Ensamblando las políticas de empleo

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El primer reto de las políticas de empleo es lograr una definición y visión compartida acerca del bien que protegen y promueven. ¿En qué sentido se ocupan del empleo? ¿O sólo se ocupan del desempleo? ¿Se ocupan nada más de la cantidad de empleos disponibles o también de sus características? ¿Se trata de influir en la creación de empleo por parte del sistema económico o también de crear directamente empleo? Y por cierto: ¿en qué medida y circunstancias interesa invertir en la creación de empleo o más bien usar esos recursos para garantizar ingresos u otros bienes?

En este momento, una de las disyuntivas de las políticas de empleo (y de las políticas públicas en general) tiene que ver con los cuidados: ¿en qué medida y de qué manera transformar en empleo el trabajo de cuidados realizado anteriormente en el seno de las relaciones primarias gratuitas y de reciprocidad? Y, más en general, ¿qué actividades de nuestra vida queremos que sean profesionales y remuneradas y cuáles no? Por otra parte, ¿en qué medida y en qué sentido queremos tratar el trabajo como una mercancía que se compra y se vende en un mercado (el denominado “mercado de trabajo”)? Un nuevo contrato social requiere, seguramente, nuevos arreglos de profesionalización y desmercantilización.

Los servicios públicos de empleo (con sus actividades de evaluación, diagnóstico, orientación, formación, intermediación y otras) son una pieza fundamental de las políticas de empleo y deben fortalecer su capacidad de prescripción. Sin embargo, no cabe duda de que, a diferentes escalas, son muchos más los agentes con intereses y efectos (más directos o indirectos) en el empleo. Los agentes sociales tradicionales (emprendedoras y propietarias de empresas, por un lado, y trabajadoras, por otro, directamente o a través de sus representantes patronales y sindicales) son fundamentales, pero hay que considerar a las diversas administraciones, a agentes del conocimiento, a otras políticas sectoriales o transversales, al tercer sector, a la ciudadanía consumidora y a otros. En los diferentes niveles (desde el barrio o pueblo hasta el mundo) los ecosistemas de agentes deben configurarse de manera ordenada y eficiente y también flexible y dinámica.

En la pandemia y después, las políticas de empleo tienen un doble desafío. Por una parte, fortalecer técnica, organizativa y estratégicamente su núcleo duro de actividades y prestaciones centradas en la persona, que cada individuo puede reclamar como derecho subjetivo. Por otra, impulsar procesos de gobernanza compleja de la reconstrucción, apostando por sectores estratégicos enraizados en las lógicas del territorio y conectados con las dinámicas globales y facilitando las difíciles y arriesgadas transiciones que conllevan. Enarbolando y honrando siempre la bandera del empleo significativo, digno, cualificado, suficiente, productivo, satisfactorio, inclusivo y sostenible.

(Notas tras el reciente Congreso sobre el Sistema Vasco de Empleo, organizado recientemente por el Gobierno Vasco.)

Transversalidad, diversidad, acción comunitaria e interseccionalidad

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Los colectivos poblacionales que se han autoidentificado y empoderado; que han ido generando reivindicaciones, intervenciones y políticas transversales y que han reivindicado e impulsado la igualdad, la universalidad, la inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos sectoriales (como educación, vivienda o empleo) han ido adoptando el discurso de la diversidad, en el cual se identifica un elemento en relación con el cual se dan múltiples diferencias, como, por ejemplo, sexo, edad, capacidad u origen (Novy y Weinzierl, 2020).

En la sociedad industrial heteropatriarcal, el mecanismo por excelencia para la gestión de la diversidad era la familia. La diversidad de género era reducida a la diferencia entre los hombres y las mujeres heterosexuales, cuyo encuentro se producía en el matrimonio para toda la vida y en la división sexual del trabajo. División sexual del trabajo que, mediante la dependencia económica de las mujeres y su obligada asunción del trabajo de cuidados, constituía la herramienta para la gestión de la diversidad generacional y funcional, en la medida en que las mujeres adultas se ocupaban de las criaturas o de las personas (habitualmente mayores) que no podían valerse por sí mismas (Pérez-Orozco, 2014). En un contexto en el que apenas se reconocía la diversidad cultural.

Sin embargo, diversos cambios y luchas sociales nos van conduciendo a sociedades en las que se incrementa la diversidad de género, generacional, funcional y cultural y en las que, obviamente, la cambiante familia no puede ser vista como el contenedor para el manejo de dicha diversidad. Hay que explorar, entonces, entre otras, las virtualidades de la comunidad y de la acción comunitaria (Baldwin y King, 2018).

