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¿Por qué y cómo podrían sobrevivir los servicios sociales?

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Hay buenas razones para pensar que es posible salir de la encrucijada en la que se encuentra esta rama del sistema de bienestar, haciendo realidad unos servicios sociales universales, viables y, sobre todo, valiosos para la población. Dichas buenas razones serían, al menos:

  • La estructura ya existente, la masa crítica de profesionales con cualificación y experiencia, la penetración territorial del sistema.
  • La capacidad que tienen los servicios sociales para la creación y afloración de actividad económica y empleos de diversos tipos.
  • El posicionamiento logrado (o relativamente asequible) en relación con diversas necesidades y demandas de las personas y, especialmente, en relación con los cuidados (y, consiguientemente, con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la equidad de género), necesidad y aspiración creciente y presente en muy diversos segmentos poblacionales.
  • La evidencia creciente de disfunciones en otras políticas públicas (como ineficiencias e incluso iatrogenia en el sistema sanitario) por déficits de las personas en lo relacionado con su interacción, estando los servicios sociales bien posicionados para ayudar en ello.
  • La evidencia creciente de las disfunciones sociales emergentes por el debilitamiento de la vida familiar y comunitaria en crecientes zonas urbanizadas del territorio, teniendo los servicios sociales cierto posicionamiento al respecto.
  • La maleabilidad del sistema público de servicios sociales, por estar menos que otros bajo el foco político o social y por contar ya con una articulación bastante mixta (con presencia pública, privada, solidaria y comunitaria).

En cualquier caso, las personas con responsabilidades políticas, organizativas o técnicas en los servicios sociales hemos de ser conscientes de que el futuro no está escrito y hay que ganarlo con inteligencia estratégica, de ahí la necesidad urgente de acertar, y de acertar todas conjuntamente. La propuesta de giro estratégico de los servicios sociales, a la vez, se convierte en una directriz clara para una progresiva reordenación que haga más eficaz y eficiente el conjunto del sistema de bienestar:

  • Incorporando con mayor claridad a los servicios sociales necesidades y respuestas que encajan bien con ellos (como el apoyo en los cuidados en la etapa 0-3, la ayuda a la organización doméstica, el acompañamiento en la planificación de futuros personales o la intervención en el ocio juvenil).
  • Devolviendo a otras ramas del sistema de protección social la responsabilidad sobre asuntos y programas que encajan mejor en ellas (el sinhogarismo a vivienda, la pobreza económica a la política de garantía de ingresos, la exclusión laboral a los servicios de empleo y así sucesivamente). En esta línea van tendencias internacionales como Housing First o la integración de impuestos y prestaciones económicas.
  • Generando la posibilidad de verdaderas y adecuadas sinergias e integración entre los diferentes pilares para los casos complejos, desde el momento en que se avanza en la asunción por parte de todos los pilares de que no hay red residual y en un mejor reconocimiento mutuo del objeto y valor añadido de cada rama sectorial.

Entendemos que la apuesta de los servicios sociales por concentrarse en potenciar y complementar la autodeterminación y autonomía funcional y la vinculación familiar y comunitaria de las personas en su vida diaria puede ser una apuesta ganadora en la medida en que posibilite y visibilice resultados valiosos para la ciudadanía basados en el conocimiento, no alcanzables mediante otros sistemas y claramente complementarios y sinérgicos con los efectos de las otras ramas del sistema de bienestar. No es una batalla ganada ni fácil, pero puede librarse y vencerse.

Y, por ello, es urgente distinguir, diferenciar y separar el corazón de nuestra actividad (la intervención social) de la administración de prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Si, después, hay alguna posibilidad de integración, ya se verá, pero ahora lo fundamental es entender y transmitir que cuando tramitamos prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia no estamos haciendo intervención social (y viceversa). De otro modo nuestra actividad y valor añadido seguirá siendo muy difícil de entender e impulsar.

