Nuestros servicios sociales, tanto en la red de gestión pública directa que se extiende por el territorio como en el mundo de la iniciativa social y la economía solidaria que ha ido surgiendo desde diferentes experiencias compartidas de vulnerabilidad, viven momentos de tensión, saturación y preocupación, como tantos otros agentes o sectores de nuestra sociedad. Viejas y nuevas fragilidades y riesgos sociales, económicos y políticos golpean las puertas nuestras organizaciones cada vez con más fuerza.

Para una parte de nuestro sector, la zona de confort cognitivo y estratégico es la de pensar que se trata de un problema de recursos económicos y que, si los logramos (o, cuando los logremos), nuestros servicios sociales, públicos o concertados, seguirán la senda de universalización, fortalecimiento y reconocimiento que en su día pudieron transitar otros ámbitos de actividad como, por ejemplo, el educativo o el sanitario. Como la famosa rana que se va adormeciendo en el agua cuya temperatura va subiendo, no pocos líderes de próxima jubilación tienen importantes incentivos para, contra toda evidencia, seguir alentando esta visión.

Sin embargo, en el horizonte económico, laboral, demográfico, social y político hay suficientes síntomas para para afirmar que es altamente improbable que los recursos para la eclosión que no hemos logrado en los últimos diez años los vayamos a lograr en los próximos. Cuando, además, tampoco podemos demostrar que los incrementos de recursos que se han dado en determinados momentos y lugares hayan tenido un impacto significativo en términos de eficiencia organizacional, calidad personalizada, universalización de la atención o aprecio por parte de la ciudadanía.

Los malestares sociales que, a nuestro alrededor, están llevando a sectores de la población o agentes políticos a reclamar un aumento de las pensiones, una verdadera política social de vivienda, una profunda reforma de la administración de justicia, una renta básica de ciudadanía, un salto cualitativo de la inversión infancia o una respuesta eficaz a la violencia de género, por poner algunos ejemplos, no están llevando, en ningún caso prácticamente, a una reivindicación de los servicios sociales. Y, lamentablemente, los agentes implicados en los servicios sociales no estamos siendo capaces de tejer ninguna alianza significativa ni dentro ni fuera de nuestro sector.

El discurso de la mejora técnica y tecnológica en los procesos de diagnóstico, intervención y evaluación en los servicios sociales; el discurso del fortalecimiento y accesibilidad de la red pública de servicios sociales de proximidad; el discurso del aporte de las organizaciones solidarias al dinamismo, alcance e innovación del sistema público de servicios sociales; el discurso de la atención integrada comunitaria intersectorial; y otros discursos acertados y necesarios sólo pueden tener alguna probabilidad de éxito y repercusión práctica si se confrontan, se pulen y se integran entre sí. No es nada fácil y cada vez queda menos tiempo. Pero lo seguiremos intentando.

(A partir de la jornada por el aniversario de la ley vasca de servicios sociales del pasado lunes y de la sesión de ayer en dincat.)

La aprobación de nuestra Ley de servicios sociales, el 5 de diciembre de 2008, está inseparablemente unida a un nombre propio, el de Fernando Consuegra, viceconsejero de asuntos sociales con el consejero Javier Madrazo y el lehendakari Juan José Ibarretxe, sin cuyo tesón, inteligencia política y capacidad para construir consensos, esta ley nunca hubiera llegado a puerto. Precisamente por eso, sin embargo, es una gran obra colectiva cuyo contenido ilusionó a un buen número de personas en nuestra comunidad.

El objetivo principal de esta ley, sin lugar a dudas, era la universalización del sistema público de servicios sociales en el País Vasco. La norma se aprobó con la finalidad de que, pasados ocho años, el conjunto de la ciudadanía vasca percibiera en sus servicios sociales similar grado de seguridad en la protección pública al que ya aprecia en los servicios sanitarios, en los educativos y en las pensiones y otras prestaciones de garantía de ingresos para la subsistencia. Es evidente que dicho objetivo está muy lejos de haberse alcanzado y, por ello, tenemos que reconocer nuestro fracaso colectivo.