El concepto de comunidad, por oposición al de sociedad, nos habla de redes de relaciones primarias (como las familiares, de amistad, de convivencia o vecinales) o, en todo caso, de especial afinidad o proximidad. La interdependencia de las personas a través de los vínculos comunitarios en los territorios es objeto de especial interés en el contexto de un cambio de época (Gomá, 2016) en el que fenómenos como la transición demográfica, la globalización económica, la segregación territorial, la revolución tecnológica y la emergencia ambiental obligan a las políticas públicas y, en especial, a las políticas sociales a buscar innovaciones que posibiliten la sostenibilidad de la vida en claves de equidad en los cuidados, economía circular y kilómetro cero (Max-Neef, 1998).

Todas las políticas sectoriales que proveen bienes y servicios de primera necesidad deben contemplar respuestas ágiles para la necesidad o urgencia individual (habitacional, económica, energética, sanitaria o de movilidad, por ejemplo) pero en todas ellas se sabe que hay que ir aguas arriba, hacia las causas y hacia las causas de las causas, en abordajes colectivos, comunitarios, preventivos, poblacionales y ecológicos que tienden a ser menos sectoriales y más intersectoriales y a encontrarse e hibridarse con las políticas transversales (Zapata-Barbero, 2009) y la acción comunitaria general o integral.

En la protección y promoción de cualquiera de los grandes bienes de los que se ocupan las políticas sectoriales cabe identificar ese continuo que va desde la asistencia o atención, más individualizada o personalizada, más sectorial, a las personas o las familias hasta esos abordajes más poblacionales, preventivos, comunitarios, ecológicos, estructurales y transformadores. Más intersectoriales y transversales. Cada vez que tememos que el coronavirus sature las UCI, corremos aguas arriba y damos normas generales de comportamiento en la convivencia comunitaria.

La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a percibir los paralelismos y concomitancias entre los procesos de discriminación, maltrato y violencia de los que son objeto miembros de diferentes colectivos con diversas señas de identidad y entre sus luchas por la igualdad en diversidad. Y nos ayuda a dejar de percibir esos colectivos como inmutables compartimentos estancos (Ayuntamiento de Terrassa, 2019).

Referencias

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA (2019): Guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales.

BALDWIN, Cathy y KING, Robert (2018): Social sustainability, climate resilience and community-based urban development. What about the people? New York, Routledge.

GOMÁ, Ricard (2016): “Exclusión y políticas públicas: la construcción colectiva de la inclusión social” en MORATA, Txus (coordinación): Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid, Popular, páginas 33-45

MAX-NEEF, Manfred (1998): Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona, Icaria.

NOVY, Andreas y WEINZIERL, Carla (2020): “Negotiating diversity and equity” en OOSTERLYNK, Stijn y otras (edición): Local social innovation to combat poverty and social exclusion. A critical appraisal. Bristol, Policy Press, páginas 137-160.

PÉREZ OROZCO, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid, Traficantes de Sueños.

ZAPATA-BARRERO, Ricard (2009): Políticas de ciudadanía. Discurso público sobre la gestión local de la diversidad. Barcelona, Diputació de Barcelona.

(Adaptación de algunos contenidos compartidos en el proceso de elaboración del marco conceptual del Departamento responsable de políticas sociales de la Diputación de Barcelona que se recoge en una publicación que puede encontrarse aquí.)

Buenas prácticas para la integración entre intervención social e intervención habitacional y urbanística

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A partir de planteamientos teóricos en torno a la diferenciación e integración de las intervenciones y políticas públicas de servicios sociales y de vivienda y urbanismo (clicar para ver entrada reciente con Laura Guijarro en el blog Llei d’Engel), se plantea la conveniencia de identificar algunos ejemplos de experiencias de buena práctica al respecto. Se han escogido algunas (clicar en cada una) que resultan próximas, por conocimiento o participación más o menos directa y por proximidad geográfica:

Las superilles socials (supermanzanas sociales) pueden ser presentadas como forma de concepción y organización de servicios sociales domiciliarios referenciada a un conjunto de manzanas de la trama urbana, posibilitando los cuidados y la sostenibilidad de la vida en los vecindarios, las comunidades y los territorios.