(Contenidos compartidos en el proceso de elaboración del plan estratégico de servicios sociales de Catalunya, al que corresponde la ilustración y sobre el que puede obtenerse información aquí.)

Los MENA y las viudas: merecimiento y sostenibilidad en política social

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Podría decirse que los denominados MENA (menores extranjeros no acompañados) y “las viudas” (consideradas como colectivo) constituirían dos arquetipos, dos polos, dos estereotipos, dos extremos en los que pueden condensarse algunos debates en materia de política social y, más específicamente, de gestión de las diversidades de género, generacionales, funcionales y culturales en nuestras sociedades complejas. El MENA sería visto como varón, joven, fuerte y extranjero, mientras la viuda sería presentada como mujer, mayor, frágil y autóctona.

En el discurso positivo sobre las viudas, estas, por ejemplo, serían merecedoras de las prestaciones y servicios que reciben dentro de un modelo de bienestar más bien contributivo. Así, en su caso, cobran la pensión de viudedad porque su marido cotizó a la Seguridad Social y, con independencia de los recursos de los que dispongan o de las necesidades que presenten, tienen derecho a recibir esa prestación económica. En la mirada negativa, las viudas, longevas y solas, serían, por ejemplo, parte del pretendido problema del envejecimiento de nuestra sociedad y una carga para ella, precisamente por el coste de las pensiones, de la sanidad u otros. En el discurso negativo sobre los MENA, estos serían presentados como intrusos y conflictivos, costosos y peligrosos. En cambio, también habría un discurso positivo, en el que aparecerían como fuerza de trabajo necesaria y valiosa y factor de rejuvenecimiento de esa sociedad envejecida de la que antes hablábamos; también como víctimas de la globalización neoliberal y protagonistas de esforzados y exitosos itinerarios de inclusión educativa, social y laboral.

En muchas ocasiones, estos discursos tienden a subrayar la contraposición de intereses entre segmentos o colectivos sociales. Incluso, podemos encontrar relatos en los que nuestros dos personajes se encuentran y lo hacen conflictivamente: el joven asalta a la mujer en la calle o esta explota a aquel en la economía sumergida. En cualquier caso, como sabemos, no es lo mismo un personaje, una marioneta limitada y pasiva en manos de quien la crea y la maneja, que una persona, con vida propia, única e irrepetible, llena de matices y potencialidades. Nadie es solamente, ni fundamentalmente, MENA o viuda.

La construcción equitativa de nuestras sociedades diversas necesita de los discursos científicos, éticos y políticos que nos ayudan a ver lo común humano que compartimos y las múltiples interdependencias entre diferentes sexual, generacional, funcional y culturalmente. También de políticas públicas robustas, universales y personalizadas que garantizan iguales derechos a todas las personas para desplegar sus respectivos proyectos vitales. Y también, específicamente, necesitan de unos servicios sociales y una intervención integrada participativa y de proximidad que ofrecen y desarrollan prácticas y tecnologías comunitarias para el encuentro físico y las relaciones primarias significativas de las personas diversas en los territorios.

Estamos hablando, finalmente pero no en último lugar, de reinventar y fortalecer la convivencia comunitaria desde la base, cotidianamente, en los domicilios y los vecindarios. Estamos hablando de cuidar la sostenibilidad de la vida en las familias y los territorios, a escala humana. Estamos hablando de una necesidad universal, de un reto de conocimiento, de un desafío social, de una línea de innovación, de una política pública fundamental.

(La foto pertenece al proyecto LKaleak, del plan Donostia Lagunkoia, en el barrio de Egia, sobre el que puede obtenerse información aquí. Sobre estas y otras cuestiones hablaremos el martes un la Universidad de Deusto, en Donostia, en la inauguración del Máster universitario en intervención con personas en situación de vulnerabilidad o exclusión.)

Políticas sociales: ¿hacia dónde?

