Conozcamos, cuidemos y construyamos la #Primaria

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La denominación de “primaria” para una parte de la atención que prestan o de la intervención que realizan determinados servicios públicos se utiliza, sobre todo, en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios sociales. Si bien ese adjetivo tiene en cada caso connotaciones algo diferentes, en los tres mencionados lo asociamos a conceptos como proximidadaccesibilidad y personalización. Así, la atención primaria de salud, la educación primaria y los servicios sociales de atención primaria podrían entenderse como la principal interfaz de contacto y primera instancia de servicio de sus respectivas ramas del sistema de bienestar para el conjunto de la población y para cada una de las personas (con un planteamiento abarcador, de comprensividad).

En los modelos de bienestar de mayor consenso en las correspondientes comunidades de conocimiento estas ramas de la protección social (y otras) se postulan como universales, de suerte que podría decirse que en la primaria (sea sanitaria, educativa o de servicios sociales) nos encontraríamos (o por la primaria pasaríamos) más o menos todas las personas (en función de nuestras correspondientes necesidades), teniendo la primaria importantes dimensiones de prevención y promoción. A partir de ahí parece lógico que, sin detrimento de dicha universalidad, los itinerarios que podamos seguir en cada una de las ramas nos puedan ir llevando desde la primaria hacia servicios (sanitarios, educativos o sociales) más especializados y, por lo tanto, dirigidos a segmentos poblacionales más reducidos.

Por todo lo anterior es lógico y beneficioso que la primaria (sanitaria, educativa o de servicios sociales) tenga una referencia territorial (territorialidad) relativamente reducida y que tengamos más a mano, por ejemplo, los centros de salud, las escuelas o los servicios sociales de base, de carácter primario, que los hospitales, las universidades o servicios sociales considerados especializados. En todo caso, fenómenos como la prestación de servicios a domicilio o en la calle o su digitalización están alterando la relación entre la prestación de servicios (sanitarios, educativos o sociales) y el territorio. Sea como fuere, tanto mediante la cercanía física como a través del acceso digital, la clave es que la estructuración de los servicios posibilite la continuidad y longitudinalidad de los procesos de relación (atención sanitaria, acción educativa o intervención social) entre profesionales y población, entre los servicios y la comunidad.

Desde las funciones de regulación y planificación, a la hora de ubicar dentro o fuera de la primaria unas u otras actividades, contenidos, estructuras o tecnologías no hay nada que, por esencia, deba o no pertenecer a la primaria. El dinamismo, la flexibilidad y la plasticidad, por tanto, caracterizan la historia de la primaria, así como la necesidad de que esté bien integrada vertical o intrasectorialmente con las otras partes dentro de cada rama de servicios (sanitarios, educativos o sociales). Por otro lado, la masa crítica de servicios primarios y la consiguiente proximidad física e incardinación territorial de sus estructuras y profesionales son, sin duda, elementos facilitadores de la integración horizontal o intersectorial entre las diferentes ramas de la acción pro bienestar y, en definitiva, de una atención tan integrada como sea necesaria para todas y cada una de las personas en cada momento de nuestro ciclo vital. La integración vertical y horizontal es coherente con planteamientos y prácticas de colaboración participativa.

Diríamos que esta estructura integrada de atención, la primaria, esa red de bienestar social de proximidad (universal, resiliente, accesible, colaborativa, protectora, preventiva y promotora) puede ser vista como una de las características fundamentales de nuestro modelo social en el siglo XXI. Constructora de comunidad en tiempos de individualización, vertebradora del territorio en tiempos de digitalización y generadora de equidad en tiempos de mercantilización.

Profesionales y ciudadanía: cuidemos y construyamos, cada día, la primaria.

¿Podremos acudir a los servicios sociales si llegamos a necesitar cuidados de larga duración?

Futuro

Intencionadamente, la pregunta que da título a esta entrada se imagina formulada por personas que, en este momento, no sienten la necesidad de recibir cuidados con continuidad por parte de otras, que tienen algún grado de preocupación por las respuestas o soluciones que tendrán a su disposición en nuestro entorno en el caso de llegar a la percepción de dicha necesidad y que dudan si los servicios sociales podrían ser el lugar social de referencia al que dirigirse en esa eventualidad.

