En una gran parte de nuestros servicios sociales está operando una conjunción perversa de poderosas fuerzas que tienden a configurarlos como quistes puramente administrativos, dedicados al racionamiento de ayudas económicas residuales, estigmatizantes y menguantes. Éstas pueden ir dirigidas a personas (frecuentemente sometidas a humillantes procesos de control) o a entidades (acentuando su burocratización, fragmentación y autorreferencialidad). A la vez, los servicios sociales públicos, en esos lugares, dejan, sin especial conciencia de hacerlo, un enorme campo a la oferta privada, bien de servicios sociales (frecuentemente residenciales), bien de otro tipo de servicios (domésticos, por ejemplo) o a otros servicios públicos más proactivos y demandados (como los policiales, los educativos o los sanitarios).

¿Cuáles serían esas poderosas fuerzas que nos van arrinconando? ¿Qué factores desencadenan esa indeseable dinámica? Fundamentalmente, las crecientes olas de demanda cada vez más desorientada, compleja y acuciante de personas en proceso o situación de exclusión social. Demanda que, en la mayoría de los casos, los servicios sociales manejan de forma ineficiente, por su posicionamiento estratégico erróneo y confuso y por la fragilidad de sus capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión. Sazónese lo anterior con la constante bajada de peso y visibilidad en las agendas políticas de los servicios sociales, frente a otros asuntos, impulsados por diversas alianzas estratégicas de distintos agentes.

En general, nuestros servicios sociales, atomizados institucional y profesionalmente e incapaces de alinearse en un relato creíble de futuro, están fracasando a la hora de comunicar a la sociedad que jamás podrán hacerse cargo solos de esa demanda compleja, generada por procesos estructurales de exclusión económica, residencial o laboral. También lo están haciendo en la tarea de expresar para qué sí pueden ser útiles en nuestras sociedades, es decir, por qué cuidados, apoyos e intervenciones quieren ser reconocidos. En ese contexto son y van a ser fácilmente presa de mutilaciones y recortes o de encargos envenenados, en función de las estrategias de otros sectores, sistemas, coaliciones o agentes.

Sin embargo hay islas en ese océano de aguas turbulentas. Hay instituciones, organizaciones y personas que nos muestran que otros servicios sociales son posibles: que mantienen y refuerzan la apuesta presupuestaria por la dignidad y la universalidad; que practican la interdisciplinariedad profesional y la integración organizativa centradas en las personas; que se desprenden responsablemente de encomiendas inadecuadas e innovan en programas que llenan de contenido sus funciones. Y que, en definitiva, nos ayudan a seguir realizando, construyendo y soñando unos servicios sociales preventivos y comunitarios, productivos y humanistas, determinantes para la sostenibilidad de la vida en el territorio.

(Al hilo de trabajos en curso con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Bilbao, Servicios Sociales Integrados, la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, Aubixa, Podemos, la Red Española de Política Social, Esquerra Republicana de Catalunya o la Comunitat Valenciana y como preparación de la primera reunión del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de España.)

Los consensos de la comunidad científica y las preferencias de la ciudadanía expresadas en diversas encuestas apuntarían (como recuerda Pilar Rodríguez) a que, sin desconocer la importancia de otras herramientas del Estado de bienestar, el instrumento clave para dar respuesta a la crisis de los cuidados, a la soledad no deseada, al maltrato en el seno de las relaciones primarias o a la gestión de las diversidades en la convivencia vecinal (algunos de nuestros principales retos sociales) es el desarrollo de los servicios sociales y, específicamente, de los servicios sociales que se prestan en el domicilio, en el territorio o en el entorno digital, en la medida en que son aquellos que permiten actuar de forma más preventiva y personalizada, fortaleciendo la capacidad de las personas de desenvolverse autónomamente en su vida cotidiana y los vínculos familiares y comunitarios en todos los momentos del ciclo vital.

Hay que ser conscientes, en todo caso, de que, para responder a esos retos, no basta con una apuesta presupuestaria pública por los servicios sociales, sino que ésta debe concebirse como una gran misión (en expresión de Mariana Mazzucatto) para una transformación de lo que ahora son unos servicios sociales en buena medida residuales, subsidiarios, fragmentados y asistencialistas en un sistema universal, integrado, preventivo y comunitario, que sólo puede lograrse mediante una apuesta colectiva por el conocimiento y la innovación tecnológica y social, que, por cierto, afectará especialmente a las interfaces entre los servicios sociales y las políticas de salud y de vivienda.

