necesidades existentes, estaríamos duplicando los costes. Y si calculamos que, en 2040, son 150.000 las personas que estarán necesitando cuidados de larga duración y se habrá producido, además, una disminución del cuidado primario (básicamente familiar) disponible del 50%, tendríamos unos costes en 2040 que cuadruplicarían los actuales, si se quisiera responder a las necesidades.

En función de la capacidad de los diferentes agentes implicados de aportar o lograr recursos y de introducir innovaciones técnicas, tecnológicas, organizativas, sociales y políticas en cada uno y en el conjunto de esos tres espacios, se producirá una evolución u otra de nuestros cuidados de larga duración e irá variando el peso y la configuración de cada uno de esos tres espacios u otros. El boceto de modelo ya sugiere que los esfuerzos y aportaciones tienen consecuencias y generan equilibrios o desequilibrios diferentes en función del espacio o entorno al que se dirijan. Y después viene la pregunta que hizo Josep Pla ante la iluminación de Nueva York: Y todo esto… ¿quién lo paga?

Bibliografía revisada

AYALA, Luis y otras (2021): Economía del Estado de bienestar. Cizur Menor, Aranzadi.

CACHÓN, Elena (2021): “Trabajo de cuidados: tensiones derivadas de su definición, sus regímenes de funcionamiento y su organización social” en Lex Social, número (11)1, páginas 558-586.

EUSTAT (2021): Panorama estadístico de las personas mayores. Vitoria-Gasteiz.

GEROKON (2021): El precio justo: lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial. Bilbao, CEAPS.

MARTÍNEZ, Rosa y otras (2018): La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales. Madrid, Fedea.

OPS (Organización Panamericana de la Salud)(2020): Atención integrada para las personas mayores (ICOPE). Guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria de salud. Washington.

SANCHO, Mayte y MARÍNEZ, Teresa (2020): Residencias de personas mayores: ¡no más de lo mismo! Valladolid, Junta de Castilla y León.

WHO (World Health Organisation) (2021): Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief. Geneva.

YANGUAS, Javier (2021): Pasos hacia una nueva vejez. Barcelona, Destino.

ZENTZUZ (2021): Cuidadoras migradas: el Sur de nuestro Norte. Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

(Reflexión realizada en el marco del proyecto #ZainLab, uno de cuyos encuentros recientes aparece en la fotografía.)

Economía de los cuidados: ¿hacia una tormenta perfecta?

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De forma aparentemente inexorable nos vamos adentrando en una tormenta perfecta por los cuidados de larga duración.

En nuestro país, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (pronto cumple quince años) puede ser vista como un momento significativo en el proceso de toma de conciencia política acerca de ese desafío y, específicamente, para la configuración de un mercado eficiente de cuidados profesionales, pretendidamente dominado por el sector público.

Sin embargo, la realidad social ha tomado claramente la delantera a la política y a la economía y nos encontramos ante un mercado de los cuidados notablemente disfuncional, entre otros factores, por dos:

  • Por la radical insuficiencia de la demanda solvente de cuidados profesionales (sea con dinero privado o público), especialmente en la medida en que el envejecimiento del envejecimiento genera cada vez con más frecuencia costes catastróficos para quienes necesitan cuidados (más difícilmente asumibles, además, en un contexto cultural de histórica desvalorización o devaluación de éstos).
  • Por la enorme y creciente dependencia de la inmigración para las labores de cuidado profesional, lo que somete a esta actividad a mayores riesgos de insuficiencia o  interrupción del flujo de personal cualificado disponible por causas como cambios en la política de inmigración (Vox gana peso al respecto), complicación de los papeleos, situaciones en los países de origen o, sin ir más lejos, una pandemia como la de la covid-19.

Además, estas disfunciones del mercado de los cuidados se producen junto a tensiones similares en nichos de actividad próximos como, por ejemplo, el de los servicios sanitarios, especialmente en la atención primaria de salud (con, por ejemplo, personal de enfermería que “tendría que estar” en los servicios sociales y está en los sanitarios u otro que “tendría que estar” en nuestra sanidad pública y se va a otros países), o en el de la vivienda (un bien que opera frecuentemente como refugio para la inversión en detrimento de su usabilidad).

Por último, estas tensiones, disfunciones, bloqueos y retrocesos en materia de cuidados se dan en un contexto económico y financiero convulso en el que el aumento de liquidez habilitada por las autoridades monetarias podría generar tensiones inflacionistas y los límites ecológicos pueden crear crecientes problemas por el lado de la oferta para un sistema económico basado en el crecimiento de las expectativas, de la demanda, de la productividad y de los recursos, sometido al triple desafío de la transición digital, ecológica y demográfica.

