Salud mental e integración de servicios de bienestar

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La prevención y abordaje de los problemas de salud mental deben debatirse, perfilarse y mejorarse en un contexto tanto sectorial (del sistema de salud) como intersectorial. Sectorial, dentro del ámbito de las ciencias, tecnologías, políticas y servicios de salud, identificando y operativizando cada vez con mayor claridad las enfermedades o trastornos mentales y la salud mental, de modo que las personas afectadas y el conjunto de la comunidad puedan beneficiarse tan pronto y tanto como sea posible de las intervenciones y tratamientos correspondientes. Intersectorial, en la medida en que las enfermedades (o trastornos) mentales afecten a (y se vean afectadas por) otros ámbitos de la vida y necesidades de las personas (como su empleo, su alojamiento, su interacción, su aprendizaje, su subsistencia material u otros).

Posiblemente uno de los principales obstáculos cognitivos para avanzar en este camino es la confusión conceptual en torno a la rama de los servicios sociales. No es infrecuente que desde los servicios sanitarios (u otros) se tenga una visión difusa de los servicios sociales como si fueran un amplio contenedor de(o cauce para) todo el resto de bienes diferentes del de la salud, de suerte que la (o cierta) persona con trastorno o enfermedad mental, una vez, diagnosticada y enrutada dentro del sistema sanitario, para todo lo demás (vivienda, ingresos para la subsistencia, cuidados, ocupación y más) pudiera tener como referencia al sistema de servicios sociales.

Sin embargo, según la propuesta que se plantea aquí, los servicios sociales serían responsables, si la patología mental (se entiende que crónica o de curso prolongado) ha desencadenado una limitación funcional previsiblemente duradera, de ofrecer apoyos de diferentes tipos que optimizaran y complementaran la capacidad funcional de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria y, por definición, sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario. Los cuidados y apoyos de larga duración cuya necesidad viene desencadenada por una limitación funcional de la persona para las decisiones y actividades de la vida diaria no compensada o complementada por la red familiar o comunitaria de la persona corresponderían según este esquema a los servicios sociales. Es más, según este modelo, el diagnóstico emitido por el sistema de salud no necesariamente (o más bien, seguramente, no) se convierte en criterio de segmentación para los servicios sociales.

En definitiva, el reto de la atención integrada a la salud mental tiene, hoy y aquí, la complejidad y dificultad que se deriva del hecho de que:

  • La salud mental es un área de la salud de las personas en la que la capacidad de respuesta del sistema de salud está menos desarrollada que en otras áreas de la salud de las personas.
  • La atención integrada intersectorial es, en buena medida, una asignatura pendiente de nuestro sistema de bienestar.
  • El conjunto del sistema de bienestar se encuentra en una fase crítica y convulsa en la que no tiene una hoja de ruta clara y segura para su desarrollo.

Así pues el reto es el de diseñar, implementar, pilotar, evaluar y escalar más y mejores apoyos, servicios e intervenciones desde el sistema de salud en lo que tiene que ver con la salud mental, a la vez que se construye la atención integrada intersectorial que, a su vez, va a resultar un factor clave para la eficiencia y sostenibilidad de nuestro sistema y modelo de bienestar.

(Fragmento adaptado de la ponencia preparada para el curso de verano de la Universidad del País Vasco sobre salud mental organizado por el Ararteko los días 7 y 8 de julio de 2022, ponencia que puede descargarse competa aquí. La imagen está tomada de la página del curso, que se puede visitar clicando aquí.)

Diez asignaturas pendientes en el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales

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1. La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características de la rama: si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria y sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).

2. El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad (como salud y educación).

3. La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.

4. Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de mantener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).

5. El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención (masa crítica de la oferta) de los servicios sociales, ahora escindida entre dos niveles.

6. La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.

7. El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.

8. El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa.

9. La definición de la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y los barrios, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de reciprocidad o solidaridad y en las economías de proximidad y del procomún colaborativo.

10. La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

(Fragmento adaptado del artículo, descargable aquí, “Los servicios sociales en España: ¿reforzamiento, perfeccionamiento, transformación o reinvención?” recién publicado en la revista, accesible aquí, Documentación Social, a la que corresponde la ilustración. Sobre estas cuestiones hablaremos el martes, 28 de junio de 2022, en el Aula de Servicios Sociales de Cantabria, accesible libremente por zoom en directo, con una presentación que puede descargarse aquí).

