¿Desigualdad económica o diversidad e interseccionalidad? ¿Derechos individuales o desarrollo comunitario? ¿Políticas sectoriales clásicas o nuevas transversalidades? ¿Redistribución o predistribución? ¿Crecimiento de las estructuras existentes o innovación para la transformación? ¿Electorados tradicionales o nuevos segmentos?

En el desarrollo de las políticas públicas y, en particular, de las políticas sociales, en países como el nuestro, han hecho especial fortuna algunas, como la sanitaria y la de pensiones, en las que los poderes y, en especial, las administraciones públicas se hacen cargo de la provisión universal de determinados recursos o servicios. Tienden a ser, como en el caso de las mencionadas, políticas redistributivas, es decir, que, más bien, actúan con posterioridad a que la suerte que cada persona haya tenido en las relaciones familiares o en las dinámicas del mercado (entre otras) la haya colocado en una determinada posición en cuanto a su acceso primario (valga la expresión) a dichos recursos y servicios. En dicho impacto redistributivo, por cierto, cada una de esas políticas, en cada contexto, tiene unos determinados sesgos (por ejemplo, beneficiando más a los varones mayores autóctonos con mejor trayectoria laboral) y no necesariamente resulta equitativa.

En ese contexto, las dificultades que otras políticas sectoriales (como, por ejemplo, las de servicios sociales o vivienda) encuentran para equipararse en envergadura a las antes citadas no parecen coyunturales sino que, más bien, da la impresión de que puede haber problemas estructurales, por ejemplo, de capacidad de agencia del Estado o de base de apoyo electoral, para la construcción de esos nuevos pilares del sistema de bienestar a imagen y semejanza de los anteriores.

Además, emergen asuntos y agentes que reclaman, más bien, abordajes transversales y no tanto, o no principalmente, la construcción de nuevos pilares sectoriales universales. Se trata, claramente, de toda una serie de propuestas políticas que se formulan en clave de igualdad y diversidad, sea de género, generacional, funcional o cultural. Desde estas preocupaciones, sujetos diversos (sin cuestionar el necesario fortalecimiento y desarrollo de los derechos sociales universales reconocidos y, en parte, garantizados por las políticas sectoriales más o menos maduras) reclaman procesos de personalización, flexibilización, adaptación, amigabilidad, relacionalidad, integración, innovación y transformación del Estado de bienestar realmente existente.

En definitiva, el propio éxito del Estado de bienestar tradicional ha desencadenado una mayor complejidad de las demandas hacia él. No puede dejar de reparar y compensar pero, a la vez, debe generar mejores condiciones para la sostenibilidad relacional, ambiental y económica de la vida en los territorios. Debe preparar y predistribuir más , construyendo capacidades individuales y colectivas, porque, si no, la equiparación o redistribución cuando las dinámicas familiares y mercantiles ya han operado, se vuelve demasiado difícil. Difícil, como decíamos, por la limitada capacidad de agencia de los poderes públicos (como la de cualquier agente) y por las dificultades de concitar apoyo social y electoral a nuevas medidas redistributivas en un contexto en el que, previamente, las personas han tenido que competir en un mercado laboral y residencial salvaje e injusto que potencia la individualización (como lo hacen algunas políticas públicas) y socava las relaciones comunitarias y las identidades compartidas.

Estas disyuntivas son estructurales, están en la entraña de las decisiones estratégicas en materia de política social. No tienen que ver sólo con el cuánto sino, sobre todo, con el cómo y, en el fondo, con el porqué. Por eso las hemos de trabajar en la elaboración de los presupuestos, en el diseño de las estructuras organizativas, en la generación del conocimiento y en la construcción del discurso.

(Reflexiones en el marco de conversaciones con responsables de políticas sociales en la Diputación de Barcelona)

El modelo de gestión de la (antes menor) diversidad generacional y funcional mediante la familia heteropatriarcal, nuclear y extensa, ubicada en la proximidad territorial y regida por una moral católica tradicional es cada día más inelegible e insostenible. Y se hacen más frecuentes e intensos fenómenos disfuncionales como el aislamiento social de más personas o las tensiones relacionadas con la crisis de los cuidados y las cadenas globales de cuidados. Disfunciones y tensiones que, interseccionalmente, se retroalimentan con la inequidad, maltrato y violencia de género y con la xenofobia y su expresión política.

Tanto la profesionalización y tecnificación como la digitalización o robotización de cuidados y otros apoyos que, tradicionalmente, se proporcionaban en el seno de relaciones familiares y comunitarias y en un marco de reciprocidad diferida son imprescindibles pero, en cualquier caso, dejan casi siempre sin responder la pregunta por cuál será la norma y la estructura de las relaciones primarias que nos configurarán como personas interdependientes en sociedades ecodependientes. Como personas autónomas en comunidades significativas en territorios sostenibles.

La estructura residencial o las prestaciones de la Seguridad Social, por citar dos mecanismos difíciles de transformar rápidamente, se pensaron para esa sociedad que ya se ha transformado, que ya no es reconocible. Adicionalmente, los procesos de polarización laboral y económica tensionan la sociedad, rompiendo pretéritos vínculos de solidaridad en los que pudieron apoyarse anteriores innovaciones en materia de política social. La lectura de una reciente entrada del blog del SiiS nos da un panorama social vasco a partir de varios estudios.

En nuestra sociedad está próxima a la jubilación la numerosa generación del baby boom, con relativamente buenas capacidades y perspectivas funcionales y económicas. Las personas de esta generación pueden estar divididas y enfrentadas por su sexo, por su origen, por su clase social o por la potencia de su red de relaciones primarias, pero van a compartir, hasta cierto punto, un bagaje de experiencias, un estilo y condiciones de vida y una posición como destinatarias de las políticas sociales (singularmente pensiones, sanidad y servicios sociales).

En un contexto político y presupuestario notablemente hipotecado por anteriores decisiones y deudas y, al parecer, volátil y cortoplacista, la generación del baby boom se encontrará ante el reto de utilizar sus valiosos activos económicos, competenciales, relacionales y de tiempo liberado para desencadenar cambios. En sus manos estará, en buena medida, el cuidado familiar de sus mayores (muchos de ellos con discapacidades) y el apoyo a descendientes, la innovación social en el sistema de bienestar y, en definitiva, la reformulación del contrato intergeneracional y del contrato social en general.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el martes con Fresno Consulting en la Comunidad de Madrid y en una conferencia organizada por Zarautz On. En la imagen, la actividad inicial del proyecto Bizkaia Saretu, del grupo cooperativo de iniciativa social Servicios Sociales Integrados.)