¿Apostar por la comunidad?

collapse-The Course of Empire Destruction 1836

En la tarea de comprender el mundo en el que vivimos, sentimos complejidad, opacidad y confusión. Es como si estuviéramos en un mercado de ideas donde las oímos a gritos que intentan capturar nuestra atención. Algunas propuestas, cada vez más, seguramente, se nos presentan como urgentes ante un inminente colapso, colapso que puede ser ambiental, financiero, digital, político, relacional, institucional, económico, alimentario, militar o una mezcla o reacción en cadena de varios de ellos o de otros.

Posiblemente sea el riesgo de colapso ambiental aquel que se presenta con más base de evidencia pero, a la vez, no parece que dispongamos de mecanismos de funcionamiento, respuesta o gobierno para reaccionar eficazmente ante dicha amenaza. El carácter global del problema (de todos los grandes problemas, posiblemente, de todos los grandes posibles colapsos) nos obliga a pensar en estrategias de cierta escala o envergadura para que tengan probabilidades de evitar ese o esos tsunamis sobre los que se nos alerta.

En ese contexto, puede extrañar que hablemos de la pequeña comunidad, de la proximidad comunitaria como una de las apuestas clave en este momento que vivimos. Sin embargo parece difícil evitar, por ejemplo, el colapso ambiental (en el caso de que sea posible hacerlo) sin relocalizar nuestras vidas, sin desarrollar formas de encontrar satisfacción a nuestras necesidades en territorios y marcos relacionales de mayor proximidad.

Lo que sucede es que, cuando “regresamos” a la comunidad, cuando volvemos la mirada a los espacios y relaciones comunitarias descubrimos su fragilidad, sus contradicciones, sus limitaciones. Podría decirse que cuando, en su momento, pudimos huir, justificadamente, del dominio heteropatriarcal, de la homogeneidad uniformizadora, del control social o del maltrato invisible que contenía nuestra convivencia familiar y vecinal, abandonamos una red primaria de soporte que ahora, posiblemente, haya que reconstruir y reinventar, necesariamente, en claves de diversidad, cooperación y equidad de género, generacional, funcional y cultural.

¿Es posible reinventar la comunidad? ¿Tienen las políticas públicas y los aparatos de la Administración conocimiento científico, legitimidad ética, mandato ciudadano y capacidad técnica para hacerlo? ¿Cuánto apostar a la comunidad, cuánto a los derechos sociales individuales, cuánto a la libertad de mercado? ¿Qué sujetos o agentes podrían aliarse en esta apuesta por la reinvención y la promoción comunitaria? ¿Comunidades para evitar el colapso o para volver a empezar (si seguimos vivas) después del colapso? Muchas preguntas, pocas respuestas.

Selección de textos sobre comunitaria:

Comunitaria (Javier Segura).

Neighbourhoods of the future (Agile Ageing).

Metodología de la intervención comunitaria intercultural (Marco Marchioni, La Caixa).

Activación comunitaria y solidaridad vecinal (SIIS).

Intervenció comunitària i rol dels professionals als serveis socials (Marta Ballester).

Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials (Claudia Manyá, Ernest Morales).

Diccionario de las periferias (Carabancheleando).

Participación comunitaria en salud (NICE).

Trapped in a bubble An investigation into triggers for loneliness (Kantar).

(La ilustración forma parte de una serie de pinturas de Thomas Cole titulada “The Course of Empire”.)

¿Colapso en los servicios sociales?

colapso

Con frecuencia escuchamos a personal de los servicios sociales (y de otros servicios públicos) señalar (no por capricho, sino con base en la realidad cotidiana) que dichos servicios están al límite, saturados o colapsados y, normalmente, la principal medida que se propone para superar tal situación no es otra que el incremento de las infraestructuras físicas y recursos humanos para la prestación de dichos servicios. La idea, intuitivamente, parece lógica y acertada: si con la cantidad de centros y personal que tenemos ahora no podemos atender a las personas que lo solicitan, incrementemos la cantidad de recursos y capacidades de atención y podremos hacer frente a dicha demanda.

Sin embargo, este planteamiento se enfrenta a la llamada paradoja de Braess. El matemático alemán Dietrich Braess nos ayudó a entender situaciones en las que, aumentando la capacidad de una red (de carreteras o de servicios) que no está siendo capaz de absorber la demanda, podemos desencadenar una situación de mayor saturación y riesgo de colapso. Ello se produce porque la ampliación de la red emite una señal que es interpretada por diferentes agentes (usuarias, trabajadoras u otras) como una oportunidad para maximizar su beneficio y la acumulación e interacción de esas nuevas conductas individuales (o individualistas) hace que el aumento de capacidad de la red, finalmente, tenga el efecto contrario al deseado.