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Entre las funciones que tendemos a encomendar a las instituciones públicas hay algunas que, convencionalmente, denominamos sociales o de bienestar. Entre ellas suelen estar, en nuestro entorno, velar por nuestra salud, garantizar ingresos para la subsistencia (por ejemplo, mediante las pensiones) o proporcionar a las nuevas generaciones unos determinados aprendizajes establecidos como obligatorios.

La crisis que en este momento aqueja a las políticas sociales no es, fundamentalmente, la consecuencia de una insuficiente financiación o legitimación sino, más bien, del desajuste entre ellas y otros subsistemas sociales (como el laboral o el familiar), en gran medida gracias al éxito de esas políticas tal como fueron concebidas, en buena medida, en la segunda mitad del siglo pasado. La crisis es tal que posiblemente algunas de dichas políticas, más que ineficientes, resultan ya contraproducentes para su propia finalidad, quizá porque su característica de estabilizadoras automáticas reguladas burocráticamente dificulta crecientemente su maniobrabilidad y pertinencia.

En ese contexto, paradójicamente, pueden contribuir a la insostenibilidad y riesgo de colapso ambiental y relacional y a la creciente desigualdad económica, laboral y residencial. La contribución de la política de pensiones a la inequidad intergeneracional o la de la política sanitaria a la insostenibilidad de la vida (al prolongar vidas en situaciones de creciente limitación funcional y de apoyos primarios, en ausencia de unos servicios sociales suficientemente eficientes en ese contexto) podrían ser dos ejemplos cercanos.

Desde la comunidad de conocimiento en materia de políticas sociales, respetando las opciones ideológicas que legítimamente concurran al debate democrático, cabe sugerir algunas líneas de investigación e innovación como las siguientes:

  • Impulsar políticas que contribuyan a la relocalización territorial de los procesos sociales y la vida de las personas.
  • Ensayar innovaciones tecnológicas digitales que contribuyan a la reconstrucción, reinvención y sostenibilidad de relaciones primarias comunitarias.
  • Buscar la reiniciación participativa de la colaboración estratégica entre las instituciones públicas y las organizaciones solidarias.
  • Organizar la integración vertical y horizontal de la gobernanza, gestión y operación de las políticas sociales.
  • Construir ecosistemas en red de conocimiento e innovación para la política social.

Posiblemente la reconversión de los sistemas públicos de servicios sociales pueda funcionar como una palanca estratégica en estos cambios necesarios en el panorama de nuestras políticas sociales para una nueva coproducción inteligente del cuidado de la vida en la proximidad. Para un nuevo contrato social multilateral en el que los agentes comunitarios, públicos, solidarios y mercantiles están llamados a reencontrar su papel y posicionamiento sobre la base del conocimiento compartido. Para tener evidencias y diseños que proponer cuando las oportunidades o las amenazas ofrezcan pistas para cambios y avances, menores o mayores.

(Sobre esto hablaremos el jueves, 5 de septiembre, en la Fundació Pere Tarrés, en Barcelona.)

Cuatro hipótesis para la articulación de agentes en los servicios sociales

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Algunas hipótesis que pudieran ayudar a impulsar el debate, la investigación y, en general, la construcción y aplicación de mejor conocimiento acerca de los roles y relaciones de los diferentes tipos de agentes en nuestros servicios sociales:

  1. En la llamada sociedad del conocimiento se refuerza la importancia estratégica de la incardinación en los ámbitos sectoriales (de la economía, la política pública y la gestión del conocimiento; en este caso en el de los servicios sociales), no sólo de las empresas privadas, sino también de las organizaciones públicas y las entidades de iniciativa social (frente a un imaginario de un sector público y un tercer sector más bien transversales y con agentes generalistas).
  2. El aumento de la complejidad social impulsaría arreglos (mix) diversos entre sector público, tercer sector y otros agentes en los diferentes ámbitos sectoriales y un acercamiento menos ideológico y más pragmático a dichas articulaciones, atendiendo tanto a la inercia institucional (path dependency) como a las oportunidades de girar estratégicamente.
  3. La crisis de los cuidados hace más urgente y relevante la preocupación y contribución de los diferentes agentes a la sostenibilidad relacional de la vida en las comunidades y los territorios, en el marco procesos de integración vertical y horizontal y de arquitecturas públicas para la gobernanza participativa, multinivel e intersectorial del bienestar y el desarrollo.
  4. La pujanza de la esfera del mercado en todos los órdenes de la vida, la fragmentación y relativa fragilidad estructural y cognoscitiva de los agentes públicos y solidarios en los servicios sociales y el débil posicionamiento de éstos ante la comunidad harían creíble una evolución centrífuga en la que se dispararían básicamente, por un lado, un sector privado lucrativo para la demanda solvente (fundamentalmente de servicios residenciales para mayores de gama alta, media o baja); por otro, unas oficinas públicas orientadas al control social de poblaciones vulnerables y problemáticas mediante la administración de prestaciones económicas condicionadas; y, por último, un tercer sector precario y asistencialista, posiblemente dualizado entre unas pocas grandes organizaciones singulares y muchas entidades notablemente atomizadas.

Sin embargo, cabe afirmar que, tan cierto como que hay momentos y períodos de deterioro y amenaza o de bloqueo y atasco en los que resulta prácticamente imposible desencadenar cambios estratégicos positivos y justos, es que, en determinadas circunstancias, frecuentemente imprevistas, se abren ventanas de oportunidad para girar o, sencillamente, las amenazas obligan a tomar decisiones de calado, cueste lo que cueste

(Fragmentos de un artículo recién publicado en Cuadernos de Trabajo Social, que puede descargarse completo aquí.)

Contrato intergeneracional y políticas sociales

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La sanidad pública y las pensiones de jubilación contribuyen a la longevidad y son, a la vez, políticas públicas especialmente demandadas y apoyadas por las generaciones mayores. En la medida en que las políticas sociales más orientadas a las personas mayores se fortalezcan, en términos relativos, más que las que benefician a las generaciones jóvenes, podemos decir que las políticas sociales tienen, objetivamente, un impacto no deseado en términos de inequidad intergeneracional en perjuicio de las generaciones más jóvenes. La inequidad intergeneracional y la contribución a ella de las políticas sociales pueden y deben, ciertamente ser criticadas y denunciadas por meras razones éticas, es decir, porque no es justo que exista el mencionado sesgo de edad en la distribución de los recursos en una sociedad. Pero existe, además una segunda y poderosa línea argumental contra la inequidad intergeneracional que se observa en nuestras sociedades, que es la que tiene que ver con la insostenibilidad social que genera y potencia dicha inequidad.

A partir de los análisis y encuadres anteriores, cabría sugerir algunas propuestas de transformación y desarrollo de nuestras políticas sociales que entendemos que ayudarían a revertir y evitar los impactos negativos de las actuales políticas sociales, caminando hacia una mayor equidad y unas mejores relaciones intergeneracionales y que podrían constituir un adecuado contenido para un nuevo pacto intergeneracional. Resaltaríamos tres:

  1. Impulso de una nueva política de servicios sociales que lidere la respuesta del sistema de bienestar y de la sociedad a la crisis de los cuidados y a la soledad no deseada y la incorporación del enfoque familiar y comunitario, con equidad de género, en todas las políticas.
  2. Articulación de una gobernanza basada en el conocimiento y una integración intersectorial de las políticas públicas para el bienestar y el desarrollo territorial, con especial atención a los retornos en términos de capital humano y económico de las políticas sociales, en un paradigma de sostenibilidad económica, social y ambiental.
  3. Diseño de una nueva política fiscal que, integrada con las políticas de garantía de ingresos, posibilite la suficiencia financiera de las unidades familiares de convivencia y de los poderes y administraciones públicas y refuerce las dinámicas comunitarias y solidarias y la sostenibilidad intergeneracional de la vida.