El Criterio Interpretativo del Principado de Asturias sobre los Alojamientos Colaborativos, elaborado conjuntamente por áreas de servicios sociales y de vivienda, es un intento pionero de regular normativamente experiencias de cohousing (senior, usualmente).

El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) ha elaborado una guía para la Elección de viviendas accesibles y reformas pro accesibilidad, para información y asesoramiento a personas con discapacidad y mayores, dentro de su línea de trabajo de apoyo a la planificación del proyecto de vida personal, tanto desde el acompañamiento social como desde el asesoramiento residencial.

Urbanbat viene trabajando la Arquitectura de los Cuidados, con especial atención a la perspectiva de género, en procesos de diseño, participación, formación y debate para la construcción y el desarrollo de ciudades y viviendas que faciliten el cuidado y la equidad en los cuidados.

Los Servicios Sociales del Nansa (Cantabria) constituyen un ejemplo de innovación en el diseño, implementación y coordinación de servicios sociales, adaptados a un entorno rural y disperso, facilitando la atención a las personas, su calidad de vida y su continuidad en su medio natural.

El modelo Housing First (presentado en el artículo por Joan Uribe) se está llevando adelante, por ejemplo, en una alianza entre Hogar Sí y Provivienda y representa una mirada diferente a la tradicional en lo que tiene que ver con la articulación entre el alojamiento y la intervención social en los procesos de inclusión social.

Las experiencias de alojamiento intergeneracional abordan, desde las relaciones primarias de convivencia, intentos diversos de respuesta sinérgica a distintas necesidades y problemas sociales, logrando impactos en términos, por ejemplo, de inclusión residencial y prevención de la soledad no deseada.

Projekta Urbes ha desarrollado herramientas tecnológicas para la monitorización y promoción de paseos urbanos. Se trata de un ejemplo de la utilización de tecnologías digitales en el espacio público para facilitar y promover las relaciones primarias y el desenvolvimiento autónomo de las personas.

El movimiento de ciudades amigables con ejemplos como Donostia Lagunkoia o Activa tu Barrio (del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), incorpora la participación de los servicios sociales, las políticas de vivienda y urbanismo y otras (este último vínculo lleva a la web Berrituz, en la que se pueden encontrar otras buenas prácticas).

En la página web de Fundación Pilares, entre otras, encontramos una experiencia de codiseño de entornos para la accesibilidad universal en la que personas que van a ser usuarias de determinados entornos participan en su diseño, en aplicación del modelo de atención centrada en la persona.

La experiencia de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla es la de la gobernanza de la intervención intersectorial en un territorio y con una población con necesidades especiales, siendo las áreas de servicios sociales y de vivienda, urbanismo y convivencia dos de los puntales del trabajo.

Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentadas en esta entrada de blog por Paisaje Transversal, son un ejemplo de planeación territorial integral que intenta tener en cuenta la diversidad de agentes y de usos del territorio, con un intento de superar una visión tradicional de mera previsión de reserva de suelo para equipamientos dotacionales para servicios sociales clásicos.

El Modelo Inclúe, entre otros proyectos, muestra la trayectoria de Emaús Galicia en la construcción de alianzas y conocimiento que ayuden a combinar los ingredientes de la intervención social, la comunidad, la vivienda, el territorio y otros en los procesos de inclusión social.

El Observatorio de la Realidad Social de Navarra corresponde a un Departamento (antes Vicepresidencia) que tiene, entre otras, las responsabilidades sobre vivienda y sobre servicios sociales, lo que puede facilitar la gobernanza de la integración horizontal intersectorial entre esas dos ramas del sistema de bienestar y también con otras.

(La ilustración está tomada del blog Llei d’Engel, en el que está publicada la entrada que da origen a ésta.)

¿Se dedican los servicios sociales a proporcionar cuidados?

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Proporcionar cuidados sería realizar con o por y para otra persona (que no puede hacerlas por y para sí misma) las denominadas Actividades de la Vida Diaria (como comer, asearse, desplazarse, cocinar, limpiar o abastecerse). Incluye la ejecución parcial o total de dichas actividades y puede incluir (total o parcialmente) la decisión sobre ellas y el control de la situación que lleva a dicha decisión. Por ejemplo, cuidar a un bebé (también a otras personas) es alimentarle y decidir en qué momento darle qué alimento, mientras que, por ejemplo, cuidar a una persona con una discapacidad física temporal (también a otras personas) puede ser ayudarle a comer cuando y lo que ella ha decidido comer. (Obviamente, existen otras acepciones del término “cuidado”, como en “cuidados de enfermería” o “cuidados paliativos”: no hablamos de estos).