Quizá lo primero que haya que decir a esas personas es que, si esa situación de percepción de necesidad de cuidados continuados les sobreviene a corto plazo, lo más probable es que no puedan llegar a recibir apoyos significativos por parte de los servicios sociales. Sólo una minoría de esas personas llegaría a contar con los servicios sociales como respuesta significativa a su necesidad de cuidados y seguramente de forma que sería valorada como tardía, limitada, insatisfactoria y costosa por la mayoría de ellas.

Si se extrañan, habrá que explicarles que nuestros servicios sociales públicos (y en este ámbito la oferta mercantil tampoco está muy desplegada) están configurados para proporcionar cuidados (y otros muy diversos apoyos, prestaciones o intervenciones), en el mejor de los casos, si y sólo si a la persona no le queda otro remedio. Es decir, no están pensados como primera alternativa u opción de referencia sino como último recurso. Han de entender, por tanto, que nuestros servicios sociales no se han desarrollado como una respuesta normal a la necesidad de cuidados de larga duración sino como un mecanismo para que las personas que necesiten dichos cuidados (y otras) no lleguen a situaciones de grave exclusión social.

A partir de ahí cabe preguntarse si los servicios sociales podrían desarrollarse en los próximos años para llegar a ser ese ámbito de referencia más o menos general para la necesidad de cuidados de larga duración en nuestro país. Ante esta pregunta, cabría responder que no es imposible pero que parece poco probable. Si analizamos y comparamos las curvas de crecimiento de los servicios sociales de responsabilidad pública y de aumento de las necesidades de cuidados de larga duración, la impresión es que, a duras penas, nuestros sistemas públicos de servicios sociales consiguen mantenerse en esa función residual que hemos mencionado, sin avances consolidados ni señales creíbles en otro sentido.

Es muy defendible que una parte de quienes trabajamos en los servicios sociales intentemos transformarlos en un dispositivo más o menos universal de respuesta pública, entre otras, a la necesidad de cuidados de larga duración pero, desde la honestidad intelectual, debemos expresar con claridad a las personas que no los conocen y que, antes o después, pueden tocar a nuestra puerta con esa demanda que estamos muy lejos de serlo y que no estamos caminando, precisamente, hacia ese, seguramente deseable, horizonte.

Nueva documentación subida a fantova punto net en 2021

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A lo largo del año 2021, en los diversos apartados de esta web, se han subido los siguientes documentos (clicar para abrirlos):

Consideraciones sobre la proposición de ley de medidas de gestión de la pandemia de la covid-19

Impulsando ecosistemas de conocimiento para las políticas de inclusión social

Políticas de cuidado: comunidades que cuidan

Qué Administración necesitamos para implementar las políticas que atiendan a los nuevos riesgos sociales

El reto de los servicios sociales ante el pacto intergeneracional (presentación)

El reto de los servicios sociales ante el pacto intergeneracional

Glosario en intervención social

Construir fraternidad: los cuidados y la agenda comunitaria del bienestar

Los centros sociales de personas mayores

Los centros sociales de personas mayores (publicado)

Hariak. Estrategia de Gipuzkoa ante las soledades. Documento de bases

Además, se han incorporado 63 entradas de blog y 18 videos y se ha llegado a un acumulado de 734.000 descargas de documentos.

Organización patriarcal de los cuidados y dominación de género

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El destructivo desorden que vivimos en materia de cuidados está anudado, radicalmente, a las estructuras y dinámicas de dominación de género que se encuentran en la entraña de nuestra sociedad, profundamente patriarcal. Una sociedad en la que la dominación que los hombres ejercemos sobre las mujeres apenas ha sido superada en algunos aspectos superficiales pero en la que siguen muy vivos y operativos innumerables y muy diversos mecanismos de opresión y explotación de las mujeres por parte de los hombres.