Profesionales de la red de servicios sociales y, específicamente, de sus servicios con “puerta de entrada” suelen hacer referencia a diferentes fenómenos que están saturando y amenazando con colapsar este sistema público:

  1. Enorme predominio de la atención individual a demanda frente a otras formas de intervención.
  2. Gran cantidad de demanda inadecuada (que tendría que haber acudido a otros servicios) por indefinición o desconocimiento de lo que ofrece y no ofrece la red de servicios sociales.
  3. Incremento de la complejidad asistencial que genera demanda ante el sistema de servicios sociales para la cual este sistema sólo tiene una parte de la respuesta, frecuentemente no la más relevante.
  4. Importante porcentaje de solicitudes de atención a las que se da curso durante un tiempo y para las que, finalmente, el sistema no tiene respuesta.
  5. Gran cantidad de trámites administrativos en los cuales no se añade valor desde el punto de vista de la intervención social (que vienen, en no pocas ocasiones, inducidos por instancias o instituciones que utilizan la red de servicios sociales como filtro burocrático previo a la eventual atención por parte de dichas instancias o instituciones).

Cualquier persona que conozca mínimamente nuestros servicios sociales sabe que esos cinco tipos de fenómenos son el pan nuestro de cada día. Si ello es así, cabe pensar que cualquier estrategia de transformación que se apoye exclusiva o principalmente en el aumento de la capacidad de atención no hará sino incrementar esas disfunciones y, por tanto, multiplicar el riesgo de colapso, como señala la paradoja de Braess: en ese caso el actual malestar y sufrimiento de las ciudadanas que acudimos a los servicios sociales y de sus profesionales se vería, probablemente, agravado.

No parece pertinente una decisión de incremento de recursos y capacidades que no forme parte de una estrategia compartida y potente de: clarificación del objeto de los servicios sociales; de cualificación técnica, innovación tecnológica y aumento del valor añadido de los procesos de intervención social; de reorganización, replanteamiento y digitalización de los procesos administrativos; de gestión proactiva de las necesidades, de la demanda y de la comunicación; de integración vertical y horizontal; y de articulación del ecosistema de agentes en el seno de las comunidades, los territorios y las redes de protección social y actividad económica de las que forman parte los servicios sociales.

Tan urgente como aumentar los recursos para los servicios sociales, es, seguramente, hacerlo en un marco adecuado y compartido para su transformación estratégica.

(La fotografía corresponde a una reciente concentración en las puertas del Ayuntamiento de Bilbao.)

Por una estrategia compartida de conocimiento e innovación en materia de cuidados, intervención social y servicios sociales

asesor

En un reciente artículo publicado tanto en el blog del SiiS como en Llei d’Engel, Joseba Zalakain identificaba la estrategia de investigación, desarrollo e innovación como una de las fundamentales en unos servicios sociales notablemente desarticulados en su ecosistema de agentes. En dicho artículo, identificaba algunas de esas protagonistas que, desde el encuentro interprofesional en las redes sociales, las dinámicas académicas, los centros de estudios, los colegios profesionales (de trabajo social, educación social, psicología u otros), las administraciones públicas, las revistas especializadas, la responsabilidad política, el tercer sector u otras instancias, pueden contribuir a que el conocimiento, la tecnología y la innovación vertebren e impulsen en mucha mayor medida nuestro mundo de los cuidados, la intervención social y los servicios sociales.

Por su parte, Pablo Moreno, en una entrada del blog New Deal, señalaba la oportunidad y las condiciones de posibilidad de que los gobiernos puedan apostar por ámbitos verticales de actividad en sus territorios. Siguiendo sus argumentos, pareciera que un bien tan público y tan en riesgo como el cuidado de la sostenibilidad de las vidas autónomas de todas las personas en relaciones comunitarias en el territorio, que sería la responsabilidad de la intervención social y los servicios sociales, tiene algunas características que podrían hacer este ámbito de actividad un candidato idóneo para una política pública mucho más proactiva de generación de conocimiento, tecnología e innovación que lo transforme en un sector estratégico de actividad económica, política pública e impacto social.

Ciertamente, en los mismos dos blogs mencionados al principio, Miguel Angel Manzano y Manuel Aguilar escribían otro texto que permitía revisar algunos avances y prácticas prometedoras que están surgiendo en el terreno de la innovación tecnológica y social basada en el conocimiento científico (y otros) en el campo de los servicios sociales. Prometedoras, entre otras razones, por la capacidad de articulación de sistemas que reclamaba el artículo de Zalakain y por la virtualidad para la escalabilidad de las experiencias a la que se refería Pablo Moreno. Prometedoras, también, para el encuentro entre dinámicas de conocimiento sobre género y cuidados, comunidad y diversidad, infancia y adolescencia, maltrato y buen trato, discapacidad y dependencia, mayores y gerontología, desventaja e inclusión, soledad y acompañamiento u otras, tan impermeables entre sí hasta hace bien poco.