(Fragmentos del documento compartido para el curso de verano de la Universidad del País Vasco organizado por Aubixa en la semana que comienza y que puede descargarse completo aquí.)

Las entidades de la discapacidad intelectual y los servicios sociales ante el reto de la inclusión

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Cuando estas organizaciones (asociaciones, fundaciones u otras) nacieron para trabajar a favor de las personas con discapacidad intelectual, la sociedad era muy diferente de la actual y seguramente fue correcta la decisión de crear servicios y empleos especiales para las personas con discapacidad. Sin embargo, décadas después, comprobamos que es difícil lograr la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las comunidades y en los empleos y, en general, en la vida con otras personas. Además, las familias, las comunidades, las empresas y los servicios públicos han cambiado mucho. Por una parte, las leyes hablan de derechos universales, de derechos iguales para todas las personas y el conocimiento y la tecnología ofrecen muchas ventajas para la mejora de la vida de la gente. Por otra parte, hay problemas que antes sólo tenían algunos colectivos (como las personas con discapacidad intelectual) que afectan en cada vez más a más personas en forma de precariedad, vulnerabilidad y exclusión en el empleo, en la vivienda, y en otros ámbitos.

Ante esa situación, algunas de estas organizaciones se están dando cuenta de que deben cambiar, de que deben dejar de etiquetar y segregar a las personas con discapacidad intelectual, de que deben abrir sus actividades a una mayor diversidad de personas y, a la vez, acompañar a más personas con dificultades de inclusión social a experiencias de vida, de ocio, de empleo y de convivencia inclusiva en la diversidad. Para ello, es fundamental que estas organizaciones dependan menos del dinero público y de la prestación de servicios segregados y potencien sus actividades solidarias y productivas, sus experiencias innovadoras, su arraigo en el territorio y la comunidad y sus relaciones de colaboración con organizaciones públicas, con otras organizaciones solidarias y con el tejido comunitario.

Estas organizaciones tienen una especial amenaza y oportunidad en el ámbito de los servicios sociales, precisamente porque es una parte de nuestro Estado de bienestar con una fuerte crisis de identidad. La amenaza es quedarse como un nicho, cada vez más restringido y separado, de atención especializada y segregada. La oportunidad es participar en la reinvención de unos servicios sociales, basados en el conocimiento y la tecnología, preventivos, comunitarios, personalizados, atentos a las diversidades, integrados, colaborativos e inclusivos.

El reto es encontrar la motivación, la dirección, la velocidad y los mecanismos para este cambio estratégico. Mucho de lo construido hasta el momento será valioso en el nuevo contexto. Las organizaciones, comunidades y territorios están llenas de prácticas prometedoras y quizá la clave está en la fidelidad a los orígenes (diálogo con el territorio, arraigo comunitario, apoyo mutuo y compromiso solidario), en el aprovechamiento de lo logrado (estructuras organizativas, capacidad de gestión, vías de interlocución y notoriedad pública) y en una nueva apuesta compartida (innovación tecnológica, gestión de las diversidades, innovación social y participación en la gobernanza).

(Aportación compartida en un seminario de Dincat, cuyo documento final puede descargarse aquí.)

Un ecosistema de conocimiento e innovación para los servicios sociales

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Partimos de una mirada sobre nuestros servicios sociales como un ámbito de actividad sometido a restricciones y demandas contradictorias. Posiblemente los servicios sociales de responsabilidad pública tienen un posicionamiento difícilmente sostenible y crecientemente ineficiente, dado que están formateados, en buena medida, para racionar dinero para la subsistencia a personas en situación de emergencia económica y para hacerse cargo globalmente o casi globalmente de la vida de personas cuyas limitaciones funcionales y de relaciones primarias compromete su supervivencia (mayoritariamente mediante asistencia directa por parte de personal de baja cualificación).