Diez años después de la aprobación de la ley, seguimos sin contar con el sistema de información sobre servicios sociales que la misma ley preveía tener en funcionamiento en 2010 y una rápida visita a la web del Gobierno Vasco da cuenta del deficiente estado de la información disponible sobre la materia. Precisamente por eso no tenemos los datos completos y actualizados en los que apoyarnos si se quisiera discutir la afirmación realizada en el párrafo anterior. Sin embargo, hay pocas dudas acerca de que las expectativas de la población vasca sobre la respuesta de sus administraciones públicas en lo tocante a las necesidades de cuidados y otros apoyos para su vida autónoma en familia y comunidad no han variado significativamente en estos diez años y no alcanzan, ni de lejos, a las que esa misma población tiene cuando piensa en sus problemas de salud, en la escolarización de sus criaturas o en su pensión de jubilación, por mucho que estas tres áreas puedan ser objeto de preocupaciones y reivindicaciones diversas.

Apenas se ha desarrollado la arquitectura normativa que la ley preveía, en general, tener lista para 2009 o para 2010. Si bien, con seis años de retraso, se ha aprobado un decreto que establece una cartera de prestaciones y servicios, seguimos sin contar con una regulación de la participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios, sin un decreto sobre la concertación con la iniciativa social o privada, sin un símbolo distintivo que identifique a todos los centros del sistema, sin una regulación jurídica de la dotación mínima de recursos y sin una definición normativa de la mayoría de los servicios previstos en la cartera. La Alta Inspección de Servicios Sociales, que sí fue regulada, está inactiva y la dinámica de gobernanza del sistema y de integración intersectorial con otros sistemas prevista en la ley está prácticamente inédita.

Curiosamente, el texto jurídico que más ha afectado a sistema público de servicios sociales en estos años no se inscribe en el desarrollo de la Ley de servicios sociales sino que es la modificación de la Ley de garantía de ingresos de 2011, que saca de los servicios sociales la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Lamentablemente, carecemos de evidencia relevante acerca del impacto que la liberación del equivalente a varios cientos de puestos de trabajo a jornada completa en los servicios sociales, por labores que han pasado a Lanbide, haya tenido en el impulso del modelo de servicios sociales de atención continuada, de proximidad, planificados y evaluados, de base tecnológica y centrados en la persona que pretende impulsar nuestra legislación, tanto en 2008 como en 2011.

Seguramente las razones de este fracaso colectivo son una mezcla de la debilidad de la demanda social, las limitaciones del liderazgo político, la insuficiente apuesta presupuestaria, la fragilidad de la comunidad profesional y de conocimiento, la desorientación estratégica de muchos agentes, las ineficiencias de la estructura institucional y otras razones. Seguro que, también, la propia ley de 2008 tiene defectos en su diseño que, en su momento, no supimos ver. Sea como fuere, este décimo aniversario debe servir como un revulsivo para que los agentes implicados en los servicios sociales vascos reorientemos y redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un giro y un impulso estratégico que conduzca más pronto que tarde a esos servicios sociales universales, personalizados, basados en el conocimiento, integrados y comunitarios que tan acertadamente dibuja nuestra ley.

(Artículo publicado en El Correo y El Diario Vasco el 5 de diciembre de 2018. En PDF aquí. Sobre la Ley vasca de servicios sociales debatiremos hoy, 10 de diciembre, en la jornada organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.)

El capitalismo informacional tiene gran capacidad para deslocalizar, desterritorializar y desmaterializar procesos y activos pero los seres humanos de carne y hueso seguimos necesitando respirar, alimentarnos, desplazarnos, cuidarnos, abrazarnos y reconocernos físicamente, ubicados en determinados entornos geográficos. Mientras segmentos sociales acomodados (más allá del famoso 1%) están cada día más desapegados del suelo, los procesos de precarización y exclusión laboral, residencial y económica generan desplazamientos forzados, hacinamiento urbano, contaminación ambiental o despoblación rural.

En este contexto, la dimensión territorial y ambiental adquiere centralidad en la lucha de clases y el conflicto social. Y cada persona, cada grupo, cada organización y cada institución se ve confrontada ante la pregunta sobre su contribución para hacer materialmente posible o imposible la vida diaria y cotidiana de las personas que están en cada barrio y en cada pueblo o que llegan a establecerse en ellos. Especialmente la de las mayorías sociales con menor capacidad de despegarse de la tierra, con mayor dificultad de cambiar de territorio, por limitaciones funcionales, económicas o de otros tipos.