Quienes trabajamos en el desarrollo y la mejora de las políticas públicas de cuidados y para su mayor profesionalización e innovación tecnológica y social debemos incorporar en nuestros análisis estratégicos un conocimiento más profundo de estas dinámicas complejas (a veces endiabladas) de la economía de los cuidados y de la longevidad. Nuestra humanidad se juega mucho en ello en estos momentos y, por ello, no está de más recordar aquella frase que utilizó en su día Bill Clinton: es la economía…

(Reflexiones en el marco del proyecto #ZainLab. En la fotografía una gasolinera británica desabastecida por la falta de transportistas de otros países tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.)

Glosario en intervención social

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Acción comunitaria: Intervención dirigida a poblaciones o colectividades y orientada a su configuración, participación, empoderamiento, organización y desarrollo como comunidades.

Acompañamiento: Tipo, forma o metodología de intervención que se caracteriza por su personalización y continuidad y que se orienta, fundamentalmente, al empoderamiento de la persona.

Actividades de la vida diaria: Son las actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

Aislamiento social: Exclusión relacional. Es la situación objetiva de limitación de relaciones primarias de una persona.

Amigabilidad: Cualidad de los entornos, políticas, servicios, actividades, comunidades, espacios, localidades o estructuras que facilita el funcionamiento y la vida de determinadas personas o de una diversidad de personas. Así hablamos de una política amigable con las personas mayores o de un hotel amigable con las personas homosexuales.

Asistencia: Actuación en virtud de la cual se obtiene la satisfacción de una necesidad más bien primaria, básica o fundamental de una persona. Asistencia, por ejemplo, es lo que hace una o un asistente personal. Cuando hacemos asistencia de un modo que reforzamos o incrementamos la dependencia (funcional o de otra índole) de la persona, entonces estamos siendo asistencialistas.

Atención centrada en la persona: Enfoque de la intervención social que hace énfasis en la elaboración y realización de un plan de intervención basado en un diagnóstico específico de la persona y consensuado con ella sobre la base de su autonomía moral y proyecto de vida.

Atención comunitaria: Prestación de servicios en entornos físicos y humanos de carácter relacional y comunitario. Se opone a la denominada institucionalización.

Atención continuada: Aquella intervención con una persona que no se interrumpe o se ve distorsionada por cambios de personal, tránsitos de un nivel o sistema a otro o por deficiencias de la gestión de los servicios.

Atención especializada: O secundaria. En la medida en que determinados servicios se prestan a menor número de personas se tienen que colocar más lejos del domicilio de la gente (o atender a un número menor de ellas). Las y los profesionales han de saber más sobre algo (una situación, un instrumento u otras cosas) que beneficia a menos personas: eso es especializarse.

(Para continuar leyendo y disponer del glosario completo en un PDF de 7 páginas, se puede clicar de forma abierta y gratuita aquí. El glosario se ha elaborado a partir de un documento preparado para Servicios Sociales Integrados.)

Profesionales de los servicios sociales: agentes de la comunidad en relación de ayuda

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Posiblemente las mejores prácticas profesionales en los peores momentos de la pandemia que estamos viviendo se han producido cuando el personal de los servicios sociales se ha conectado con la emoción de sentirse parte de una comunidad atacada por el virus y con su misión de ofrecer cuidados y apoyos personalizados y relacionales, flexibilizando o re(in)ventando las estructuras y procedimientos establecidos y articulando la diversidad de recursos y capacidades disponibles.

La pandemia, seguramente, ha puesto de manifiesto, a veces de forma dramática, las nocivas consecuencias del error de aquellos servicios sociales en los que la relación de ayuda había sido reemplazada por un intento o remedo de ayudas sin relación. Quienes, abandonando su profesionalidad, se habían convertido en dispensadores burocratizados de dinero, vales, certificados o derivaciones o quienes pretendían abordar las limitaciones de autonomía y relaciones mediante la institucionalización de las personas se vieron ante el espejo de su ineficiencia, de su yatrogenia y, en definitiva, de su inviabilidad para el futuro de nuestros servicios sociales.

La pandemia, quizá, ha contribuido a desbaratar las fantasías de omnipotencia de quienes pretendían unos servicios sociales capaces de responder a cualquier necesidad de las personas (desde la comida a la ocupación, desde el alojamiento al cuidado), así como las fantasías de control de quienes querían, en el siglo XXI, seguir funcionando, en el fondo, con la lógica y la metodología del padrón de beneficencia o de la institución total.