Las recientes elecciones generales y las próximas municipales, europeas y autonómicas en muchos lugares pueden representar un momento de oportunidad para una estrategia mucho más compartida y atrevida en materia de ciencia, tecnología e innovación para los cuidados, la intervención social y los servicios sociales. Los primeros pasos de la ministra Luisa Carcedo, su jefa de gabinete Eloísa del Pino, la secretaria de Estado Ana Lima y la vicepresidenta del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, Natividad de la Red, entre otras personas, hacen esperar que la Administración General del Estado pueda convertirse, por fin, en impulsora, mediante un diálogo y una cooperación  multinivel, compleja y colaborativa, del necesario salto cualitativo que nuestra economía de cuidados, intervención social y servicios sociales requieren en materia de conocimiento, tecnología e innovación, palanca imprescindible para su éxito como política pública fundamental, mediante su urgente reconversión y junto a otras, para el bienestar de la ciudadanía.

(La fotografía corresponde a una reunión de trabajo de parte de la sección de servicios sociales del mencionado Consejo, del 22 de abril de 2019, en la que se trabajó sobre informes técnicos acerca de la atención primaria de servicios sociales, el tercer sector en los servicios sociales, la prevención y atención de la dependencia funcional desde el sistema público de servicios sociales y la relación entre los servicios sociales y la política transversal de infancia y adolescencia.)

Vecindarios habitables para la autonomía en convivencia: ¿adiós a los servicios sociales?

cerdá

A la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas de bienestar es imprescindible identificar el bien que debe proteger y promover cada ámbito sectorial (la salud en el caso de la sanidad, el conocimiento en el de la educación, el alojamiento en el de la vivienda y así sucesivamente). Sin embargo, no cabe desconocer el impacto que cada rama especializada puede desencadenar en las necesidades que son, en principio, objeto de otras. Así, por ejemplo, Richard Sennett, en Construir y habitar, identifica momentos de la historia en las que determinados problemas de salud fueron mejor afrontados por el urbanismo que por la propia medicina.

Ciertamente, cabe abogar (ver Diseño de políticas sociales) por unos servicios sociales dedicados a la protección y promoción de la interacción (entendida como autonomía para las decisiones y actividades de la vida diaria y cotidiana en el seno de relaciones primarias de carácter familiar y, en general, comunitario). No obstante, las políticas e intervenciones urbanísticas y habitacionales pueden ganar por la mano a los servicios sociales en el apoyo a la autonomía de las personas en el marco de relaciones de convivencia, facilitadas por viviendas, barrios, comunidades y territorios adecuadamente diseñados, construidos, comunicados, dotados y regulados.

Del mismo modo que los aguadores fueron desplazados cuando el conocimiento y la tecnología hicieron posible que el líquido que transportaban en vasijas llegara por tuberías a los grifos de las viviendas, la propuesta de los servicios sociales, centrada en la atención presencial de personal de baja cualificación (sea en centros residenciales o diurnos o en los domicilios realmente existentes), se ve retada, como vemos en varios estudios publicados por la Fundación Pilares o en Neighbourhoods of the future, de Agile Ageing, por un enfoque basado en el codiseño de soluciones habitacionales flexibles y facilitadoras de los cuidados comunitarios, en vecindarios de alta accesibilidad, densidad, diversidad, sostenibilidad y equidad (amigables, inteligentes y compasivos), dotados de tecnologías avanzadas de control, apoyo, movilidad, comunicación y decisión.

Amaia Pérez Orozco, en Subversión feminista de la economía, muestra nuestros cuerpos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, en medio de una encarnizada batalla entre el capital y la vida. No parece claro que vayamos a lograr que las políticas públicas se pongan eficazmente del lado de la vida y todavía es más difícil saber cuáles puedan ser los pilares de un futuro sistema de bienestar. Si los servicios sociales persisten en ser básicamente administración de dinero y asistencia física de último recurso, poco futuro cabe augurarles. Ojalá, por el contrario, el desarrollo de las políticas urbanísticas y de vivienda y el de los servicios sociales puedan ir de la mano, dentro de estrategias de innovación y desarrollo comunitario y territorial, para facilitar la vida, empoderamiento, convivencia, igualdad y felicidad de todas las personas.

(La fotografía, tomada de La Vanguardia, corresponde a La Carbonería, primer edificio del Eixample de Barcelona diseñado por Ildefons Cerdá, figura de primera magnitud en la historia del urbanismo.)

Repensar la comunidad, repensar la comunitaria

comunidd

Hablar de comunidad es, en gran media, hablar de proximidad: de proximidad relacional y, frecuentemente, también, de proximidad física. Los seres humanos somos sociales, altamente interdependientes; y, cuando hablamos de comunidad en lugar de hablar de sociedad, cuando hablamos de relaciones comunitarias y no únicamente de relaciones sociales, parece que nos referimos a relaciones de mayor cercanía, de una “escala humana”. Cercanía que, de inicio, pudo verse necesariamente como territorial o geográfica pero que, cada vez más, asociamos principalmente a relaciones primarias, a relaciones que se sostienen sin tener que ser mediadas por organizaciones (formales).