Sin embargo, cabe imaginar una reconversión (no fácil pero sí factible) de los servicios sociales para ser una rama de actividad (una industria) reconocible por su capacidad para promover y proteger la interacción de todas las personas, definida ésta como la situación de equilibrio dinámico entre la autonomía funcional para las decisiones y actividades de cualquier persona en su vida diaria o cotidiana y los apoyos naturales con los que cuenta por sus relaciones primarias de carácter familiar o, en general, comunitario.

Sea como fuere, necesariamente, es una estrategia de reconversión que necesita apoyarse en el conocimiento y la innovación. Al modo de las personas con responsabilidad política que lideraron el proceso que condujo a llevar los primeros astronautas a la Luna, se propone la audacia política de entender que la misión de construir unos servicios sociales públicos que traten la interacción de todas las personas como un bien público justifica la implicación de los poderes públicos en la creación del conocimiento y el impulso a la innovación que necesitamos para dichos servicios sociales, pues no sabemos todavía lo suficiente como para tener dichos servicios sociales (aunque les dedicáramos mucho más dinero del que ahora les dedicamos).

En este contexto, algunas propuestas estratégicas para avanzar podrían ser:

  1. Potenciar en las personas con responsabilidad política en materia de servicios sociales la conciencia de la necesaria reconversión tecnológica con base científica de los servicios sociales.
  2. Priorizar la investigación, diagnóstico, estratificación y evaluación que ayude a identificar las necesidades, recursos, capacidades y efectos que corresponden al objeto específico de los servicios sociales (no cabe integración horizontal si previamente no hay identidad como rama).
  3. Apoyar la innovación tecnológica y social que permita visualizar y visibilizar los servicios sociales como rama, su impacto preventivo y su integración horizontal con otros ámbitos de actividad (singularmente vivienda/urbanismo y salud) en la comunidad y el territorio.
  4. Favorecer los espacios de encuentro y colaboración entre referentes y productoras de conocimiento de las distintas disciplinas/profesiones y colectivos poblacionales.
  5. Impulsar dinámicas tripartitas en las que participen proveedoras, instituciones políticas y agentes especializados en conocimiento.
  6. Conectar las dinámicas locales de investigación, desarrollo e innovación en servicios sociales con las dinámicas internacionales generales de ciencia y tecnología desde apuestas de país.

(Principales contenidos de la conferencia inaugural de la Escola d’Estiu de la Diputación de Barcelona que comienza el 8 de julio. Clicar aquí para descargar un texto más amplio.)

Construcción de nuevos pactos políticos y sociales desde y para la confianza

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A la hora de identificar y articular los grandes tipos de agentes que concurren a los diferentes ámbitos en los que se organiza la actividad económica, la política pública o la vida social, la comunidad sería el espacio de las relaciones primarias; el mercado, el lugar donde se pone precio a los bienes; el Estado, quien puede ejercer el poder coercitivo; y la iniciativa social o tercer sector sería una estación intermodal que emerge entre la comunidad, el Estado y el mercado, fortaleciendo, en principio desde claves solidarias, la capacidad del conjunto de la sociedad, vista como sistema compuesto por subsistemas, para hacerse cargo de la complejidad, a la vez que, paradójicamente, incrementa la propia complejidad social.

En los marcos de referencia hoy día predominantes en el ámbito de las políticas sociales y otras políticas públicas se dan la mano la innovación tecnológica (más orientada al qué) y la innovación social (más orientada al quiénes), al generarse, gracias a la tecnología digital, procesos operativos, de gestión y de gobierno más capaces de articular la coproducción y sinergias entre las diferentes capas de agentes. Por ello, las consideradas como de innovación social suelen ser iniciativas de corte participativo, usualmente vinculadas a innovaciones tecnológicas y comunidades (al menos en parte) virtuales, impulsadas desde el trabajo en red y el encuentro entre diversas tradiciones, saberes, disciplinas y realidades organizacionales y sectoriales, planteadas a menudo como proyectos piloto o empresas emergentes que pudieran luego llevarse a una escala mayor.