La dominación patriarcal es, sigue siendo, también en nuestro entorno, uno de los mecanismos principales de funcionamiento de la sociedad, mecanismo que determina la condición subalterna, en términos generales, de las mujeres respecto de los hombres. Y el mundo de la vida cotidiana, el mundo de los cuidados, es un mundo en el que se verifican de manera sangrante desigualdades, privilegios, asimetrías, precariedades, discriminaciones y exclusiones que, sistemáticamente, mayoritariamente, van en contra de las mujeres, en calidad de receptoras y, singularmente, en tanto que proveedoras de cuidados.

Parte de esa dominación de género en materia de cuidados se ha trasladado desde la esfera familiar a la esfera laboral pero sin modificarse en tanto que dominación de género. Ante el colapso de los cuidados, por tanto, la clave fundamental no es tanto la profesionalización de los cuidados, sin duda imprescindible en cierta medida, como la superación de las asimetrías sistemáticas de poder entre las mujeres y los hombres, patología estructural que nos aqueja y que sigue permeando de manera brutal, también, entreverada interseccionalmente con otras, el mundo de la vida cotidiana y de los cuidados.

El mundo de los cuidados sólo se organizará de manera satisfactoria, eficiente y sostenible en la medida en que se vertebre mediante relaciones igualitarias entre personas diversas y únicas, sea cual sea su identidad sexual y su proyecto vital. Personas que, sabiéndose todas ellas vulnerables e interdependientes, diversas en capacidades y posiciones de partida, consiguen renunciar o se consigue que renuncien a las lógicas de la dominación y la subalternidad, logrando impulsar fraternamente procesos, necesariamente feministas, de emancipación compartida y ayuda mutua en comunidad.

(Foto de Ecuador Etxea.)

Su última milla es nuestra primera milla: por una convivencia comunitaria inteligente

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Resulta un lugar común señalar que nuestro modelo social se las arregla mal con fenómenos emergentes que no sabemos bien dónde y cómo abordar: los cuidados, la exclusión social, la longevidad, la conciliación de diferentes facetas de la vida, la soledad, la salud mental o la convivencia en diversidad podrían constituir algunos de esos problemas o riesgos sociales que cabría adjetivar como complejos, al menos desde el conocimiento disponible hoy para hacerles frente.

Hacer prospectiva en relación con la acción pro bienestar supone, entre otras cosas, intentar acertar en qué orden y con qué medios se podrían ir enfrentando esos y otros retos y cómo ello podría trasformar el conjunto de dispositivos para el bienestar (familias, dinero, Seguridad Social, empresas, sistema sanitario u otros) con el que contamos hoy y aquí.

Si aceptamos que se nos ha ido la mano, por ejemplo, con la individualización, la mercantilización y la medicalización del bienestar, parecería razonable apostar por invertir, alternativamente, en facilitación de la convivencia y la colaboración en los domicilios y vecindarios apoyándonos en el urbanismo social, la acción comunitaria y las tecnologías digitales, pero hemos de reconocer que, por el momento, sólo contamos con prototipos muy iniciales o tentativos de ese tipo de respuestas o dinámicas.

La libertad individual, el dinero o la medicina y farmacia convencionales, por citar tres importantes, siguen siendo bienes muy apreciados en nuestra sociedad (por buenas razones en muchos casos) por más que repitamos que, en gran medida, los desafíos mencionados al principio de esta entrada son los de una sociedad de individualismo posesivo y consumista y consiguiente desvinculación y segregación social. Una sociedad, por tanto, que necesita otros puntales (en claves relacionales y comunitarias, de proximidad física, emocional y existencial, con soporte digital), tanto como esos.

La presión sobre nuestras vidas que están representando la actual pandemia y su gestión y derivadas representa una enorme prueba para nuestra inteligencia política, nuestra compasión solidaria y nuestro universalismo ilustrado. Los que el capitalismo extractivo y adictivo construye como segmentos y nichos de mercado pueden transformarse en nidos ecológicos en red, posibilitadores de la vida de cualquier persona. Las vidas que la cultura digital de la satisfacción individual aliena y desvincula pueden trenzarse en sentidos compartidos y proyectos ilusionantes. Lo que la logística para el consumo llama la última milla es en realidad, ojalá pueda ser, la primera milla para nuestra convivencia cotidiana, autónoma, inteligente, solidaria y sostenible.