¿Y si lo más grave de nuestro asistencialismo fueran sus consecuencias políticas reaccionarias?

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Si existe un círculo virtuoso entre los servicios públicos universales de calidad y el igualitarismo en el pensamiento de la ciudadanía, quizá exista un círculo vicioso entre el asistencialismo social y la retórica reaccionaria. Veamos.

Vivimos una época en la que, en no pocos lugares de nuestro entorno,  el deterioro y descrédito de los bienes, espacios, políticas y servicios públicos universales (de modo especial, seguramente, los educativos y sanitarios), catalizados por el aumento de la desigualdad, segregación y fragmentación social y potenciados interesadamente por voces poderosas en la conversación pública y las redes sociales, alimenta en la población los discursos, sentimientos y comportamientos reaccionarios contra las políticas distributivas y el Estado de bienestar.

En ese contexto, los viejos y nuevos partidos y movimientos reaccionarios están siendo cada vez más capaces de “coser” bases de apoyo electoral y social interclasistas que van desde integrantes de ese 1% de la población más pudiente, exclusivo y elitista hasta personas socialmente excluidas que padecen graves apuros económicos, pasando por otras más acomodadas o más precarias que sienten o temen perder algo que valoran (más tangible o más intangible, más económico o más moral). Conseguir que más y más personas (y más y más diversas) piensen que son víctimas de algún tipo de agravio comparativo es una de sus intenciones principales.

Entonces, cuando desde los servicios sociales públicos o desde el tercer sector de acción social nos vamos especializando en segmentos cada vez más reducidos y diferenciados de personas (para proporcionarles una atención más integral y, en el extremo, para su internamiento en algún tipo de institución total) y cuando damos una vuelta de tuerca más a nuestras prácticas de racionamiento de recursos necesarios para la subsistencia material de la gente, sometiendo a mayores escrutinios y controles a determinadas personas, de forma seguramente involuntaria pero no inocente, las estamos segregando y estigmatizando, las estamos señalando y desvinculando.

Flaco favor hacemos a las personas en riesgo o situación de exclusión social si nuestras intervenciones, programas, servicios y organizaciones actúan como cortafuegos que las separa de otras con las que podrían configurar sujetos colectivos comprometidos con la fraternidad solidaria, las políticas igualitarias y la justicia social. Si, para acceder a nuestras prestaciones y servicios, las personas han de perderse por laberintos burocráticos (presenciales o digitales) y han de alejarse de la comunidad y el territorio; si nuestras organizaciones y profesionales les tratan con asimetría impersonal o condescendencia paternalista, no sólo no les estamos ayudando eficazmente en orden a su inclusión social sino que estamos facilitando el trabajo a las retóricas reaccionarias y excluyentes.

En estos momentos el pensamiento y las políticas reaccionarias parecen llevar el viento de cola. En la medida en que nuestras prácticas y programas de intervención social se conciban, se presenten y se perciban como focalizados para categorías especiales de personas y disminuyan las probabilidades de encuentro e identificación entre personas diversas en el espacio y los servicios públicos, más fácil resultará al pensamiento reaccionario caricaturizar o demonizar a aquellos colectivos (y, en definitiva, personas) que quiera presentar como costosas o peligrosas de cara a articular un “nosotros” excluyente e injusto.

Creyendo atenderlas y defenderlas quizá las estamos poniendo, sin darnos cuenta, a los pies de los caballos.

(En la fotografía, Albert Otto Hirschman, autor de La retórica reaccionaria.)

Voluntariado en servicios de salud: ¿avisar de que se acaba el gotero o humanizar el sistema?

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Nuestros sistemas públicos de salud son complejos mecanismos vertebrados por competencias profesionales y tecnologías generadas desde algunas áreas de conocimiento y soportados por los poderes y presupuestos públicos con fuerte legitimación social. Son artefactos organizacionales sofisticados que surgen y se desarrollan en determinados contextos económicos, sociales y morales y que se deterioran en su ausencia. Podría decirse que hay un círculo virtuoso entre la cohesión social y territorial y los sistemas públicos de salud, del mismo modo que hay un círculo vicioso entre deterioro de los servicios sanitarios públicos y la desmoralización propia de los contextos de segregación y desigualdad entre las personas.