Los planteamientos de la innovación social ponen el énfasis en la escucha a las personas usuarias o destinatarias y en general a todo agente (hablándose de innovación abierta, codiseño, coproducción, y cocreación); promueven intencional, activa, colaborativa y reticularmente la creatividad; juegan con la visualización de los sistemas y las soluciones; y trabajan con procesos de prototipado y experimentación rápida.

En la creciente complejidad social, la innovación social en las políticas públicas busca, fundamentalmente, construir transacciones confiables y evitar en lo posible los costes de regulación, gestión, control y sanción que generan los sistemas opacos en los que reina la desconfianza institucionalizada. No nos encontramos en un momento en el que el debate principal sea el del tamaño o envergadura de las políticas sociales o la inversión social (por importante que sea este debate), sino en una situación de replanteamiento sistémico de la red de contratos sociales a escala global y local, contratos sociales para la sostenibilidad de la vida que sólo pueden construirse, ensayarse, reconstruirse y consolidarse en claves de innovación, participación, cohesión y confianza a escala micro y macro, en procesos cuya trazabilidad y relacionalidad basadas en el conocimiento se conviertan en el mejor antídoto para las amenazas de manipulación y autoritarismo que nos acechan.

(Publicado en el blog Recíprocamente de EUROsociAL.)

Intervención social: ¿hacerse cargo u ofrecer apoyos?

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Quienes trabajamos en los servicios sociales, la intervención social o la acción social, desde la Administración pública o la iniciativa solidaria, podemos asemejarnos en ocasiones al mítico Señor Lobo de la película Pulp Fiction, el personaje interpretado por Harvey Keitel que “solucionaba problemas”. Por la formación que hemos recibido, por el marco legal en el que nos movemos, por la cultura de las organizaciones en las que trabajamos o por otras razones, tendemos, muchas veces, por defecto, a intentar hacernos cargo de manera integral, global o total de los problemas de las personas a las que atendemos.

No cabe duda de que puede haber situaciones de emergencia, complejidad o gravedad que justifiquen una asistencia de esa intensidad y alcance por nuestra parte, pero, en términos generales, cabe decir que dicha forma de actuación corresponde a un modelo de atención, a un modelo de bienestar y a un modelo de sociedad ya superados y que ese tipo de abordaje o enfoque de la intervención social no es pertinente, en la mayoría de los casos, ni siquiera entendido como una etapa inicial o punto de partida.

Los progresos de las ciencias humanas y sociales y de las disciplinas, metodologías y tecnologías de la acción social, en un marco ético regido por los derechos humanos, nos ubican, como agentes de intervención social, ante sujetos individuales, titulares de derechos inalienables, que debemos considerar, en principio, capaces de autodeterminarse, elegir y llevar a cabo sus decisiones y, entre ellas, las de formar parte, o no, de unidades de convivencia y, en general, de redes de relaciones primarias familiares, de amistad o reconocimiento en comunidades y territorios.

Por otra parte, gracias al desarrollo del conocimiento y las políticas públicas, todas las personas tienen, en algún grado, la posibilidad de acceder a recursos y apoyos que, lógicamente, se articulan en itinerarios que, en buena medida, transcurren por ámbitos de actividad o ramas especializadas de la política social u otras: la sanidad, la justicia, el transporte, la educación, la recreación, el urbanismo, la garantía de ingresos para la subsistencia material, el empleo, la seguridad física y así sucesivamente. Las limitaciones o retrocesos en el acceso a estos bienes en un determinado momento y lugar no justifican a los servicios sociales para aceptar o asumir el envenenado encargo de proveerlos (no siendo, obviamente, capaces de hacerlo cabalmente) como parte de una pretendida beneficencia resucitada o sucedáneo de ciudadanía.