Por estas y otras peculiaridades de los cuidados, sucede que, en la mayoría de los casos, son proporcionados (y así es preferido y preferible) gratuitamente en el seno de relaciones primarias (familiares o comunitarias) de reciprocidad (diferida o no). En estos casos, lo que toca a las políticas públicas es dar facilidades y apoyos a las personas que eligen cuidar. Sin embargo, obviamente, se necesitan y existen cuidadoras y cuidadores profesionales, que reciben una remuneración por los cuidados que proporcionan, deseablemente con todos los derechos laborales (en la medida en que vayamos consiguiendo desterrar la economía informal o irregular del mundo de los cuidados). Tanto en los cuidados primarios como en los cuidados profesionales, mujeres y hombres deberíamos ser tratadas y sentirnos convocados en pie de igualdad (ahora no es así).

Podemos recibir cuidados profesionales en varias ramas de nuestro Estado de bienestar. Los recibe la criatura de dos años en la escuela o la persona ingresada en un hospital. Sin embargo, ni para el sistema educativo ni para el sistema sanitario constituyen los cuidados su actividad principal. Son, sin duda, los servicios sociales el pilar del Estado de bienestar en el que los cuidados profesionales (y el apoyo al cuidado primario) ocupan una posición de centralidad. (Por descontado que, en los servicios sociales, además de cuidados, encontramos otros apoyos e intervenciones.)

Por eso (aunque tuviera aspectos positivos) fue un error la creación, en su día, del pretendido Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que distorsionó en lugar de reforzar el papel de los servicios sociales y la atención integrada intersectorial en la prevención y abordaje de las situaciones de dependencia funcional para las Actividades de la Vida Diaria. Por lo mismo, como ya han señalado Pedro Celiméndiz o Belén Navarro, sería un error, ahora, la configuración de un “sistema de cuidados” o similar, en lugar de mejorar, fortalecer y desarrollar la capacidad de los servicios sociales (con el concurso y la colaboración de otras ramas del Estado de bienestar, como salud, educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos) para dar soporte al cuidado primario (familiar y comunitario) y proporcionar cuidados profesionales. De eso se trata, sin perder más tiempo.

La trama oculta del cuidado

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Un virus recorre el mundo y ataca a nuestros cuerpos. Se genera información y sabemos cuántas personas enferman y mueren. Se nos comunica también el número de las que quedan desempleadas, cómo se ve alterada la producción, qué sucede con la bolsa. Vamos procesando datos sobre cómo se van viendo afectadas diferentes estructuras y sistemas que hacen posible (o no) la vida.

Ahora, sin embargo, pensemos en la hermana que fregó la taza del café que hizo sentirse mejor a esa persona enferma. O la manera discreta en que le dejó su vecina la bolsa de la compra en el felpudo. O en las canciones que cantó ese hombre a su hija para que no se durmiera antes de que su madre, médica, llegara de trabajar. O sobre el esfuerzo de esa auxiliar de servicios sociales para acompañar a aquella persona con demencia desorientada en el confinamiento. Y sumemos.

Las industrias de la salud y los sistemas sanitarios nos están apoyando en esta pandemia. Como lo están haciendo las agricultoras y las cadenas de distribución de alimentos. Internet nos está dando soporte en nuestras relaciones. Como nos disciplinan (o no) los gobiernos y parlamentos. Y todo eso lo vemos cada día en los informativos de la televisión.

Pero hay otra trama, quizá más oculta, que nos está sosteniendo, en la salud y en la enfermedad, en la vida cotidiana. Es la trama invisible del cuidado. Son millones de actos humildes, fugaces, muchas veces automáticos. Actos realizados por hombres y, sobre todo, por mujeres, frecuentemente, como la cosa más normal del mundo. Pero sin esos actos, otros no serían posibles. Si el dormitorio no hubiera sido limpiado, la médica no podría entrar en él. Si no hubieran llamado a aquella persona desde los servicios sociales, no se hubiera conocido su situación de soledad no deseada. Si esa comida no hubiera sido preparada con cariño, se habría quedado en el plato. Si nadie me hubiera ayudado a levantarme, a estas horas seguiría en la cama.