A la vez, en el actual momento desarrollo de las políticas sociales en nuestro entorno, no parece aconsejable la profusión, improvisación, desorden, confusión e, incluso, saturación que existe en lo tocante a las iniciativas de carácter intersectorial. Se impone que una autoridad central dirija unas estructuras de gobernanza intersectorial con partícipes claros y dinámicas establecidas. Una estructura que pueda replicarse hacia arriba (en territorios más extensos) y hacia abajo, en territorios más pequeños. En esta gobernanza intersectorial del bienestar es fundamental trabajar la intersectorialidad entre diferentes ramas las políticas sociales, pero también, de igual modo, la que se produce entre éstas y otras ramas de política pública identificadas como laborales y económicas o urbanísticas y ecológicas. Una sociedad de cuidados y unos territorios sostenibles requieren estrategias científicas, económicas, educativas y laborales de país que contribuyan a relocalizar la economía para generar territorios vivibles y competitivos en la globalización digitalizada (como señala Cathy Baldwin).

Por otro lado, es fundamental sacar de los servicios sociales cualquier tipo de prestación económica para hacer frente a las necesidades de subsistencia. En realidad, se trataría (al modo de Miguel Laparra) de explorar las oportunidades de simplificar y unificar la gestión de un conjunto amplio de prestaciones y ayudas económicas (contributivas y no contributivas) y, a la vez, coordinar e integrar estas políticas con la política fiscal (y, especialmente, tributaria). Se trataría de superar la fragmentación, opacidad, costes de gestión y efectos no deseados presentes en el manejo público de las entregas dinerarias que la Administración proporciona a las personas, visualizándolas conjuntamente con las bonificaciones, deducciones, desgravaciones o exenciones que se dan en el marco de la política fiscal.

A la vez, una fiscalidad suficiente y justa, capaz de contribuir a la sostenibilidad y equidad intergeneracional, aparte de ser más efectivamente progresiva en general, debe afectar, posiblemente, de forma especial, a impuestos que, como los de patrimonio, sucesiones o transacciones financieras (como señala Ignacio Zubiri), resultan crecientemente disfuncionales, en la medida en que favorecen la acumulación y transmisión intrafamiliar de los recursos económicos en un contexto en el que las funciones, por ejemplo de cuidados, que realizaban las familias, se están transfiriendo (y en buena medida así ha de ser, aunque de otro modo) a otras instancias sociales y, singularmente, a los servicios sociales.

(Al hilo de trabajos con Servicios Sociales Integrados, el Gobierno de Navarra, Aubixa, Podemos o Dincat.)

Cuando se propone la interacción como objeto de los servicios sociales, no se está haciendo referencia, exactamente, a ninguna conceptualización preexistente de ese término, sino que se está proponiendo, en cierta medida, una nueva acepción o una versión precisa de la palabra “interacción”, para plantearla como denominación breve de la situación o necesidad de la que, según se dice, se ocupan o debieran ocuparse (en la que desencadenan cambios, a la que afectan, en la que obtienen efectos) la intervención social y los servicios sociales. Solemos decir que la interacción tiene dos facetas o dimensiones inseparables: la de la autonomía funcional y la de la integración relacional. Veamos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la OMS, aprobada en 2001, se refiere a estados de salud (o relacionados con la salud) de las personas y para ello se fija en las diferentes estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo humano, y funciones corporales (que incluyen las que denomina funciones psicológicas, que podemos denominar también mentales o cognitivas), que permitirán realizar unas determinadas actividades mediante las cuales las personas tendrán una participación social (teniendo en cuenta, lógicamente, los factores contextuales). Así, por ejemplo, las funciones visuales estarán relacionadas con el ojo y estructuras conexas y permitirán, por ejemplo, la actividad de mirar y la participación de la persona, por ejemplo, en un baile. Dentro de este marco conceptual se entiende que las capacidades de las personas (definidas por la CIF como aptitudes de un individuo para realizar una tarea o acción) dependen, en buena medida, del estado de sus estructuras y funciones corporales, pero también de los procesos de aprendizaje social.