Sin embargo, quizá en la conciencia acerca de esa fragilidad compartida por más y más personas podamos encontrar, justamente, una oportunidad para el encuentro transformador. Es lo que nos enseña la economía solidaria que nos habla del kilómetro cero, que promueve el fortalecimiento de transacciones de proximidad para que nuestras vidas y territorios sean más sostenibles, menos dependientes, más eficientes y menos vulnerables. También, ciertamente, ante la eventualidad de un colapso financiero, económico, ambiental, militar, sanitario, político o de otra índole, a menor o mayor escala.

Por todo ello, nuestros servicios sociales se ven invitados a superar sus tendencias excluyentes y punitivas y sus prácticas de clasificación de personas para segregarlas de sus comunidades y, más bien, se les pide desarrollar y extender modelos de política, organización e intervención social que favorezcan la autonomía funcional y las relaciones comunitarias de todas las personas (diversas sexualmente, generacionalmente, funcionalmente y culturalmente) en unos territorios rurales y urbanos a cuya sostenibilidad relacional, laboral y material deben contribuir mucho más significativamente.

(Sobre estas cuestiones debatiremos el lunes, 19 de noviembre, con Servicios Sociales Integrados, en Bilbao; el miércoles 21 en Hospitalet de Llobregat, en el congreso de la Taula del Tercer Sector; el jueves 22 en el Congreso de las Diputadas, en una jornada de Podemos; y el viernes 23, en Hernani, en una jornada de HZ. La fotografía corresponde al mercado de la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco, en Bilbao.)

Si nuestro modelo de funcionamiento social, en general, y, dentro de él, el conjunto de mecanismos públicos de bienestar están en una crisis sistémica, ninguno de los artefactos técnicos u organizativos existentes en la actualidad para regular e impulsar los procesos productivos y la inclusión social puede percibirse y proyectarse a sí mismo como una realidad estable de futuro asegurado.

La intervención social que, en nuestro entorno, se practica, fundamentalmente, en los servicios sociales y, también, en otros ámbitos sectoriales de actividad y que se apoya en el conocimiento disciplinar y las tecnologías del trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social, entre otras, se encuentra, posiblemente, ante una disyuntiva determinante de su futuro: replegarse a funciones de control administrativo de colectivos de riesgo y de recursos racionados y condicionados para su supervivencia o reinventarse como saber y tecnología de promoción de la autonomía funcional, el empoderamiento personal, la autodeterminación vital, las relaciones primarias, la convivencia familiar y la vida comunitaria de todas las personas en el territorio.

La primera de las opciones dispone de fuertes elementos tractores, tales como: la alarma ciudadana y política ante situaciones que se presentan como de emergencia social, crecientes y de creciente gravedad; los intereses e inercias laborales o cognitivas de determinadas capas de profesionales y directivas de los servicios sociales; o interesadas percepciones, análisis y visiones estigmatizantes y simplificadoras acerca de ciertos perfiles de personas, en un contexto de incremento de la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.

Sin embargo, la apuesta por una intervención social y unos servicios sociales de carácter universal, preventivo, digitalizado, personalizado, relacional y comunitario tiene todos los atractivos y todas las pegas de cualquier operación de creación de un nuevo dispositivo de ingeniería social, dado que, si bien este modelo de intervención social y de servicios sociales hunde sus raíces en numerosas y valiosas experiencias y conocimientos de nuestras comunidades de práctica y aprendizaje, cuando lo proponemos, debemos, honestamente, reconocer ante la sociedad que le estamos hablando de un dispositivo, en parte, nuevo, de un cierto viaje a lo desconocido.

Una sociedad no puede afrontar simultáneamente muchos experimentos de este estilo. No podemos, a la vez, experimentar una nueva fiscalidad, instalar una renta básica, universalizar la educación infantil, cambiar el modelo de ciencia e innovación, hacer una revolución en la Administración, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, modernizar la Justicia, darle la vuelta la política de vivienda, reindustrializar el país, repoblar los territorios vacíos, construir una nueva intervención social y unos nuevos servicios sociales y así sucesivamente. Si las gentes de la intervención social y los servicios sociales queremos oportunidades, alianzas, recursos y apoyos para esta aventurada apuesta, vamos a tener que ser muy convincentes ante muchas personas. Ese es nuestro reto.