Sin embargo, en muchos lugres, los servicios sociales, como otros servicios de bienestar de proximidad, se han revelado, una vez más, como activos comunitarios, es decir, como infraestructuras, soportes, instrumentos o dispositivos fundamentales para comunidades resilientes de personas interdependientes, muchas de las cuales, en diferentes momentos, requerimos cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que complementen y potencien nuestra autonomía para las actividades y decisiones de la vida diaria y nuestras relaciones primarias de carácter familiar y comunitario, donde reside la aportación nuclear de valor de los servicios sociales.

En unos servicios sociales concebidos y posicionados de esta manera, obviamente, además de las prestaciones o intervenciones relacionales y técnicas propias, se podrán proporcionar, complementariamente, ingresos económicos para las necesidades de subsistencia material, soluciones de alojamiento u otras. Del mismo modo que en otras ramas de servicios, como la justicia, la sanidad o la vivienda, puede haber profesionales de la intervención social que complementan la labor de las y los profesionales característicos de cada uno de esos ámbitos.

La intervención profesional de los servicios sociales en clave de personalización y comunidad debe fortalecer las capacidades y los lazos de las personas, haciendo más improbable que éstas sean etiquetadas, desempoderadas y alejadas de sus entornos elegidos. Y necesita, hoy más que nunca, de una apuesta política y presupuestaria por la ciudadanía de todas las personas en todas sus diversidades y por comunidades densas y colaborativas de nuevo cuño que permitan superar los excesos y disfunciones de las dinámicas de individualización. Siempre construyendo (y apoyándose en) el conocimiento, la tecnología y la innovación.

(Ideas compartidas en diferentes sesiones realizadas la semana pasada con personal de los servicios sociales en la comarca de La Garrotxa, en la que está el volcán de Santa Margarita, que aparece en la foto. Con un especial agradecimiento a Elena Masanas por su acogida y contraste del texto.)

Entramados de servicios profesionales de bienestar: la pelea

Banyoles

Estamos pensando en escuelas, centros de salud, servicios sociales, centros cívicos, servicios de empleo, actividades culturales, servicios de seguridad, actividades deportivas, servicios de transporte, promoción económica y otros en cuya provisión tienen especial peso los gobiernos y administraciones públicas. Forman esos entramados profesionalizados de proximidad que han ido generándose en los Estados de bienestar.

Sentimos que son importantes para nuestra calidad de vida y para la equidad y la cohesión social. Para la sostenibilidad social. Y no podemos sino entenderlos y defenderlos en clave de derechos universales, de innovación tecnológica permanente basada en el conocimiento, de responsabilidad pública, de colaboración público-comunitaria y de integración vertical (ascendiendo por los niveles jerárquicos e institucionales-territoriales) y horizontal (entre las diferentes ramas, sectores o pilares mencionados).

Para estas servidoras y servidores públicos a pie de calle (en expresión de Michael Lipsky) la referencia fundamental ha de ser la de las necesidades de las personas (sin olvidar sus expectativas) y es crucial que identifiquen, en cada una de las ramas, su bien protegible y que lo hagan en términos positivos y universales, es decir, de una forma que pueda resultar atractiva para toda la población. Como agentes de la responsabilidad pública saben que el Estado es uno de los mecanismos mediante los que las personas interdependientes satisfacen necesidades (otros son el dinero o las familias) y que el conjunto de mecanismos configuran sistemas o contratos sociales.

Esos sistemas o contratos sociales pueden ir evolucionando, adaptándose, mejorando y transformándose pero, en ocasiones, entran en crisis, sufren un colapso y se reinician. Es decir, sufren un momento catastrófico, una fuerte disrupción: guerras, catástrofes naturales, hundimiento de sectores de actividad, pandemias, determinados cambios políticos o eventos similares. En ocasiones hay síntomas que pueden avisarnos de que podemos estar acercándonos a un reinicio radical: por ejemplo dinámicas de más de lo mismo en las que cada intento que se realiza por mejorar una situación contribuye a empeorarla.