La autonomía funcional es, por tanto, la capacidad relativa de funcionar sin depender, sabiendo que siempre existe algún grado de dependencia o interdependencia. Nótese que, si bien el concepto de autonomía, originariamente, remitía más bien a la capacidad de darse normas (autonomía moral), su uso se ha ido extendiendo también a otras capacidades más operativas, es decir, a la capacidad de ejecutar las decisiones (se llega a hablar incluso de la autonomía de un coche, para referirnos a su capacidad de funcionar sin repostar). La autonomía funcional se refiere a las capacidades del cuerpo (que en el lenguaje de la CIF incluyen, por ejemplo, las cognitivas, y emocionales, para el autogobierno), pero no a otras dimensiones de la autonomía como, por ejemplo, la autonomía económica.

Lógicamente, la autonomía funcional de las personas es relevante en varios ámbitos de su vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral es relevante la capacidad funcional que se configura como cualificación profesional. Así, podríamos referirnos al repertorio de capacidades o competencias que posee una ebanista, un flautista o una taxista. Pues bien, la parcela o dimensión de la autonomía funcional que, según proponemos, nos interesa como objeto de la intervención social y los servicios sociales es la que tiene que ver con las denominadas Actividades de la Vida Diaria (sobre las que no cabe extenderse aquí). Entendiendo que, a la hora de decir si una persona es capaz de realizar las AVD (incluyendo, obviamente, el autocuidado), aparte de la capacidad para su pura ejecución física, se toma en cuenta la capacidad cognitiva de tomar adecuadamente las iniciativas y decisiones (a corto, medio o largo plazo) correspondientes o el ejercicio de la vigilancia o supervisión del propio cuerpo y del entorno que permite tomar dichas iniciativas o decisiones. La autodeterminación se ve, así, como una parte o dimensión de la autonomía funcional.

Posiblemente, disciplinas como la medicina o la pedagogía nos ayudan, a través de las estructuras corporales y las capacidades funcionales, a mirar las cosas del lado de la autonomía funcional y disciplinas como la psicología comunitaria o la microsociología nos colocan, más bien, del lado de la integración relacional, con conceptos como apoyos naturales o apoyo social. Así, volviendo al ejemplo del ámbito laboral, para que nuestra ebanista, nuestro flautista o nuestra taxista lo sean, no basta con que tengan las capacidades funcionales correspondientes, sino que su entorno laboral debe incorporarlos en empleos, es decir, se debe dar un ajuste entre capacidad profesional e integración laboral. Pues bien, en el objeto que proponemos para la intervención social y los servicios sociales, la otra cara de la moneda de la autonomía funcional para las actividades de la vida diaria es la integración (la convivencia, la inclusión, la relación) familiar y, en general, comunitaria (dicho de otra manera, la socialización primaria). Se asume, por tanto, que hay un marco de vida cotidiana en el que se busca un ajuste entre esas dos caras de la moneda y que para un adecuado estado de interacción, lo relevante es el ajuste. Así, por ejemplo, todas las criaturas recién nacidas disponen de una limitada autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, pero pueden estar en un perfecto estado de interacción si disponen de una adecuada red familiar y comunitaria. Del mismo modo, podremos decir que una persona sin familia ni amistades que llega a vivir a un nuevo lugar, si es capaz de desenvolverse cotidianamente, no tiene especiales necesidades de apoyo en lo tocante a su interacción.

Con las contribuciones de estas y otras áreas de conocimiento es posible identificar la interacción humana como un bien para cualquier persona, un bien que es diferente de (y sinérgico con) la salud, el conocimiento, la subsistencia, el alojamiento o el empleo,  por ejemplo, objetos de otros sectores de actividad. Un bien del que disfrutamos en la medida en que disponemos de esas dos caras de la moneda de las que hemos hablado: de la autonomía funcional en la convivencia comunitaria, que al ser autonomía es interdependencia; y de la integración relacional en las redes primarias, que, al ser integración, es activa por todas las partes participantes.

(Adaptado de un libro colectivo de próxima publicación.)