El adjetivo “comunitaria” o “comunitario” acompaña a muchos sustantivos (como acción, desarrollo, intervención o servicio, por citar cuatro ejemplos) para señalar que dicha intervención, desarrollo, servicio o acción se aproxima a las personas destinatarias, sucede en su entorno cercano y, podríamos decir, busca o desencadena sinergias con esas relaciones primarias familiares, de amistad, de convivencia, vecinales o similares. Relaciones que, en principio, se rigen por la gratuidad y la reciprocidad y que pueden ser facilitadas o socavadas por otros tipos de relaciones o transacciones entre las personas (como las solidarias del tercer sector, las políticas de la esfera pública o las de intercambio del mercado).

Debemos advertir algunos procesos de cambio social que están transformando profundamente las realidades comunitarias. Por una parte, las enormes transformaciones, reconfiguraciones y fragmentaciones de las familias y unidades de convivencia, que venían siendo la capa más constante y consistente de las comunidades. Por otra parte, la globalización económica y deslocalización de actividades laborales, que afecta enormemente a la ordenación territorial, la trama urbana y la estructura habitacional, en un contexto de riesgo creciente de colapso ambiental. En tercer lugar, las innovaciones tecnológicas que modifican intensamente nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, facilitando la comunicación con personas físicamente lejanas o el desplazamiento de personas y objetos.

Este contexto nos aboca a una insoslayable reinvención de las relaciones comunitarias como transacciones fundamentales (antes que otras como las económicas o las políticas) para la “gestión” de las diversidades de género, generacionales, funcionales o culturales. Antes que los intercambios en los mercados o el ejercicio de derechos, la vida diaria o vida cotidiana se configura como esfera crítica para nuestra definición e identificación como seres humanos en relaciones de interdependencia con otros seres humanos (y con las tecnologías y con el medio físico). Asuntos emergentes como la brecha entre la fecundidad deseada y alcanzada, la crisis de los cuidados, la soledad no deseada, la convivencia intercultural conflictiva o diferentes tipos de maltratos o violencias en el seno de relaciones primarias así parecen atestiguarlo.

Las intervenciones públicas y, en particular, las políticas sociales pueden contribuir a la construcción (o destrucción) de relaciones comunitarias positivas, según cómo consigan el equilibrio, integración y sinergia entre atención a los individuos (portadores de los derechos) e intervención (especialmente preventiva) en sus entornos y, especialmente, en la medida en que, más que abordar la complejidad mediante servicios especializados, integrales y segregados, sean capaces de una atención comunitaria integrada intersectorial. Y esto sólo será posible mediante una ambiciosa operación de innovación tecnológica y social liderada por los poderes públicos y coproducida en clave colaborativa con un amplio y plural abanico de agentes trabajando en red.

Cabe la posibilidad, incluso, de que, políticamente, hayamos de identificar un subsistema social como el encargado de referencia para la protección y promoción de las relaciones comunitarias, papel que podrían asumir los servicios sociales, por su trayectoria de dedicación a las cuestiones de autonomía funcional para la vida diaria o a las que tienen que ver con las relaciones primarias de carácter parental. En todo caso, si la envergadura del reto de la construcción comunitaria animase a encomendar el liderazgo al respecto a los sistemas públicos de servicios sociales, ello habría de realizarse, sin duda, en el marco de un nuevo modelo de atención integrada (social, sanitaria y habitacional, especialmente), de gobernanza participativa y multinivel del bienestar y de sostenibilidad laboral, económica y ambiental de la vida en el territorio, basada en el conocimiento.

(A partir de trabajos realizados con la cooperativa Servicios Sociales Integrados y de conversaciones, entre otras, con Guiomar Vargas, Elena Masanas, Marta Ballester y Claudia Manyá y de cara al encuentro de bancos del tiempo organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo (3 y 4 de mayo), el encuentro sobre el programa Mi Casa organizado por Plena Inclusión y Dincat (8 y 9 de mayo en Barcelona), la jornada sobre acción comunitaria organizada por ECAS (21 de mayo, en Barcelona), la subsiguiente reflexión con la Fundació Els Tres Turons (22 de mayo) y el encuentro con entidades del tercer sector organizado por la Dirección de Inclusión de los servicios sociales forales de Bizkaia el 23 de mayo.)

Tres procesos históricos que hacen insostenible a corto plazo nuestro modelo de servicios sociales

demolición

Nuestros servicios sociales (públicos o financiados con fondos públicos, pues apenas hay servicios privados que se consideren a sí mismos como servicios sociales) están posicionados, básicamente, como encargados de referencia para una atención relativamente integral (o, en su defecto, para la entrega de dinero en el caso) de situaciones complejas de exclusión social o de riesgo de exclusión social. Pero hay tres importantes procesos de cambio social en curso que convierten en inviable, a corto plazo, este posicionamiento.

