Resulta un lugar común señalar que nuestro modelo social se las arregla mal con fenómenos emergentes que no sabemos bien dónde y cómo abordar: los cuidados, la exclusión social, la longevidad, la conciliación de diferentes facetas de la vida, la soledad, la salud mental o la convivencia en diversidad podrían constituir algunos de esos problemas o riesgos sociales que cabría adjetivar como complejos, al menos desde el conocimiento disponible hoy para hacerles frente.

Hacer prospectiva en relación con la acción pro bienestar supone, entre otras cosas, intentar acertar en qué orden y con qué medios se podrían ir enfrentando esos y otros retos y cómo ello podría trasformar el conjunto de dispositivos para el bienestar (familias, dinero, Seguridad Social, empresas, sistema sanitario u otros) con el que contamos hoy y aquí.

Si aceptamos que se nos ha ido la mano, por ejemplo, con la individualización, la mercantilización y la medicalización del bienestar, parecería razonable apostar por invertir, alternativamente, en facilitación de la convivencia y la colaboración en los domicilios y vecindarios apoyándonos en el urbanismo social, la acción comunitaria y las tecnologías digitales, pero hemos de reconocer que, por el momento, sólo contamos con prototipos muy iniciales o tentativos de ese tipo de respuestas o dinámicas.

La libertad individual, el dinero o la medicina y farmacia convencionales, por citar tres importantes, siguen siendo bienes muy apreciados en nuestra sociedad (por buenas razones en muchos casos) por más que repitamos que, en gran medida, los desafíos mencionados al principio de esta entrada son los de una sociedad de individualismo posesivo y consumista y consiguiente desvinculación y segregación social. Una sociedad, por tanto, que necesita otros puntales (en claves relacionales y comunitarias, de proximidad física, emocional y existencial, con soporte digital), tanto como esos.

La presión sobre nuestras vidas que están representando la actual pandemia y su gestión y derivadas representa una enorme prueba para nuestra inteligencia política, nuestra compasión solidaria y nuestro universalismo ilustrado. Los que el capitalismo extractivo y adictivo construye como segmentos y nichos de mercado pueden transformarse en nidos ecológicos en red, posibilitadores de la vida de cualquier persona. Las vidas que la cultura digital de la satisfacción individual aliena y desvincula pueden trenzarse en sentidos compartidos y proyectos ilusionantes. Lo que la logística para el consumo llama la última milla es en realidad, ojalá pueda ser, la primera milla para nuestra convivencia cotidiana, autónoma, inteligente, solidaria y sostenible.

Sin duda, hay tajo.

(En la foto, actuación del grupo Etorkizuna Musikatan en el Museo de Reproducciones Artísticas del barrio de San Francisco (Bilbao) en la reciente Gau Irekia, noche abierta.)

En Europa, ha sido en buena medida el éxito de las políticas sociales, en la segunda mitad del siglo XX (en España con cierto retraso), el que ha transformado la sociedad, de modo que la potencia combinada de la economía del conocimiento y el Estado de bienestar nos ha permitido, en muchos casos para bien, romper anclajes de género, familiares, intergeneracionales, comunitarios, laborales, económicos, morales o religiosos.

Sin embargo, ello nos coloca ante nuevos riesgos sociales, para los cuales el sistema de bienestar tradicional no está preparado. Frente a una sociedad ordenada con mecanismos de inclusión social que van apareciendo en cascada (primero familia, luego mercado, después Estado y, finalmente, tercer sector), emerge una sociedad compleja, globalizada, reticular, de consumo, individualizada, reflexiva, longeva, financiarizada, digitalizada, desacralizada y del riesgo, con oportunidades inéditas de calidad de vida e inclusión social pero con nuevas y potencialmente catastróficas amenazas de fragmentación y exclusión social. Ante esta realidad algunas claves para el cambio necesario en políticas sociales serían:

1. Predistribución, como enfoque complementario al de la redistribución. Las políticas redistributivas actúan después de que los mecanismos biológicos, familiares o mercantiles, fundamentalmente, han generado desigualdades y las compensan o corrigen en parte. Sin embargo, en la sociedad que hemos descrito, esa redistribución llega demasiado tarde y por eso se necesitan unas políticas sociales más proactivas y preventivas, que construyan capacidades individuales y colectivas y eviten cuanto antes (aguas arriba) tanta divergencia hacia la desigualdad de oportunidades, apoyos y resultados en las trayectorias de las personas.