Sin duda, hay tajo.

(En la foto, actuación del grupo Etorkizuna Musikatan en el Museo de Reproducciones Artísticas del barrio de San Francisco (Bilbao) en la reciente Gau Irekia, noche abierta.)

La definición de los bienes abstractos que son objeto de las diferentes políticas públicas

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En el campo del estudio y diseño de las políticas públicas se acostumbra a identificar bienes abstractos como objeto (o finalidad) de diferentes áreas en las que se estructura la Administración, hasta el punto de que, frecuentemente, es el nombre de ese bien abstracto el que se utiliza para denominar dichas políticas: justicia, seguridad, salud, movilidad, igualdad, bienestar y así sucesivamente. (Otras veces, por cierto, las denominaciones parecen hacer referencia, más que a los fines, a los medios: vivienda, educación o transporte, por ejemplo).

¿En qué sentido dichos bienes (efectos valiosos), entendidos, al menos en cierta medida o manera, como bienes públicos, son objeto de la Administración y las políticas públicas? Por su carácter abstracto y complejo, quizá no tanto en el sentido de que los poderes públicos producen o proporcionan esos bienes como en el sentido de que los protegen y los promueven. En todo caso, si el disfrute de dichos bienes se entiende (o se quiere configurar) como un derecho (o, al menos, como resultado de la política) tutelado por el Estado, resulta muy necesario especificar, operativizar o concretar en qué sentido preciso y con qué alcance se garantiza el acceso a cada uno de esos bienes.

Desde el punto de vista organizativo, resulta particularmente importante la definición y delimitación de cada uno de los bienes, es decir, la identificación del contenido de respuestas (técnicas, vale decir) a necesidades que se incluye dentro del perímetro (o radio de acción) de cada una de esas áreas de la Administración. No hay otra manera para poder asumir y ejercer responsabilidades y para rendir cuentas al respecto. Aunque la frontera entre un área y otra (entre un bien y otro) es convencional y aunque son grandes las sinergias entre unos y otros bienes (todos son medio para todos, en cierto modo y hasta cierto punto), el adecuado funcionamiento de las políticas públicas exige un esfuerzo de claridad en esa labor de definición y delimitación.

Cabría hablar, por cierto (y por último) de que puede llegarse a una elasticidad inadecuada y, a veces, interesada en dicha definición y delimitación, en los casos en los que el bien se interpreta expansivamente para lograr legitimación y recursos y restrictivamente para escurrir el bulto ante responsabilidades. La cuestión de las lindes no suele ser pacífica e incruenta pero hay que intentar llegar a ententes cordiales (consensos estables) buscando la coherencia lógica y la relación eficiente entre fines y medios al interior de cada área (y entre ellas), evitando tanto zonas desatendidas como disputadas y buscando siempre superar las definiciones y delimitaciones ambiguas y confusas.

(En la fotografía, el jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien, desde la Filosofía del Derecho, ha realizado aportaciones fundamentales para el estudio, comprensión y desarrollo de la tutela y garantía de bienes abstractos por parte del Estado.)

Cinco claves para un giro necesario en políticas sociales

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En Europa, ha sido en buena medida el éxito de las políticas sociales, en la segunda mitad del siglo XX (en España con cierto retraso), el que ha transformado la sociedad, de modo que la potencia combinada de la economía del conocimiento y el Estado de bienestar nos ha permitido, en muchos casos para bien, romper anclajes de género, familiares, intergeneracionales, comunitarios, laborales, económicos, morales o religiosos.