Las y los profesionales de los servicios de bienestar debemos ser conscientes de que no podemos descartar algún tipo de reinicio que nos borre del territorio o que nos reduzca a la mínima expresión y nos enquiste. No hace más de cuatro décadas que nuestro entramado organizativo es reconocible y son poderosas las miradas, las visiones y las estrategias para las que sobramos y estorbamos. Por ello, debemos redoblar nuestro compromiso profesional con la población, apostar por el conocimiento especializado, buscar mayor productividad, estructurarnos con un orden que facilite itinerarios eficientes para todas las personas y participar activa y constructivamente en la reinvención de las comunidades. Además, lógicamente, de exigir cuando proceda los recursos y estructuras necesarias para trabajar bien.

En ese contexto resultan imprescindibles unos servicios sociales relacionales que giren hacia la prevención. Que, reforzando su aportación de valor específica como cuidados, apoyos e intervenciones para la autonomía funcional cotidiana y la integración familiar y comunitaria, contribuyan a esa integración, calidad, proximidad y universalidad que fortalecerá y hará sostenibles nuestros entramados de servicios profesionales de bienestar.

(Ideas principales compartidas ayer en Banyoles, cuyo lago aparece en la foto. Se ofrecen como punto de partida para hoy y mañana en La Garrotxa.)

Líneas de reforma en políticas de garantía de ingresos

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Los tiempos pandémicos y pospandémicos nos exigen seguramente pisar el acelerador e intensificar nuestros esfuerzos en una triple línea de cobertura universal, incentivación activadora y simplificación facilitadora de las políticas autonómicas de garantía de ingresos. Lo que comenzó en los años ochenta siendo un programa de última red para situaciones graves de marginación y exclusión a cargo de los servicios sociales (con prestaciones económicas y prestaciones técnicas) ha ido evolucionando tendencialmente hacia un dispositivo universal de garantía última de ingresos para aquellas necesidades que los poderes públicos no cubren en especie (como sí hacen en salud o educación, por ejemplo).

La amplitud, intensidad, persistencia, aleatoriedad y virulencia con la que la pandemia y su abordaje han afectado y siguen afectando a los ingresos para las necesidades de subsistencia (como alimentación, vestido o suministros del hogar) de tantas personas hace ver con mucha mayor claridad (si hiciera falta) la necesidad de un aseguramiento público flexible y ágil de que nadie quedará sin poder cubrir, en última instancia, sus necesidades de subsistencia y, a la vez, un diseño tal que esa garantía de cobertura de lo necesario para la supervivencia se realicé estimulando el ejercicio de otros derechos sociales (como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación o a los cuidados).

De hecho, el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, en su exposición de motivos, aboga por “un modelo de política social construido sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias evitando redundancias, contradicciones e inequidades”.

La pandemia, en realidad, no sólo imprime aceleración a esta necesidad y oportunidad de integración entre fiscalidad y garantía de ingresos sino que, al propulsar la digitalización de los flujos financieros y al propiciar una transformación radical de los arreglos de las políticas monetarias y de los conceptos de déficit, deuda y similares, crea un contexto favorable para esa visión integral de la Hacienda pública. La digitalización, por cierto, ofrece posibilidades inéditas incluso de reconceptualizar el dinero en la medida, por ejemplo, que puede fácilmente ser dinero que sólo pueda gastarse para determinados fines. Las posibilidades de automatización y trazabilidad de los flujos de dinero han de ser aprovechadas.

En ese contexto parece procedente que las reformas de los sistemas autonómicos de garantía de ingresos se configuren con la capacidad, interfaces y flexibilidad adecuadas para interoperar e integrarse mejor verticalmente con el Ingreso Mínimo Vital y con las políticas fiscales y horizontalmente con la política de vivienda y con otras. De igual modo, para lograr los deseados incentivos y sinergias inclusivas, la relación entre las políticas de garantía de ingresos y otras habrá de ir en la línea de relajar condicionalidades y controles que no han demostrado ser eficaces ni eficientes.

(Fragmento adaptado de una entrada que puede encontrarse completa hoy en el blog Llei d’Engel.)

La participación social de las personas mayores

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Resumiéndolo en muy pocas palabras y sin matices, diríamos que la oferta de las instituciones para la participación social de las personas mayores se comprende, fundamentalmente, desde el paradigma del envejecimiento activo, que podría ser visto como la propuesta que se ha venido haciendo desde las Administraciones del bienestar a las llamadas clases pasivas con un cierto paternalismo y clientelismo en algunas ocasiones. Desde el punto de vista institucional ha venido siendo y es una realidad confusa, ya que, frecuentemente (como otras organizaciones del tercer sector), aunque tiene una forma jurídica de asociación autogobernada, su funcionamiento y financiación dependen en gran medida del sector público. Por último, como parte que son de una sociedad patriarcal, hemos de reconocer que estas iniciativas no han estado exentas de machismo en su funcionamiento y conducción.