Sabemos qué sistemas económicos, administrativos o tecnológicos están en riesgo de colapso. Pero quizá no tenemos forma de conocer cuánta tensión está soportando la trama invisible del cuidado, cuántos hombros están aguantando ese peso, cuanto sufrimiento van acumulando las personas que nos están cuidando. Cómo se desploman de cansancio las cuidadoras, cuándo lloran de impotencia, si enferman o mueren.

Cuando necesitamos cuidados y tenemos la suerte de que nos cuiden nos está sujetando la trama invisible del cuidado, una que, a su vez, debe ser soportada desde la política, la economía y la cultura. No podemos seguir esquilmando estos recursos, no debemos seguir dando tan por descontado que habrá hombres y, sobre todo, mujeres que nos seguirán cuidando gratis o barato. Hemos de reconocer en mayor medida, individual y colectivamente, moral y materialmente, el inmenso valor de los cuidados.

Quizá, aprovechando que, a veces, en nuestra radical vulnerabilidad física y emocional, nos damos cuenta de que somos poco más que la mano que nos sostiene.

Fragmentación del conocimiento en nuestros servicios sociales

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Nuestros servicios sociales tienen un posicionamiento difícilmente sostenible y crecientemente ineficiente, en la medida en que están formateados, en buena medida, para racionar dinero para la subsistencia a personas en situación de emergencia económica y para hacerse cargo (casi) globalmente de la vida de personas cuyas limitaciones funcionales y de relaciones primarias comprometen su supervivencia (mayoritariamente mediante asistencia directa por parte de personal de baja cualificación). Estamos, seguramente, ante la necesidad de una estrategia de reconversión que habrá de apoyarse en el conocimiento y la innovación y se propone la audacia política de entender que la misión de construir unos servicios sociales públicos que traten la interacción de todas las personas como un bien protegible justifica la implicación de los poderes públicos en la creación del conocimiento y el impulso a la innovación.

En nuestros servicios sociales predomina el saber práctico o saber hacer y ello es en parte lógico pues cualquier servicio profesional es en buena medida saber práctico o saber experto. Hay también una buena dosis de saber ético (saber filosófico, saber ideológico, saber normativo, saber político). Sin embargo, cabe decir que en ese cóctel faltan en gran medida otros dos ingredientes: el saber científico y el saber técnico (tecnología). Comparativamente, podemos decir que nuestra intervención social está poco basada en la evidencia y es poco intensiva en tecnología. La tarea sería, entonces, sin perder y potenciando el saber práctico y el ético, incrementar la proporción y el impacto de las ciencias y las tecnologías en el ámbito de los servicios sociales.

Posiblemente, el mayor problema que tenemos en este momento para ello es la fragmentación del ecosistema de agentes, de la (deseable) comunidad de conocimiento para los servicios sociales. Dicha fragmentación es una separación del conocimiento en función de los colectivos poblacionales en los que tradicionalmente (y, en buena medida, actualmente) se ha estructurado la atención de los servicios sociales. Pero también es una notable incomunicación entre las áreas de conocimiento en las que se forman las profesionales que trabajan en los servicios sociales: entre las grandes disciplinas presentes en la universidad (trabajo social, educación social y psicología), entre la formación universitaria y la formación que se obtiene en otras instituciones; entre las comunidades (colegios) profesionales, entre las asociaciones científicas y así sucesivamente.

Frente a los agentes que tienen incentivos o inercias para mantener la fragmentación, es débil la acción de agentes que, como determinados Departamentos (o partes) de instituciones públicas, ciertas organizaciones dedicadas al conocimiento (observatorios, centros de estudios, consultoras o divulgadoras) u otras, sí toman el conjunto del ámbito como referencia. Además, se produce el problema de la ambigüedad o confusión en cuanto al perímetro de actividad que se identifica (a veces más amplio, a veces más restringido, a veces sesgado, por la polisemia de la palabra “social”) y también las confusiones o ambigüedades en lo que tiene que ver con la distinción y conexión entre el conocimiento sobre la cadena básica de valor o actividad operativa (intervención social), sobre la gestión y sobre el gobierno (y las disciplinas correspondientes).

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación.)