Sin embargo, ello nos coloca ante nuevos riesgos sociales, para los cuales el sistema de bienestar tradicional no está preparado. Frente a una sociedad ordenada con mecanismos de inclusión social que van apareciendo en cascada (primero familia, luego mercado, después Estado y, finalmente, tercer sector), emerge una sociedad compleja, globalizada, reticular, de consumo, individualizada, reflexiva, longeva, financiarizada, digitalizada, desacralizada y del riesgo, con oportunidades inéditas de calidad de vida e inclusión social pero con nuevas y potencialmente catastróficas amenazas de fragmentación y exclusión social. Ante esta realidad algunas claves para el cambio necesario en políticas sociales serían:

1. Predistribución, como enfoque complementario al de la redistribución. Las políticas redistributivas actúan después de que los mecanismos biológicos, familiares o mercantiles, fundamentalmente, han generado desigualdades y las compensan o corrigen en parte. Sin embargo, en la sociedad que hemos descrito, esa redistribución llega demasiado tarde y por eso se necesitan unas políticas sociales más proactivas y preventivas, que construyan capacidades individuales y colectivas y eviten cuanto antes (aguas arriba) tanta divergencia hacia la desigualdad de oportunidades, apoyos y resultados en las trayectorias de las personas.

2. Revinculación, como imperativo para la sostenibilidad. La globalización neoliberal ha ido demasiado lejos en su intento de individualización, mercantilización, financiarización y deslocalización de las actividades humanas y estamos aprendiendo, a base de mucho sufrimiento en ocasiones, el valor de la proximidad, de la circularidad, de la reciprocidad, de la confianza, de la comunidad, pues, en definitiva, somos cuerpos físicos altamente vulnerables embebidos en un entorno humano y natural con el que nos tenemos que reconciliar, también los seres urbanos y las nómadas globales.

3. Experimentación, como dinámica imprescindible de generación de conocimiento. La sociedad del conocimiento es la sociedad de la investigación, de la tecnología y de la innovación en todos los niveles: operativo, organizativo y político. Las políticas sociales deben volverse exploratorias y, cada vez más, experimentales y aspirar a estar basadas en la evidencia, resultando imperativo fortalecer el trabajo de formulación de teorías del cambio y las herramientas de evaluación de los impactos, en el marco de ecosistemas de conocimiento abiertos, plurales, densos y dinámicos.

4. Integración tanto vertical (multinivel) como horizontal (intersectorial), como imperativo ante el riesgo de la saturación, confusión y disfunción del conjunto de políticas públicas y actividades profesionales. Cada vez más, necesitamos una arquitectura ordenada de las políticas sectoriales, transversales e intersectoriales en las que no hablemos de una coordinación o trabajo en red a partir de unidades concebidas como independientes sino de una dinámica estructurada de atención, gestión y gobernanza integradas, aprovechando las posibilidades de la capa digital.

5. Coproducción, como capacidad de aprovechar las ventajas comparativas de cada tipo de agente para determinadas funciones, para determinado conocimiento. Coproducción es innovación social en la medida en que supone innovación en los medios o concierto entre agentes. Es especialmente la hora de la emergencia de la sociedad civil organizada, del procomún, de la espiral del don, de la economía solidaria, del tercer sector como estación intermodal entre Estado, mercado y comunidad. Un tercer sector que, sin dejar de ser samaritano y proveedor, ha de ser, cada vez más, navegador.

Estas cinco claves pretenden ayudar a enfocar la transformación de nuestro sistema de bienestar, sugiriendo alternativas frente un exceso de monetización y burocratización de la política social y a preocupantes síntomas de aumento de la ineficiencia e inequidad. Parecen necesarias especialmente para que los grandes programas tradicionales (como pensiones y sanidad) no se conviertan en parte del problema y, en general, para poder sortear el riesgo de colapso de nuestras políticas sociales.

(A partir de notas compartidas en una colaboración con el Ayuntamiento de Mataró, cuyo puerto aparece en la fotografía.)

Los cuidados: ¿son aplicación, software de base o hardware de nuestra sociedad?

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Cuando un ordenador (o un teléfono) no realiza adecuadamente alguna función que esperamos de él, nos preocupamos poco si se nos dice que hemos de actualizar o instalar una aplicación o programa específico. El asunto se complica si lo que está afectado es el sistema operativo o software de base, es decir, ese programa que permite que los demás funcionen. Finalmente, si nos comunican que tenemos un problema de hardware, esto es, en el propio aparato físico que tenemos delante, empezamos a pensar en adquirir uno nuevo. Estos términos nos pueden servir analógicamente para reflexionar sobre el reto de los cuidados en nuestra sociedad.