El primero es la ruptura digital del contrato sociolaboral de la sociedad industrial que garantizaba (o, al menos, prometía), a través del empleo remunerado y de la seguridad social contributiva, cierta satisfacción de necesidades de la clase trabajadora. Pensemos que la agenda en política social del gobierno de Zapatero, hace poco más de diez años, se pudo centrar, al menos por un tiempo, en los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia funcional o en el cuidado infantil (con el cheque bebé), mientras que ahora se habla más prioritariamente de cuestiones que en aquellos momentos se creyeron relativamente encarriladas como las pensiones o ingresos mínimos o la vivienda. Síntoma, posiblemente, de que la precariedad laboral, residencial o económica es cada vez menos abordable como un fenómeno coyuntural y excepcional del que puede hacerse cargo una pretendida “última red” de protección social general.

En segundo lugar, nos hallamos en una crisis sistémica de la familia heteropatriarcal y extensa imbricada en comunidades homogéneas como red relacional primaria proveedora de cuidados y acompañamiento, lo que se expresa en la fuerte emergencia de problemas sociales como la crisis de los cuidados (especialmente en las etapas iniciales y finales de la vida), el aislamiento relacional y la soldad no deseada, el maltrato y las violencias de género e intergeneracionales o las tensiones en la convivencia intercultural en el territorio (territorio, por otra parte, amenazado ambientalmente). Estos problemas, que eran abordados por los servicios sociales como situaciones propias de colectivos vulnerables o minorías excluidas adquieren ya una magnitud que puede llegar a afectar a nuestra propia configuración, identidad y dignidad como seres humanos interdependientes.

Por último, en tercer lugar, nos encontramos en una sociedad del conocimiento científico y la especialización tecnológica, en la que, cada vez más, las personas, organizaciones o instituciones son exitosas o se tornan obsoletas en función de su capacidad de innovación, entendida como destrucción creativa. En ese contexto, funciones como la asignación de dinero para la subsistencia y el control de las personas que lo reciben son vistas cada vez menos como correspondientes a profesionales y servicios de intervención social. A la vez, la ciudadanía aprende a distinguir para qué necesidades admite o desea una prescripción facultativa y una autoridad pública y para cuáles prefiere, más bien, ejercer su autonomía moral y capacidad de elección. Hoy por hoy, para muchas necesidades a las que pretenden dar respuesta los servicios sociales, gran parte de la población prefiere dinero en función de criterios fácilmente objetivables para pagar, por ejemplo, por servicio doméstico, alojamiento o determinados productos en lugar de servicios sociales bajo prescripción y seguimiento de profesionales de la intervención social.

Si estos tres procesos de cambio tienen la envergadura y el sentido indicados, los servicios sociales no están llamados a un crecimiento de sus actuales estructuras o a pequeñas reformas sino a una verdadera transformación y reinvención, a partir de apuestas estratégicas. Transformación y reinvención que algunos agentes, seguramente, están realizando, impulsando o intentando y  cuya suerte está, posiblemente, en nuestras manos, en las de aquellas personas que entendemos que nuestros servicios sociales son una herramienta llena de futuro.

(Sobre estas cuestiones hablaremos el miércoles 10 de abril de 2019 en Castellón, con el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, y el jueves, 11, en el Monestir de les Avellanes, en Lleida, con el Consell Comarcal de la Noguera.)

Cuatro propuestas para un pacto social en Euskadi

ituna

A continuación se plantean cuatro iniciativas que podrían incluirse en un pacto social vasco que tuviera voluntad de lograr un consenso de diversos agentes y un impacto estratégico significativo a medio plazo en relación con importantes retos sociales que Euskadi tiene por delante:

  1. Creación de la Agencia Vasca para la Evaluación, Innovación e Integración de Políticas Sociales, dotada inicialmente con un presupuesto anual de 25 millones de euros, para incidir eficazmente en los cambios de modelo que necesitan nuestras políticas sociales (singularmente las sectoriales de servicios sociales, vivienda y salud y las transversales de infancia y familias) para lograr un salto cualitativo en la capacidad de afrontar la crisis de los cuidados, de la natalidad, de la complejidad asociada al envejecimiento y de la sostenibilidad relacional de la vida familiar y comunitaria, sobre la base de una ordenación e impulso de la gobernanza intersectorial y multinivel de las políticas públicas de carácter social, económico y territorial en Euskadi.
  1. Experimentación en uno de los territorios históricos de un proyecto piloto de interoperabilidad, integración y transformación del gasto fiscal y las prestaciones económicas de objeto social, para explorar las posibilidades de hacer más eficiente y equitativa la garantía de ingresos para la subsistencia que ofrecen a la ciudadanía los diferentes poderes y administraciones públicas operantes en el País Vasco y para valorar el impacto en la suficiencia, progresividad, equidad, eficiencia y sostenibilidad en nuestra recaudación tributaria de reformas de impuestos como los de patrimonio, sucesiones y transacciones financieras (con un presupuesto de 500.000 euros anuales para el diseño, gestión y evaluación de este proyecto piloto).
  1. Lanzamiento de una agenda prioritaria para el desarrollo, fortalecimiento y universalización del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con dotación presupuestaria inicial de 75 millones de euros anuales, para que el Gobierno Vasco pueda ejercer realmente un liderazgo tractor del sistema, basado en el conocimiento, y hacerlo girar hacia una intervención social cualificada, preventiva, cuidadora, personalizada, integrada (vertical y horizontalmente), digitalizada, comunitaria, intergeneracional, accesible, participativa, asequible, solidaria e inclusiva, basada en las evidencias científicas, los avances tecnológicos y los derechos humanos.
  1. Incorporación a la estrategia vasca de ciencia, tecnología e innovación, como principal eje vertebrador, de la construcción de una sociedad cuidadora, solidaria y sostenible, de modo que se logre la sinergia entre política pública, demanda interna, sostenibilidad económica, empleos de calidad, flujos migratorios, desarrollo territorial y posicionamiento global en la economía vasca, apostando por tecnologías emergentes coherentes con nuestro modelo comunitario y social, con una dotación anual inicial de 95 millones de euros.

Las medidas propuestas se basan en análisis estratégicos que llevan a la conclusión de que es necesario aumentar de forma importante la inteligencia pública y común y su capacidad de poner a prueba dispositivos, sistemas, tecnologías o ingenierías sociales que, desde lógicas de sostenibilidad relacional y territorial, ayuden a construir alternativas escalables para un desarrollo social innovador.

¿Cómo construir un modelo de servicios sociales?

modelo 3

Tanto en trabajos de elaboración de normas jurídicas o de planificación estratégica como en formación, investigación u otros procesos en materia de servicios sociales, aparece frecuentemente la pregunta sobre “el modelo“ de referencia. Ello sucede, posiblemente, por qué percibimos estar en un momento clave de la evolución de este ámbito de actividad, un momento en el que está en juego su configuración global.

A la hora de definir un modelo de servicios sociales, posiblemente, la primera decisión a tomar es la del objeto, es decir, las necesidades y demandas de las personas a las que deberán responder los servicios sociales o los efectos que habrán de desencadenar. El objeto, finalidad o misión será la que permitirá diferenciar el ámbito de los servicios sociales de otros ámbitos de actividad y permitirá, por tanto, dibujar el perímetro de los servicios sociales e identificar las fronteras de este ámbito con otros, especialmente, con aquellos más cercanos como los de la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la justicia, el urbanismo, el ocio o la garantía de ingresos para la subsistencia.

A continuación, toca preguntarse qué actividades profesionales y correspondientes disciplinas de conocimiento van a ofrecer las herramientas, instrumentos, metodologías o tecnologías que permitirán ofrecer respuesta a las necesidades identificadas, a partir del correspondiente diagnóstico o evaluación y mediante una legítima prescripción o propuesta de plan de atención. Estaríamos definiendo o construyendo el modelo de intervención.

El siguiente paso, posiblemente, será optar por un determinado reparto y articulación de papeles del sector público, el tercer sector y el sector privado en la prestación, gestión y gobierno de los servicios sociales: la articulación institucional. En este momento, aparece la figura del sistema público de servicios sociales como expresión del rol del sector público y se establecen las fórmulas de sostenimiento de los servicios a través de impuestos, precios, autogestión u otras.

El estado del arte en materia de intervención profesional basada en el conocimiento (modelo de intervención, modelo de atención o modelo técnico) y las expectativas en relación con los efectos del sistema público de servicios sociales nos llevarán al modelo organizativo que, en lo tocante a su relación con el territorio, se podrá estructurar por niveles más descentralizados (primarios, comunitarios o próximos) o más centralizados (secundarios, especializados o abarcadores), pero que, en todo caso, deberá dar respuesta a las necesidades de integración vertical que devienen de los itinerarios previsibles de las personas en relación con el sistema y las correspondientes variables de segmentación de la población.

A su vez, se deberá ofrecer un modelo de integración horizontal o intersectorial con los otros ámbitos de actividad identificados y, específicamente, con sus sistemas públicos. Éste modelo de integración horizontal deberá dar respuesta a los diferentes grados de complejidad que presentarán las diversas personas usuarias o destinatarias en distintos momentos de su ciclo vital.