La crisis de este modelo puede deberse a tres factores principales:

  • La revolución de la longevidad, que supone, conlleva y determina una gran diversificación de perfiles dentro del segmento de las personas mayores: diferentes edades y también capacidades e intereses.
  • El proceso de individualización, que ha transformado y sigue transformando fuertemente los entramados familiares y comunitarios, desvinculando a las personas, mercantilizando sus relaciones y diversificando sus trayectorias vitales.
  • La emergencia de la soledad y de la crisis de los cuidados como problema social y marco de referencia para las preocupaciones de las personas mayores y las políticas en relación con ellas.

En ese contexto cabe decir que nuestros tradicionales centros sociales de personas mayores se quedan un poco en tierra de nadie: demasiado asistenciales para algunas personas y contextos y demasiado poco para otras, por decirlo con una frase sintética y de brocha gorda.

Y, en todo caso, seguramente hemos de aceptar que la oferta para la participación social de las personas mayores, como otros dispositivos sociales coetáneos, está atravesada por fuertes tensiones que, hoy y aquí, se dan entre las generaciones, entre Administración y ciudadanía, entre profesionales y legos, entre tecnología y humanidad y, en definitiva, entre humanidad y entorno. Tensiones que parecen tener las características de los dolores de parto que esperamos que alumbren nueva vida pero que, en el mientras tanto, producen sufrimiento y zozobra. Tensiones que hacen que frecuentemente nuestras decisiones, movimientos o iniciativas desencadenen efectos opuestos a los deseados y agraven los problemas que queríamos resolver, metiéndonos en espirales de burocratización, desmotivación, desorientación, alienación o destrucción. Tensiones que, en todo caso, nos estimulan para seguir pensando, aprendiendo, disfrutando, trabajando y compartiendo.

(Fragmento adaptado del texto preparado para el curso de verano organizado por Euskofederpen para el próximo miércoles, día en el que se colgará en esta web el documento completo. En la foto, tomada de Deia, Txema Odriozola, líder de Euskofederpen en los pasados años.)

Servicios sociales y pacto intergeneracional

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Obviamente, el pacto intergeneracional en nuestra sociedad no está escrito en ningún lugar específico. Sin embargo, podemos identificarlo y describirlo fijándonos, por ejemplo, en las leyes, en las políticas públicas o en los comportamientos de las personas, tanto en el seno de las familias como en el conjunto de la sociedad. Ese contrato social intergeneracional nos dirá qué se espera de cada generación y qué puede esperar cada generación, en cada momento y a lo largo del tiempo. Por definición, el pacto intergeneracional ha de aspirar a perdurar.

Para empezar, en el interior de las familias existe una obligación legal (además de moral) de atención y, específicamente, de cuidado tanto descendente como ascendente, en una suerte de reciprocidad diferida o diacrónica. Ahora bien, no cabe duda de que en este momento se nos plantea con urgencia el desafío de reinterpretar esa obligación superando los sesgos y desequilibrios de género, de clase, de origen y de capacidad con los que se ha ejercido, más onerosos e insostenibles cada día que pasa.

En ese momento, desde las familias, se mira al conjunto de la sociedad y ésta, seguramente, se encuentra ante un riesgo de conflicto intergeneracional que lleve a juegos de suma cero o de suma negativa en la medida en que, tanto en el interior de las familias como en el conjunto de la sociedad, cada generación haga un uso de sus prerrogativas que vaya en detrimento de las otras. Específicamente, hoy y aquí, la generación del baby boom, sin duda, tiene una importante responsabilidad que no sería inteligente ni justo intentar, sin más, endosar a las siguientes.

Desde algunos foros y focos de la política social, la respuesta que se intenta articular es la de un Estado de bienestar más predistributivo: frente a una concepción clásica del sistema de protección social que actúa, básicamente, cuando las familias y los mercados ya han dado todo lo que pueden de sí, un enfoque innovador de la inversión social que pretende regular (e impactar cuanto antes en) la formación y funcionamiento de las capacidades individuales y colectivas.