Según algunas visiones, en este momento, se trataría, simplemente, de instalar una nueva funcionalidad a nuestros Estados. Del mismo modo que, en su día, asumieron ocuparse de la seguridad, de la movilidad o de la salud, ahora se encargarían también de los cuidados. El mecanismo sería similar al de otros programas: las personas pagaríamos (bastante, eso sí) a los Estados para que estos contrataran (directa o indirectamente) a profesionales, que nos cuidarán cuando lo necesitemos. Algunas “aplicaciones” hacían algo de esto parcialmente pero ahora sería la hora de la verdad al respecto, la de un verdadero subsistema universal de nuestro Estado de bienestar básicamente encargado de los cuidados (o, al menos, de los prolongados).

Según otros puntos de vista, nuestro “sistema operativo” (nuestro Estado de bienestar) no puede, sin más, soportar un nuevo programa (un nuevo subsistema de la protección social) dedicado a brindar cuidados. Es como si al intentar instalar una aplicación más (la de los cuidados) nuestro software de base (nuestro Estado de bienestar) no diera más de sí, mostrara haber llegado a algún tipo de límite en su gestión de recursos. Desde esta mirada, para hacer frente al reto de los cuidados, se necesita una transformación de nuestro Estado de bienestar, quizá haciéndolo más preventivo, más predistributivo, más proactivo, más tecnológico, más personalizado, más integrado, más comunitario, más profesional, más intergeneracional, más participativo o más basado en el conocimiento científico (elíjase la característica o mezcla de características deseada).

En tercer y último lugar estarían quienes entienden que la crisis de los cuidados es una crisis de la sociedad como tal. Es decir, que estaría afectada la trama de interdependencia entre personas que constituye la sociedad. Según esta aproximación, los cuidados, más que (o además de) ser una actividad específica que puede realizar el Estado o un asunto o eje que vertebra el sistema de bienestar, son el mecanismo fundante de la interdependencia que es connatural a los seres humanos, serían (constituyentes de) la médula del llamado contrato social. Desde este punto de vista, la sociedad, no podría, sin más, esperar del Estado que asuma en última instancia la responsabilidad de los cuidados sino que debe antes, ella misma, configurarse como red de comunidades de cuidados en un nuevo contrato social de género, intergeneracional y general.

¿Qué hacer? ¿En qué medida apostar por nutrir y desarrollar nuestros servicios sociales como sistema de cuidados de larga duración? ¿En qué medida considerar los cuidados como un driver (programa intermediario) para la mejora o transformación del conjunto del sistema de bienestar? ¿En qué medida asumir el cuidarnos y cuidar a otras como función (como relación) que no podemos finalmente delegar porque somos esencialmente seres dependientes e interdependientes en su constitutiva diversidad?

Muchas preguntas, pocas respuestas, tiempos sindémicos.

Procesos y estructuras de gestión y gobierno en un sistema público (autonómico) de servicios sociales

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Dada una territorialización de la oferta de servicios sociales y los consiguientes procesos y estructuras de atención o intervención en las zonas, las áreas y el conjunto de la Comunidad Autónoma, tanto los centros comunitarios de servicios sociales (de zona) como los centros territoriales de servicios sociales (de área) y la agencia autonómica de servicios sociales estarían constituidos también por los correspondientes procesos y estructuras de gestión y gobierno. Cabe denominar procesos de gestión a los siguientes:

  • Programación y control de la operativa de prestación de servicios sociales.
  • Coordinación de la actividad operativa de los servicios sociales mediante la comunicación externa e interna y el ejercicio de la representación y la autoridad jerárquica, articulando la integración vertical y horizontal del sistema público de servicios sociales.
  • Cuidado y optimización de los recursos humanos, económicos, materiales, inmateriales e infraestructuras.
  • Inscripción registral, autorización administrativa, homologación, acreditación de agentes del sistema público de servicios sociales y, en general, de la rama de actividad de los servicios sociales.
  • Concertación de servicios sociales y compra o contratación pública en servicios sociales.
  • Inspección de servicios.