Integración e interseccionalidad de las políticas públicas

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En la medida en que las políticas públicas, en las diferentes escalas territoriales o niveles de la Administración, reciben el desafío de ir incursionando en más asuntos, de más maneras, para más personas y de forma más compleja y especializada, gana importancia la cuestión de su integración vertical y horizontal:

  • Entendiendo por integración vertical la que se produce al interior de cada uno de los ámbitos sectoriales (como cultura, industria, seguridad o servicios sociales) facilitando los itinerarios intrasectoriales de las personas destinatarias de las políticas o usuarias de los servicios públicos, usualmente entre niveles o escalas de mayor proximidad y otros de mayor especialización (multinivel), en ocasiones en manos de diferentes Administraciones.
  • Entendiendo por integración horizontal la integración intersectorial, que facilita los itinerarios de las personas que requieren, con cierta intensidad (simultánea, sucesiva o entreverada) del concurso de servicios o intervenciones de diferentes ramas de actividad (como servicios sociales y sanitarios o educativos y de empleo, por ejemplo).

En el sistema de bienestar tradicional (pensado para los viejos riesgos sociales), el carácter más bien reactivo, subsidiario y reparador de las políticas públicas (y, específicamente de las consideradas sociales) determinaba que bastase (o pareciera bastar) con una última red (constituida actualmente por los servicios sociales) para los casos complejos. Sin embargo, en la sociedad de los nuevos retos sociales, los problemas y conflictos de integración vertical y de integración horizontal arrecian y se multiplican de manera desordenada e ineficiente las iniciativas unilaterales y parciales de coordinación y trabajo en red que no alcanzan a poder ser llamadas de verdadera integración, concepto que serviría para identificar aquella situación en la que las personas destinatarias, o, en general, los agentes involucrados, no advierten cortes, demoras o disfunciones debidas a que diferentes eslabones de las cadenas de valor (de los itinerarios) intrasectoriales e intersectoriales están en diferentes manos.

Se trataría, entonces, de ir simplificando y homogeneizando la arquitectura de la integración intra e intersectorial, aprovechando, sin duda, las oportunidades de las tecnologías digitales con herramientas como la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, las redes sociales, las plataformas colaborativas o el Internet de las cosas. Seguramente, se trata también de reforzar la gobernanza de la complejidad multinivel e intersectorial, de dedicarle la atención y la base de conocimiento que requiere.

Por otra parte, en esta arquitectura integrada sectorial e intersectorialmente, apoyada, fundamentalmente, en pilares sectoriales universales funcionalmente especializados, cada uno de ellos, en la promoción y protección de un bien (salud, seguridad, movilidad, justicia, aprendizaje, empleo, alojamiento y otros), en un contexto de aumento y mayor reconocimiento de la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), es capital la adecuada comprensión e implementación de las políticas transversales de igualad y atención a las diversidades. Como políticas públicas necesitan una incardinación organizativa y una cierta estructura, pero siempre orientadas a la influencia sobre las políticas sectoriales (no a reemplazarlas o a competir o confundirse con ellas) para que dichas políticas sectoriales sean amigables con las diferentes diversidades y con los distintos colectivos que generan esos ejes de diversidad, en clave de interseccionalidad. Precisamente María Bustelo nos hace notar que el término mainstreaming es más expresivo que el de transversalidad a la hora de expresar el objetivo de incorporación de preocupaciones, capacidades y trayectorias a la corriente general o universal frente a la generación o aceptación de cauces separados o especiales para la satisfacción de necesidades.

(Ilustración: “Separación vespertina”, de Paul Klee,)

Mapeando la interacción

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A continuación se hace una propuesta de graduación de situaciones en cuanto a las dos dimensiones (I y II) de la interacción, identificada como bien protegible para los servicios sociales:

I. Situaciones en cuanto a la red primaria o próxima de apoyo con la que cuenta la persona.

1. Cuenta con vínculos familiares (o similares) fuertes (por capacidad funcional, disponibilidad efectiva y compromiso moral de ayuda mutua) con convivencia en el mismo domicilio.

2. Cuenta con vínculos familiares, de amistad o similares fuertes (por capacidad, compromiso y disponibilidad efectiva para el apoyo) o con asistencia personal remunerada con notable proximidad, intensidad o frecuencia (sin convivencia en el mismo domicilio).

3. Cuenta con relaciones de buena vecindad, amistad, familiares, de apoyo o similares de compromiso, proximidad, intensidad, frecuencia o disponibilidad medias. Puede contar con estas personas circunstancial y condicionalmente (no de forma permanente e incondicional).