(Sobre estas cuestiones hablaremos los días 12 y 13 de noviembre en un curso en Castellón, el día 14 en Dincat en Barcelona y el día 15 con personas de los servicios sociales y de Osakidetza en el Hospital de Basurto y en una conferencia, a las 19 horas en Arrupe Etxea, en Bilbao, organizada por la asociación Fe y Justicia. La imagen pertenece a la iniciativa Gau Irekia/Noche Abierta del barrio San Francisco, en Bilbao, de 2017. Pronto será la siguiente.)

Las personas con responsabilidades técnicas y directivas en nuestros servicios sociales son cada vez más conscientes, seguramente, de la creciente competencia (por el aprecio de la ciudadanía en la respuesta a determinadas necesidades) que han de mantener con otros sectores de actividad cómo, por ejemplo, el sanitario, el del trabajo doméstico, el de la seguridad o el educativo. A la vez, parece ir creciendo la conciencia de qué la base para el éxito en dicha dinámica competitiva residirá, fundamentalmente, en qué los apoyos (cuidados, productos, aplicaciones, intervenciones, prestaciones, experiencias) qué ofrezcan los servicios sociales aporten un mayor valor a las personas y sean percibidos cómo más valiosos por parte de la población. Para ello, posiblemente, dichos apoyos habrán de ser cada vez más:

1. Elegibles. Es decir, identificables, diferenciables y reconocibles para las personas. Seguramente, la oferta de los servicios sociales ha de huir cada vez más del lenguaje técnico o administrativo para ser presentada de forma más comprensible para las personas a las que se dirige. Porque, cada vez más, deberemos ser las personas las que decidamos, con mayor libertad, los cuidados personales que deseamos recibir, las actividades comunitarias en las que deseamos participar o las aplicaciones para la interacción que deseamos instalar.
2. Personalizables. El acompañamiento social para reconfiguración de unas relaciones familiares, la ayuda personal para la realización de las actividades de la vida diaria o la prescripción de un producto de apoyo qué facilite el desenvolvimiento cotidiano se habrán de realizar, cada vez más, sobre la base de una valoración o diagnóstico individual y compartido qué permita el ajuste flexible a las características y deseos de cada una de las personas. Resulta cada vez más intolerable la homogeneidad, la imposición tecnocrática, la ausencia de asunción y cuidado de la diversidad y la falta de respeto por las preferencias individuales existentes en no pocos de nuestros servicios sociales.
3. Integrables. La creciente complejidad de las demandas y procesos sociales obliga a diseñar apoyos capaces de integrarse intra e intersectorialmente con otros muchos y diversos, de modo que se facilité la proximidad y continuidad en la intervención. Así, por ejemplo, hemos de ser capaces de diseñar los cuidados personales (presenciales o virtuales) de tal modo que, excepcionalmente, puedan ofrecerse dentro de un paquete integrado intrasectorialmente con alojamiento (en un servicio social de carácter residencial) o intersectorialmente con la oferta de alojamiento que se haga desde el sector de la vivienda (como modelo más habitual).
4. Evaluables. La evaluación, incorporada de forma cada vez más esbelta y automática en los procesos de intervención, aumentará nuestra capacidad de determinar y mostrar la evidencia de los efectos que tienen los apoyos en la interacción de las personas, es decir, en su autonomía funcional para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones familiares y comunitarias, sin olvidar el impacto o efecto indirecto en otras áreas de la vida de la persona, como puede ser su situación de salud, laboral, económica o habitacional.
5. Prescindibles. Sí bien la cronicidad de determinadas situaciones aconsejará el mantenimiento a largo plazo de determinados productos, cuidados, actuaciones o, en general, apoyos, dentro de los servicios sociales, la norma general deberá ser que dichos apoyos se retiren en la medida en qué el desarrollo de la autonomía y autodeterminación o de los soportes relacionales primarios de las personas en su vida cotidiana lo permita.

Desde cada lugar concreto de nuestros servicios sociales podemos preguntarnos en qué medida los estamos pensando y produciendo como apoyos elegibles, personalizables, integrables, evaluables y prescindibles (o elegidos, personalizados, integrados, evaluados y, finalmente, retirados) y, si o es así, en qué medida constituyen una oferta atractiva para las personas de nuestras comunidades y una herramienta eficiente para contribuir significativamente a la sostenibilidad de la vida en nuestros territorios.

(Este esquema de cinco claves está entre los preparatorios del curso “Gestión de cambios estratégicos en los servicios sociales de proximidad” que realizaremos en Castellón los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre de 2018.)