En ese marco, los servicios sociales constituyen seguramente una pieza clave, fundamentalmente, porque tienen el encargo histórico de hacerse cargo por defecto de aquellos cuidados infantiles o de larga duración que desbordan las capacidades de las familias, seguramente el problema social más emergente en estos momentos. El carácter residual y reactivo de nuestros servicios sociales resulta cada vez más disfuncional y está desencadenando crecientes ineficiencias en las propias familias y en otros sistemas sociales. Por ello, la innovación tecnológica y social y la apuesta política y presupuestaria deben ofrecer pistas convincentes de futuro cuanto antes.

(Sobre este asunto se hablará hoy y mañana en un curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa Fundazioa. En la fotografía, tomada de la web Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Máximo Goikoetxea, ya fallecido, impulsor de Aubixa y del pacto intergeneracional. La presentación-esquema de 3 diapositivas que se utilizará se puede descargar aquí y el texto de referencia, de 10 páginas, se encuentra aquí.)

El cráter de los cuidados

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En la superficie terrestre hablamos de cráteres para referirnos a huecos, a espacios vacíos que aparecen por erupciones desde el interior de la tierra, por impactos externos, por movimientos de tierras y, en ocasiones, por razones desconocidas. La metáfora del cráter quizá nos sirva para comprender mejor el momento actual en materia de cuidados profesionales de larga duración.

No cabe duda de que el tejido profesional relacionado con los cuidados está tensionado y parece seguro que se va a tensionar más, mucho más. El problema es cuantitativo (necesitamos más personas de perfiles o cualificaciones que ya existen en gran medida) y cualitativo (seguramente vamos a necesitar nuevos perfiles o cualificaciones). La trama profesional de los cuidados se está rompiendo por varios lados, se están abriendo boquetes cuya dinámica y dimensionamiento nos resulta difícil de conocer y prever. Todo un reto para nuestras políticas de empleo.

Desde diferentes zonas de terreno más o menos firme cercanas al cráter, se ofrecen oportunidades para hacer frente a la situación (aunque también se perciben riesgos de ser engullidas por el cráter). Por ejemplo:

  • Desde diferentes tipos o programas de servicios sociales, como, por ejemplo, la orientación personalizada, la intervención familiar, la dinamización comunitaria, el llamado Servicio de Ayuda a Domicilio, la asistencia personal o los diferentes centros residenciales y sus profesionales más reconocibles (como las llamadas auxiliares o profesionales con perfil técnico con o sin grado universitario, mayor o menor).
  • Desde los servicios y profesiones sanitarias (con formación universitaria o profesional de diferentes grados).
  • Desde el servicio doméstico, con sus alternativas de dignificación, profesionalización o empresarización.
  • Desde el mundo del ocio, el deporte, el turismo o la cultura, con su capacidad de hacerse más accesible, amigable e inclusivo.
  • Desde el ámbito inmobiliario (perfiles profesionales que acompañan y ayudan a las personas en diferentes momentos de su itinerario residencial: desde el diseño de soluciones habitacionales más o menos compartidas o asistidas hasta el día a día de las comunidades vecinales).

Hoy y aquí no tenemos un plan para la reconstrucción, no sabemos cómo vamos a cubrir el cráter, cuántos y qué profesionales estarán en esta economía de los cuidados y la longevidad. Y, seguramente, es difícil avanzar porque las decisiones políticas sobre organización social de los cuidados interactúan con otras sobre, por ejemplo, fiscalidad o inmigración y, en definitiva, con grandes arreglos familiares, comunitarios y sociales de manejo de la diversidad de género, generacional, funcional y cultural.

Más aún, seguramente en los cuidados nos jugamos una frontera de lo humano: ¿Hasta dónde la autonomía? ¿Y las familias? ¿Hasta dónde la profesionalización? ¿Y las comunidades? ¿Y las tecnologías? ¿Y qué familias? ¿Qué profesionales? ¿Qué comunidades? ¿Qué tecnologías? ¿Qué sociedad?

El cráter de los cuidados, sin duda, está haciéndose más grande en la pandemia. Cada día se traga más vidas y haciendas. Y sabemos que no se trata de un problema coyuntural y pasajero sino de la expresión de una falla estructural de la organización social de nuestro capitalismo patriarcal del bienestar. Seguramente no sobra casi nadie, casi ninguno de los agentes implicados hoy en el mundo de los cuidados. Y todos ellos deberán poder transitar bien y con apoyos desde donde están hoy hacia nuevas posiciones. Pero todos ellos están llamados a elevar la mirada para construir estrategias compartidas y poder lograr que, más pronto que tarde, donde hoy se abre un cráter construyamos el terreno seguro y fértil de una sociedad cuidadora.

(Reflexiones en el marco del proyecto #ZainLab.)