El modelo técnico y el modelo organizativo deberán permitir un diseño de servicios, entendidos como paquetes reconocibles para las personas de actividades profesionales basadas en el conocimiento (catálogo o cartera). También permitirán identificar un modelo de gestión y un modelo de gobernanza y sus estructuras correspondientes, así como las relaciones que se establecerán entre los diferentes agentes para las distintas funciones previstas.

Todos los aspectos recogidos hasta el momento responderán a una serie de valores o principios que podrán ser explicitados y que podrían ser considerados como el alma del modelo de servicios sociales que estemos planteando. Por otra parte, podría considerarse el sistema o sistemas de información y conocimiento como la inteligencia de los servicios sociales.

(Notas para un curso a realizar esta semana con el Gobierno de Cantabria, para la escuela de primavera en los días siguientes con el Gobierno de las Islas Baleares y para una jornada el sábado con las entidades que trabajan con adicciones en Andalucía.)

Garantizar la calidad

calidad

A la hora de lograr unos servicios sociales (o cualquier otro tipo de servicios o productos) de calidad cabe identificar un abanico de instrumentos, herramientas o estrategias que, en principio, podríamos presentar en una gradación de menor a mayor complejidad, con el ánimo de que los agentes que se desenvuelven en los niveles operativos, de gestión o de gobierno de las organizaciones puedan elegir unas u otras en diferentes combinaciones y progresiones.

La primera manera de buscar la calidad es mediante el ciclo canónico de planificación, ejecución y evaluación que, deseablemente, ha de realizar cualquier profesional o agente en cualquier ámbito de actividad, en el nivel operativo, organizativo y estratégico. Frente al riesgo de que nuestra actuación se convierta en mecánica repetitiva, la inteligencia humana nos incita a que sea, de manera más o menos compleja, planificada y evaluada, es decir, a que haya una decisión consciente acerca de los objetivos, estructuras, actividades y recursos y una valoración (basada en la descripción y el análisis) de los efectos obtenidos en relación, por ejemplo, con los objetivos establecidos, los recursos consumidos y las necesidades identificadas.

En un segundo nivel de complejidad cabe situar los métodos o estrategias de normalización y control. Así, podemos normalizar y controlar (desde la perspectiva ética y técnica) estructuras (por ejemplo, el ancho de banda en un servicio de teleasistencia), procesos (por ejemplo, los pasos a dar en una primera entrevista con una persona usuaria), resultados (por ejemplo, nuevas relaciones primarias establecidas por la persona destinataria) o recursos y capacidades (por ejemplo, cualificación profesional requerida para un determinado puesto). Lo podemos hacer, además, en marcos o formatos establecidos con carácter más general o con otros más propios de un determinado ámbito de actividad.

Una tercera vía para mejorar la calidad de productos, apoyos, servicios o intervenciones es la del empoderamiento de las personas usuarias o destinatarias, sea desde el plano ético, desde la gestión o desde la política. Medidas como el consentimiento informado ante tratamientos o intervenciones o los presupuestos individuales, que buscan potenciar la posibilidad de elección de proveedoras por parte de la personas usuaria pueden encajar en este apartado. También podríamos referirnos en este nivel a procesos de empoderamiento de otros agentes, como el personal de atención directa, por ejemplo.

En el cuarto nivel nos referiríamos a la construcción de conocimiento como fórmula para la búsqueda de la calidad de un producto, servicio o actuación. Concretamente, en el caso de los servicios sociales, cabe estimar que, en muchos casos, no disponemos de los valores, teorías, tecnologías o destrezas que necesitamos y que hemos de realizar e impulsar, en un ecosistema complejo de agentes, los procesos de investigación, desarrollo e innovación que nos permitan contar con el conocimiento ético, científico, técnico y práctico que necesitamos para ofrecer calidad.

Por último, hay que señalar que las tecnologías digitales, los macrodatos o la inteligencia artificial nos permiten integrar los procesos operativos, de gestión y de gobierno, de modo que se perfeccione y acelere la mejora continua de la calidad de lo que hacemos. Pensemos, por ejemplo, en una intervención social, apoyada en una aplicación digital, para la activación y fortalecimiento de distintos apoyos familiares, comunitarios, voluntarios o profesionales para diferentes perfiles de personas que, a la vez que funciona, gestiona la información que se genera y se reajusta constantemente para una mejor atención, para una prestación de servicios sociales de mayor calidad.

(Ideas compartidas en las actividades de deliberación sobre la estrategia 2030 de los servicios sociales de Cantabria, el documento de bases para una nueva ley de servicios sociales en Asturias y el borrador del nuevo plan estratégico de servicios sociales de Navarra.)

Otra historia del bienestar

expósitos

Como sabemos (ver entrada anterior) Lucio vino al mundo ayudado por las mujeres de su familia, Flortxu lo hizo con la partera comunitaria de Zalla, Fernando nació en una clínica privada y Marta en la sanidad pública, en estos dos últimos casos con asistencia médica y otras sanitarias. Reconstruyamos ahora otra saga familiar de personas que nacieron, más o menos, a la vez que estas cuatro que conocimos ayer y no muy lejos de ellas.