En ese contexto, la intervención social y los servicios sociales tienen ante sí el desafío de configurarse, básicamente, como un ámbito o una rama más, capaz de identificar y comunicar las necesidades y capacidades de las que se ocupa y los apoyos específicos que ofrece a las personas. Apoyos relacionales y evaluables que aspiran a ser reconocidos, demandados y valorados por la población por sí mismos, no necesariamente como parte de un pack integrado y, desde luego, no como obligación normada o imposición chantajista a cambio de determinados comportamientos o del acceso a otras prestaciones demandadas por las personas. Apoyos cada vez más preventivos, menos disruptivos, más digitalizados, menos burocráticos, más personalizados, menos directivos, más cualificados, menos costosos y más comunitarios.

(A partir de conversaciones en el Ayuntamiento de Platja d’Aro, la Federación Allem, el SIPOSO, el Grupo SSI e Itaka Fundazioa y de cara a encuentros en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales de Gobierno de España, la Red Española de Política Social, la Fundació Maresme, Dincat y el CES vasco.)

Si no sabemos a qué nos dedicamos es difícil gestionarlo y transformarlo

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Cuando se nos pregunta a las personas que trabajamos en los servicios sociales a qué nos dedicamos, solemos responder cosas tan inverosímiles como que nos ocupamos de la exclusión y la inclusión social, que ofrecemos una atención integral para todas las necesidades de las personas, que nos hacemos cargo de las que quedan desprotegidas por el resto de sistemas de bienestar o seguridad social o que facilitamos el acceso a los diversos derechos sociales, coordinando el resto de políticas públicas.

Se trata de misiones imposibles que, evidentemente, no cumplimos pero cuya formulación, a modo de jaculatoria o mantra de consumo interno, nos sirve muchas veces para seguir esquivando el reto de acotar de forma realista cuál es nuestra aportación de valor añadido a la ciudadanía y, consiguientemente, cuáles son los eslabones de la cadena básica de valor que nos permite obtener los efectos esperables por parte de la población o, dicho de otra manera, responder al encargo político y social que recibimos y asumimos.

En algunos casos, cabe sospechar que esa ambigüedad o indefinición acerca de nuestro cometido y contenido nos resulta útil para seguir llenando ese cajón de sastre que somos, no fuera a resultar que nos quedáramos sin trabajo. Después, ya nos preocuparemos de quejarnos de ser una última red a la que el resto de subsistemas sociales, económicos o políticos lanzan aquellos asuntos y casos de los que no quieren, pueden o saben ocuparse. Evidentemente, las personas que trabajamos en los servicios sociales no somos las únicas responsables de este estado de cosas pero parece difícil suponer que no tengamos mucho que ver en él.

Las iniciativas para introducir procesos de gestión, mejoras administrativas, estrategias de innovación, dinámicas de cambio, proyectos de transformación, tecnologías digitales o mecanismos de gobernanza en los servicios sociales se encuentran con la enorme dificultad de que, frecuentemente, no pueden hacer pie en una definición clara y consensuada de los procesos operativos que tienen lugar en este ámbito de actividad y de los recursos necesarios para obtener los resultados deseados y la satisfacción de las necesidades correspondientes.

Es evidente que las personas que trabajamos en los servicios sociales en ningún caso podríamos desembarazarnos de golpe de encomiendas inadecuadas, impurezas burocráticas y dinámicas ineficientes que hemos ido acumulando por diferentes razones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es poner el foco con más claridad en nuestra aportación específica de valor y aplicarnos a su realización, visibilización, mejora, renovación y ampliación. Seguramente es una condición necesaria para que nos aprovechen mucho más, y aprovechen mucho más a la ciudadanía, las iniciativas de gestión, gobernanza, transformación, digitalización o innovación en las que participamos.

(Sobre esto hablaremos esta semana en los servicios sociales y con la dinamización comunitaria del Ayuntamiento de Platja d’Aro.)