La prestación y gestión de los servicios sociales, tanto en el nivel de zona como en el de área y en el del conjunto de la comunidad autónoma necesitarían, a su vez, enmarcarse en estructuras y procesos de gobierno que serían los siguientes:

  • Planificación y evaluación estratégicas del sistema público de servicios sociales y de sus partes.
  • Desarrollo del sistema público de servicios sociales, ampliando o transformando su oferta de servicios o contenido prestacional.
  • Participación, en representación del sistema público de servicios sociales en las estructuras y procesos de gobernanza integrada, horizontal o intersectorial, de políticas públicas, incluyendo su promoción cuando no existan.
  • Ejercicio de la autoridad política en el interior del sistema y de cada una de sus partes.
  • Potenciación y optimización de la participación de todos los agentes interesados en el sistema público de servicios sociales.
  • Estructuración y reestructuración del sistema público de servicios sociales, en orden a la integración vertical y horizontal del sistema, incluida la elaboración y procesamiento de normativa jurídica.
  • Inteligencia del sistema, que incluye el diseño y dinamización de ecosistemas complejos y participativos de información, conocimiento, tecnología e innovación.
  • Alta inspección del sistema público de servicios sociales.

Corresponderían al Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales las funciones de gobierno mencionadas, para el conjunto del sistema público de servicios sociales, y la política pública de servicios sociales de la comunidad autónoma, salvo en aquellas decisiones reservadas por la legislación al conjunto del Consejo de Gobierno, a su Presidencia o al Parlamento. Las autoridades políticas en materia de servicios sociales de los entes locales asumirían, en su caso, para las áreas correspondientes, el ejercicio de las responsabilidades de gobierno mencionadas. Las responsabilidades de gestión del sistema público de servicios sociales corresponderían a la agencia autonómica de servicios sociales o, en su caso, a los centros territoriales de servicios sociales (de las áreas correspondientes).

Dada la distinción entre las funciones de gobierno y gestión y la circunstancia de que las funciones de gestión y la responsabilidad principal sobre la oferta de servicios sociales pudiera ser asumida en unas partes del territorio por la propia comunidad autónoma y, en otras partes, por los entes locales, resultaría conveniente, en aras de la eficiencia, retener las responsabilidades de gobierno en el Departamento del Gobierno autonómico competente en materia de servicios sociales y descentralizar la gestión, para articularla de manera más flexible y versátil con las funciones de gobierno, mediante la agencia autonómica de servicios sociales, cuyo cometido sería asumir la responsabilidad principal de la oferta de servicios sociales y de su gestión en aquellas áreas no asumidas por los entes locales y para el conjunto de la comunidad autónoma (en los servicios de ámbito autonómico).

(A partir de textos escritos para un borrador de ley de servicios sociales para Cantabria.)

La agenda política de la protección social, más allá de la salud

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La arquitectura de nuestro Estado de bienestar nunca podrá concebirse como una obra acabada puesto que es imprescindible, como vemos con más claridad que nunca en estos tiempos pandémicos, que tenga la flexibilidad y adaptabilidad para transformarse y escalarse rápida y adecuadamente en función de las circunstancias y cambios sociales. Naturalmente, en estos tiempos, hemos prestado especial atención a las políticas de salud, pero, lógicamente, otras políticas sociales, otros avances y reformas en materia de protección social llaman con fuerza a la puerta en estos comienzos de la tercera década del siglo XXI en España. A continuación se recogen algunos.

Los servicios sociales en España no han acabado de superar la condición residual que tenía en su día la Beneficencia. Siguen siendo configurados, presentados y vistos, en buena medida, como un último recurso para cualquier necesidad siempre que se demuestre que dicha necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Sin embargo, es bien diferente el concepto y modelo de servicios sociales que predomina en la comunidad de práctica y conocimiento: el de un sistema público de servicios sociales universal y centrado en la persona en el que cada ciudadana o ciudadano, en cualquier momento y circunstancia de su vida, pueda obtener los cuidados, apoyos e intervenciones profesionales que le permitan complementar y potenciar su autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Conscientes de la crisis de cuidados, la desvinculación comunitaria y el riesgo de colapso relacional en que nos encontramos, en la reconstrucción pospandémica, se ha de impulsar como uno de los ejes principales la investigación, desarrollo e innovación para unos servicios sociales profesionalizados y digitalizados, integrados vertical y horizontalmente y cada vez más preventivos y participativos, mediante la concertación social y la alianza estratégica entre los poderes y administraciones públicas, los agentes del conocimiento y las organizaciones solidarias de base comunitaria.