2. Revinculación, como imperativo para la sostenibilidad. La globalización neoliberal ha ido demasiado lejos en su intento de individualización, mercantilización, financiarización y deslocalización de las actividades humanas y estamos aprendiendo, a base de mucho sufrimiento en ocasiones, el valor de la proximidad, de la circularidad, de la reciprocidad, de la confianza, de la comunidad, pues, en definitiva, somos cuerpos físicos altamente vulnerables embebidos en un entorno humano y natural con el que nos tenemos que reconciliar, también los seres urbanos y las nómadas globales.

3. Experimentación, como dinámica imprescindible de generación de conocimiento. La sociedad del conocimiento es la sociedad de la investigación, de la tecnología y de la innovación en todos los niveles: operativo, organizativo y político. Las políticas sociales deben volverse exploratorias y, cada vez más, experimentales y aspirar a estar basadas en la evidencia, resultando imperativo fortalecer el trabajo de formulación de teorías del cambio y las herramientas de evaluación de los impactos, en el marco de ecosistemas de conocimiento abiertos, plurales, densos y dinámicos.

4. Integración tanto vertical (multinivel) como horizontal (intersectorial), como imperativo ante el riesgo de la saturación, confusión y disfunción del conjunto de políticas públicas y actividades profesionales. Cada vez más, necesitamos una arquitectura ordenada de las políticas sectoriales, transversales e intersectoriales en las que no hablemos de una coordinación o trabajo en red a partir de unidades concebidas como independientes sino de una dinámica estructurada de atención, gestión y gobernanza integradas, aprovechando las posibilidades de la capa digital.

5. Coproducción, como capacidad de aprovechar las ventajas comparativas de cada tipo de agente para determinadas funciones, para determinado conocimiento. Coproducción es innovación social en la medida en que supone innovación en los medios o concierto entre agentes. Es especialmente la hora de la emergencia de la sociedad civil organizada, del procomún, de la espiral del don, de la economía solidaria, del tercer sector como estación intermodal entre Estado, mercado y comunidad. Un tercer sector que, sin dejar de ser samaritano y proveedor, ha de ser, cada vez más, navegador.

Estas cinco claves pretenden ayudar a enfocar la transformación de nuestro sistema de bienestar, sugiriendo alternativas frente un exceso de monetización y burocratización de la política social y a preocupantes síntomas de aumento de la ineficiencia e inequidad. Parecen necesarias especialmente para que los grandes programas tradicionales (como pensiones y sanidad) no se conviertan en parte del problema y, en general, para poder sortear el riesgo de colapso de nuestras políticas sociales.

(A partir de notas compartidas en una colaboración con el Ayuntamiento de Mataró, cuyo puerto aparece en la fotografía.)

La arquitectura de nuestro Estado de bienestar nunca podrá concebirse como una obra acabada puesto que es imprescindible, como vemos con más claridad que nunca en estos tiempos pandémicos, que tenga la flexibilidad y adaptabilidad para transformarse y escalarse rápida y adecuadamente en función de las circunstancias y cambios sociales. Naturalmente, en estos tiempos, hemos prestado especial atención a las políticas de salud, pero, lógicamente, otras políticas sociales, otros avances y reformas en materia de protección social llaman con fuerza a la puerta en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI en España. A continuación se recogen algunos.