4.  Apenas cuenta con vínculos y apoyos en su entorno cotidiano.

II. Situaciones en cuanto su capacidad funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria.

a. Tiene plena capacidad de decisión y ejecución en las actividades de la vida diaria (Actividades que ha de realizar una persona para poder dar satisfacción a sus necesidades. Se clasifican en básicas (las más imprescindibles, que normalmente la persona puede hacer sola: comer, asearse, caminar y demás), instrumentales (que requieren interactuar con otras personas o pueden ser más fácilmente delegadas en otras personas, como: cocinar, compras, usar medios de transporte) y avanzadas (que comportan participación en instituciones complejas: estudiar, trabajar, participar en la vida política, por ejemplo).

b. Presenta ligeras limitaciones para las actividades de la vida diaria, limitaciones compensadas por productos de apoyo o tiene ciertos obstáculos en su entorno domiciliario y comunitario (por ejemplo piso alto sin ascensor).

c. Tiene limitaciones importantes en la realización de actividades de la vida diaria.

d. Presenta limitaciones generalizadas en la capacidad de decisión para el proyecto de vida y la vida cotidiana (aquí encajan, por ejemplo, todas las personas en sus primeros años de vida).

El cuadro representaría 16 combinaciones de esas situaciones. Así vamos mapeando y debatiendo estados de la interacción de las personas.

(Material compartido en un proceso de trabajo con SSI.)

Mutualizar los cuidados en la comunidad

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Formular el derecho a los servicios sociales como derecho a una plaza en una residencia sería lo mismo qué formular el derecho a la atención sanitaria como derecho a vivir ingresado en un hospital o formular el derecho a la educación como derecho a estudiar en un internado. Del mismo modo que en el ámbito sanitario o educativo el ingreso en un establecimiento propio del sistema es excepcional, así tendríamos que verlo también en el ámbito de los servicios sociales. Sólo en los casos, circunstancias y momentos específicos en los que la intervención educativa, sanitaria o social lo requiera, estaría justificado que la persona destinataria de dicha intervención se aloje temporalmente en un equipamiento educativo, sanitario o social.

Esperamos del sistema sanitario, justamente, lo contrario, es decir, que sea tan eficiente en la protección y promoción de nuestra salud que haga más improbable el ingreso hospitalario. De igual modo, en el ámbito educativo, cada vez nos importan más los aprendizajes útiles que obtenemos y tornamos más flexibles y menos presenciales los medios y recursos qué hay que utilizar para obtener dichos aprendizajes. A los servicios sociales, entonces, habremos de pedirles que hagan lo posible por proteger y promover nuestra autonomía y autodeterminación en la vida diaria de nuestras familias, domicilios, vecindarios y comunidades en todo el ciclo vital.

Diversos cambios sociales a largo plazo, como el aumento de la longevidad y los años de vida con limitaciones funcionales o las transformaciones en el tamaño, estructura y dinámica de las familias, unidos a acontecimientos disruptivos como la pandemia y las emergencias que estamos viviendo, pueden ser un buen caldo de cultivo para que cobremos mayor conciencia de los apoyos e iniciativas que necesitamos para hacer más posible y probable, con la ayuda de los servicios sociales, de las políticas de vivienda y de otras, el objetivo de cuidarnos en comunidad.

Las redes vecinales configuradas al calor de la pandemia y su colaboración con diversas organizaciones solidarias, servicios públicos y empresas de proximidad, con claves de innovación tecnológica y social, nos dan la pauta de las posibilidades que ofrecen el territorio y la comunidad para mutualizar los cuidados, es decir, para explorar las potencialidades de que las personas que necesitamos y proporcionamos cuidados compartamos recursos, espacios, apoyos, plataformas, procesos y estrategias.

Lamentablemente, muchas veces, hoy en día, el pretendido derecho a los servicios sociales se traduce en el “derecho” a trámites ineficientes y humillantes, el “derecho” a plazas que preferiríamos no ocupar ni en caso de necesidad o el “derecho” a copagos disuasorios y discriminatorios. Sin embargo, nuestras carteras de servicios sociales y los avances de la comunidad de conocimiento en intervención social posibilitan programas personalizados y comunitarios de apoyo a los proyectos de vida autónoma en la comunidad. De igual modo, las políticas de vivienda deben dejar de potenciar el uso patrimonial de este bien y diversificar toda una serie de posibilidades intermedias entre la vivienda particular autosuficiente y el establecimiento colectivo al uso.