El Ingreso Mínimo Vital ha empezado a ser y debe ser en mucha mayor medida una pieza clave para dar un paso decisivo en el proceso de universalización, integración (vertical entre Estado y comunidades autónomas) y agilización de la política de garantía de rentas o ingresos mínimos para la subsistencia (en gastos de alimentación, vestido y suministros, fundamentalmente) y de su interoperabilidad digitalizada con las Haciendas, aproximándose al concepto de impuesto negativo. Debe tratarse de una política decididamente proinfancia y estimuladora del empleo y cada vez más diferenciada y separada de la labor de intervención social de los servicios sociales públicos y solidarios. Una política cada vez más digitalizada y automatizada que ensamble las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital hasta cubrir suficiente y eficientemente todos los perfiles de necesidad. Una política basada en la evidencia que se aleje de cualquier planteamiento contraprestacional y punitivo. Una política atenta a sus efectos en los mercados de bienes y servicios en los que se utilizan los ingresos que entrega y exigente con las proveedoras presentes en dichos mercados (alimentación, ropa y energía, fundamentalmente).

La política de vivienda y urbanismo debe tener como misión garantizar a toda la población las infraestructuras físicas de alojamiento y el espacio público que le posibiliten llevar adelante sus proyectos de vida y convivencia personales y colectivos de forma socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada y ambientalmente sostenible. El territorio y la vivienda no son meras mercancías, son derechos fundamentales y bienes de primera necesidad con un notable impacto en el disfrute de otros, como el empleo o la salud. Es urgente una apuesta decidida por ampliar considerablemente el parque de vivienda pública en alquiler (con un fuerte enfoque juvenil e intergeneracional) y por la aplicación de una mirada comunitaria a la rehabilitación y construcción de vivienda y a la estructuración del espacio público, con medidas como las reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; o las innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de convivencia y apertura de la vivienda al espacio comunitario y público.

La regulación e inversión inteligentes para la competitividad de nuestras industrias y, en general, de la economía española en el marco de la globalización ha de apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente sostenible y en el que crezcan las economías solidarias, circulares y de proximidad, imprescindibles para la retención del talento y la calidad de vida en los territorios. La conciliación de la vida laboral y personal ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y solidaria. Debemos impulsar desde el diálogo social un transformador círculo virtuoso entre poder sindical, calidad del empleo, versatilidad empresarial y productividad de los factores.

El Pacto de Toledo es la expresión fundamental de nuestro contrato social, de nuestra mutualización solidaria de riesgos con enfoque de justicia económica, igualdad de género y equidad intergeneracional. Nuestro sistema de pensiones y de Seguridad Social constituyen el pilar central de nuestro Estado de bienestar con interfaces críticas tanto con las políticas de empleo como con las de salud, servicios sociales, empleo y vivienda así como con los diferentes programas de garantía de ingresos y, por supuesto, con la política fiscal. Nuestro sistema de protección social ha de reforzarse y adaptarse a la sociedad de la longevidad y a los nuevos riesgos sociales asociados a la diversificación de trayectorias, hitos, circunstancias y contingencias vitales de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de abandonar por completo su carácter patriarcal y contribuir a la emancipación y libre unión de las personas. Nuestro sistema de protección social ha de incentivar la actividad laboral y económica mediante un inteligente diseño de la compatibilidad y complementariedad entre el empleo y la percepción de prestaciones.

(Reflexiones al hilo de diversos trabajos precongresuales en partidos socialistas y varias colaboraciones con organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, a la que pertenece la ilustración.)