Los servicios sociales en España no han acabado de superar la condición residual que tenía en su día la Beneficencia. Siguen siendo configurados, presentados y vistos, en buena medida, como un último recurso para cualquier necesidad siempre que se demuestre que dicha necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Sin embargo, es bien diferente el concepto y modelo de servicios sociales que predomina en la comunidad de práctica y conocimiento: el de un sistema público de servicios sociales universal y centrado en la persona en el que cada ciudadana o ciudadano, en cualquier momento y circunstancia de su vida, pueda obtener los cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que le permitan complementar y potenciar su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Conscientes de la crisis de cuidados, la desvinculación comunitaria y el riesgo de colapso relacional en que nos encontramos, en la reconstrucción pospandémica, se ha de impulsar como uno de los ejes principales la investigación, desarrollo e innovación para unos servicios sociales profesionalizados y digitalizados, integrados vertical y horizontalmente y cada vez más preventivos y participativos, mediante la concertación social y la alianza estratégica entre los poderes y administraciones públicas, los agentes del conocimiento y las organizaciones solidarias de base comunitaria.

El Ingreso Mínimo Vital ha empezado a ser y debe ser en mucha mayor medida una pieza clave para dar un paso decisivo en el proceso de universalización, integración (vertical entre Estado y comunidades autónomas) y agilización de la política de garantía de rentas o ingresos mínimos para la subsistencia (en gastos de alimentación, vestido y suministros, fundamentalmente) y de su interoperabilidad digitalizada con las Haciendas, aproximándose al concepto de impuesto negativo. Debe tratarse de una política decididamente proinfancia y estimuladora del empleo y cada vez más diferenciada y separada de la labor de intervención social de los servicios sociales públicos y solidarios. Una política cada vez más digitalizada y automatizada que ensamble las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital hasta cubrir suficiente y eficientemente todos los perfiles de necesidad. Una política basada en la evidencia que se aleje de cualquier planteamiento contraprestacional y punitivo. Una política atenta a sus efectos en los mercados de bienes y servicios en los que se utilizan los ingresos que entrega y exigente con las proveedoras presentes en dichos mercados (alimentación, ropa y energía, fundamentalmente).

La política de vivienda y urbanismo debe tener como misión garantizar a toda la población las infraestructuras físicas de alojamiento y el espacio público que le posibiliten llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. El territorio y la vivienda no son meras mercancías, son derechos fundamentales y bienes de primera necesidad con un notable impacto en el disfrute de otros, como el empleo o la salud. Es urgente una apuesta decidida por ampliar considerablemente el parque de vivienda pública en alquiler (con un fuerte enfoque juvenil e intergeneracional) y por la aplicación de una mirada comunitaria a la rehabilitación y construcción de vivienda y a la estructuración del espacio público, con medidas como las reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; o las innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de convivencia y apertura de la vivienda al espacio comunitario y público.

La regulación e inversión inteligentes para la competitividad de nuestras industrias y, en general, de la economía española en el marco de la globalización ha de apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente sostenible y en el que crezcan las economías solidarias, circulares y de proximidad, imprescindibles para la retención del talento y la calidad de vida en los territorios. La conciliación de la vida laboral y personal ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y solidaria. Debemos impulsar desde el diálogo social un transformador círculo virtuoso entre poder sindical, calidad del empleo, versatilidad empresarial y productividad de los factores.

El Pacto de Toledo es la expresión fundamental de nuestro contrato social, de nuestra mutualización solidaria de riesgos con enfoque de justicia económica, igualdad de género y equidad intergeneracional. Nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social constituyen el pilar central de nuestro Estado de bienestar con interfaces críticas tanto con las políticas de empleo como con las de salud, servicios sociales, empleo y vivienda así como con los diferentes programas de garantía de ingresos y, por supuesto, con la política fiscal. Nuestro sistema de protección social ha de reforzarse y adaptarse a la sociedad de la longevidad y a los nuevos riesgos sociales asociados a la diversificación de trayectorias, hitos, circunstancias y contingencias vitales de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de abandonar por completo su carácter patriarcal y contribuir a la emancipación y libre unión de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de incentivar la actividad laboral y económica mediante un inteligente diseño de la compatibilidad y complementariedad entre el empleo y la percepción de prestaciones.

(Reflexiones al hilo de diversos trabajos precongresuales en partidos socialistas y varias colaboraciones con organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, a la que pertenece la ilustración.)