María Bilbao nació a finales del siglo XIX en un “refugio para mujeres marginadas” regentado por la orden de Nuestra Señora de la Caridad y del Buen Pastor en Bilbao. Su madre practicaba la prostitución en el barrio de San Francisco, en esa ciudad. Fue asistida por una monja enfermera bien formada y notablemente experimentada para esa tarea. Después de nacer, esta misma institución religiosa se hizo cargo de sus cuidados, aunque no por muchos años, por diferentes razones. En los años treinta del pasado siglo, María dio a luz a Juan, Juan Bilbao. Lo hizo (previa comprobación de su condición de vizcaína, soltera y carente de recursos) en la Casa de Maternidad, establecimiento municipal, abandonándolo en la aledaña Casa de Expósitos, regentada por la Diputación, que se encargaba de los hijos considerados “ilegítimos” (según el reparto de competencias establecido por la normativa española sobre la Beneficencia). Desde 1924, por cierto, se habían diferenciado, por su especialidad, el médico ginecólogo que atendía a las parturientas, en la Maternidad, y el médico puericultor, que atendía a los “expósitos”. Juan trabajó duro desde muy joven y se casó en los años cincuenta del siglo XX con Elena Ajuria. En los años sesenta del pasado siglo nació Ana Bilbao Ajuria, su única hija, en la Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor (denominación que tenía entonces el actual Hospital Universitario de Cruces, dado que, en aquel momento, el término “hospital” se asociaba a la Beneficencia, para personas “indigentes”). Elena y Ana recibieron esa atención médica y, en general, sanitaria gracias a las cotizaciones a la Seguridad Social, pública, de Juan y de la empresa para la que trabajaba. En los años noventa del pasado siglo Ana Bilbao Ajuria tuvo a su primer hijo, Iker, en el Hospital de Cruces, hospital público, universal y gratuito, del Servicio Vasco de Salud, dotado de los recursos humanos y tecnológicos más avanzados.

Son muchas las reflexiones que cabe hacer si comparamos estas dos historias familiares pero la que ahora nos interesa tiene que ver con la relación entre la actual sanidad pública y los actuales sistemas públicos de servicios sociales en España. Por ejemplo, en la actual Osakidetza podemos acceder, de forma universal y gratuita, al Centro de Salud de Santutxu, de atención primaria (cuyo edificio es el de la Casa de Expósitos de la que hemos hablado) o al hospital universitario público en el que se ha convertido la “residencia sanitaria” de la Seguridad Social (en aquel momento con forma de prestación contributiva, no universal) a la que nos hemos referido. Cabe entender que los avances de las ciencias y tecnologías de la salud, junto a otros factores, han contribuido a acotar el ámbito de los servicios sanitarios y a impulsar su universalización, por la percepción generalizada de su valor añadido para la calidad de vida de las personas, entre otras razones.

En nuestros servicios sociales públicos, al igual que en nuestros sistemas de salud, también encontramos trazas de aquella Beneficencia pública que asistió en el parto a María Bilbao (por cierto, con una atención sanitaria más cualificada profesionalmente y de mayor base científica que la que recibió Flortxu de su partera comunitaria en la misma época). Más aún, los servicios sociales pueden ser vistos como el resto que queda cuando, de la Beneficencia, salen (por desarrollo técnico y universalización política) los servicios sanitarios, los educativos u otros. Ciertamente, nuestros actuales sistemas públicos de servicios sociales no sólo heredan estructuras de la Beneficencia (transformada en su momento en Asistencia Social) sino también servicios sociales de la Seguridad Social. Sin embargo, en buena medida, siguen realizando una labor de comprobación administrativa de situaciones de exclusión que dan acceso a prestaciones que no podemos considerar universales y que no son consideradas como valiosas por y para el conjunto de la población (como hizo la Casa de Maternidad con María Bilbao).

Seguramente, y aquí se acaba esta reflexión, la acotación del ámbito (objeto y perímetro) de los servicios sociales (y de otros) y el avance del conocimiento en las ciencias y tecnologías de la intervención social son dos factores que se potencian mutuamente y, a la vez, son condición necesaria, aunque no suficiente, para la universalización de los servicios sociales. A la vez, esta acotación y universalización de los servicios sociales nos obliga a idear, experimentar y desarrollar nuevas formas, basadas en la evidencia científica y el enfoque de derechos, para la atención comunitaria e integrada de las situaciones de complejidad y para la sinergia entre los distintos tipos de agentes (comunidad, Estado, tercer sector y mercado).

(Segunda parte de la narración utilizada en Vic (Osona) el 20 de marzo de 2019. La imagen corresponde al jardín de la Casa de Expósitos de Bilbao de la que se habla en la entrada.)