Los derechos sociales no pueden ser vistos como derechos a respuestas del pasado o a meras compensaciones en dinero (bajo el supuesto de que en los mercados están los bienes necesarios). Ejercer los derechos sociales supone exigir de las políticas y poderes públicos la inteligencia estratégica y la organización ágil para lograr producir y aplicar el mejor conocimiento disponible de cara a una garantía de la coproducción de los bienes públicos y comunes qué hacen posible una vida digna, libre y con sentido.

(Entrada elaborada para Sareak Josten.)

Debates sobre la interacción como bien protegible para los servicios sociales en España

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Se ha propuesto, con mayor o menor acierto, denominar interacción al ajuste dinámico entre, por un lado, la autonomía de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por otro, las relaciones primarias de carácter familiar y comunitario en las que está inmersa dicha persona en su vida cotidiana y que representan apoyo para ella. Al proponer esta acepción específica del término interacción como objeto de la intervención social, o área de necesidad de la que se ocuparían los servicios sociales, no se desconoce el valor de la autonomía funcional diaria por su parte o de la integración relacional cotidiana por la suya, pero se prefigura un enfoque o estrategia qué busca favorecer la complementariedad y sinergia entre ambas.

El perímetro que dibuja esta definición para la oferta de actividades que correspondería a los servicios sociales resulta chocante para muchas personas, especialmente porque excluye las prestaciones económicas o en especie que se proporcionan en muchos servicios sociales realmente existentes para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido o diversos suministros para los hogares También extraña a muchas personas la focalización y especialización qué ese concepto supone en contra de la tan defendida mirada holística y atención integral que debiera considerar esos y otros muchos aspectos de la vida de las personas, relacionados también con el empleo o el alojamiento, por ejemplo.

Además, apostar por esa definición del objeto de los servicios sociales acarrea la obligación de generar y perfeccionar conceptos, indicadores, instrumentos y técnicas que permitan valorar en cada momento el estado de la interacción de cada persona y ofrezcan base para una prescripción facultativa por parte de profesionales que puede llegar a ser reconocida y valorada por la ciudadanía. Lo cual dificulta la tan deseada, por muchas personas, objetivación administrativa las prestaciones de los sistemas públicos de servicios sociales.

Al igual que otros bienes de los que se ocupan diferentes políticas públicas y ramas de actividad, como la salud, la seguridad, el alojamiento o el empleo, la interacción, ciertamente, puede ser disfrutada individualmente y debe ser garantizada como derecho subjetivo. Sin embargo, del mismo modo que esos otros bienes, no cabe desconocer la ineludible dimensión ecológica o estructural y el necesario abordaje poblacional o colectivo de la interacción. Pretender prevenir o abordar afectaciones de la interacción como, por ejemplo, la necesidad de cuidados de larga duración, diversos maltratos y violencias, la soledad no deseada o las limitaciones en el ejercicio de la parentalidad, sin tener en cuenta dicho carácter poblacional o colectivo del bien (que requiere una aproximación ecológica y estructural), supone, sin duda, desconocer el estado del conocimiento sobre la materia.

Referencias:

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Aguilar, María José (2014): “Servicios sociales” en Baylos, Antonio y otras (coordinación): Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social. Valencia, Tirant lo Blanch, páginas 1.961-1.968.

Arrieta, Félix (2019): El archipiélago del bienestar. Los servicios sociales en el País Vasco. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Ávila, Débora y otras (2019): Por una acción social crítica. Tensiones en la Intervención social. Barcelona, UOC.

Blanco, Juncal y otras (2015): Modelo Inclúe. Donostia, Emaús.

Casado, Demetrio y otras (2019): Los servicios sociales públicos. Madrid, FOESSA.

Celiméndiz, Pedro (2019): Paseos por la intervención social (II). tribulacioneschino.blogspot.com.

Cenizo, Mabel (2020): Miradas y abordaje de las soledades. mabelcenizo.blogspot.com.

De la Rosa, Pablo (2016): La soledad… ¿quién se ocupa de ella? pablodelarosa.blogspot.com.

De Miguel, Francisco Javier (2018): Trabajando en la indefinición de los servicios sociales. El fondo de las últimas leyes autonómicas. intervenciónsocialdomiciliaria.blogspot.com.

Fantova, Fernando (2019): “Naturaleza y esencia de los servicios sociales del futuro: el objeto a proteger y promover” en Pelegrí, Xavier (edición): El futur dels serveis socials.. Barcelona, Hacer, páginas 23-41.

Fresno Consulting (2018): Servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué modelo necesitamos para el futuro? Madrid, Ayuntamiento de Madrid.

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