Nuestros sistemas universales de salud se configuran con activos y estructuras procedentes de la Beneficencia, de la Seguridad Social, de otros orígenes o generadas dentro de los propios sistemas ya universalizados. Sea como fuere, para las actuales usuarias de estos servicios todos ellos tienen unas características parecidas en cuanto a profesionalidad, gratuidad, accesibilidad o calidad, por citar algunos importantes valores que solemos atribuir a estos sistemas. En su estructura organizativa territorializada resulta fundamental la diferenciación e integración vertical entre la atención primaria y comunitaria y la atención especializada y, en su caso, hospitalaria.

¿Qué rol puede desempeñar el voluntariado en nuestros sistemas de salud? No, desde luego, el de un mal menor o un parche coyuntural en el caso de carencias de recursos humanos profesionales remunerados, sino el de una aportación sustantiva de valor que enriquece la vida y el funcionamiento de los servicios sanitarios con los valores propios de la acción voluntaria, como iniciativa, proximidad, solidaridad o participación.

Habrá quien verá el virus del voluntariado como una molestia menor y pasajera en nuestros sistemas públicos y profesionalizados. Habrá quien dirá que es un peligroso troyano que desconfigura la sanidad pública (jaqueada, por tanto, por el virus del voluntariado). Desde otro punto de vista, sin embargo, el voluntariado puede ser un buen driver (intermediario) que mejore nuestros sistemas de salud, potenciando sus mejores valores, añadiendo otros y, específicamente, corrigiendo tendencias autoritarias o tecnocráticas. Las voluntarias y voluntarios ayudarían en el funcionamiento cotidiano, no tanto porque puedan, en algún caso, hacer que éste sea algo menos costoso, sino más bien por su aporte de frescura, humanidad, generosidad y comunidad.

(La ilustración esta tomada del cartel anunciador de la jornada organizada hoy por el Consorci de Salut i Social de Catalunya.)

Tercer sector de acción social: ¿y si se tratara de ser más “tercer sector” y menos “de acción social”?

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Las organizaciones de nuestro tercer sector de acción social se identifican mayoritariamente con algún colectivo poblacional en situación o riesgo de exclusión social cuya delimitación suele tener que ver con algún factor clave para la inclusión social en un determinado modelo de sociedad (como, por ejemplo, tener empleo o tener familia). Fue, ha sido y es la sociedad excluyente la que ha configurado esos colectivos y fue, ha sido y es la entidad solidaria la que intenta prevenir, paliar o corregir los procesos de exclusión social que afectan a dichos grupos poblacionales. Una buena parte de estas organizaciones solidarias de acción social encuentran acomodo en el ámbito sectorial de los servicios sociales obteniendo financiación pública y encajando más o menos como atención especializada (por colectivos poblacionales) de los sistemas públicos de servicios sociales. En ese contexto, van potenciando su dimensión de prestadoras de servicios sociales (o, en general, de bienestar) financiados públicamente y van perdiendo autonomía estratégica frente a los poderes públicos.

Es posible que fenómenos extremos que se van encadenando (en salud, clima, suministros, finanzas, alimentación, seguridad, conectividad u otros) puedan ser síntomas de desajustes estructurales de nuestros sistemas tecnológicos, económicos, laborales, sociales y políticos. En ese contexto, al que llegamos tras un ciclo de digitalización, extralimitación, financiarización, deslocalización, mercantilización, individualización y desacralización, las organizaciones del tercer sector amarradas a un colectivo y con poca autonomía estratégica corren el riesgo de quedar a merced de las decisiones de las personas con responsabilidades políticas, personas que, en el contexto citado, se sienten también notablemente impotentes ante determinados poderes tecnológicos, económicos y empresariales globalizados. En lugar de progresar en universalidad, enraizamiento, integración y conocimiento, frecuentemente, quedan relegadas a una acción social residual, instrumentalizada, desconectada y de baja cualificación.

Si la acción social que se deja a las administraciones públicas y, especialmente, al tercer sector clientelar y dócil es ese tipo de obsoleto asistencialismo paliativo de pretendida emergencia (muchas veces shocks provocados o manejados por ciertos agentes), estigmatizante y alienante, de institucionalización y control, posiblemente sea prioritario construir capacidad de agencia para incorporar al funcionamiento del sistema social los valores de iniciativa, solidaridad, colaboración, justicia y participación que dan sentido al tercer sector. Más que la ayuda, prestación, servicio o programa establecido que gestiona, importa la capacidad que aporta a la sociedad de ensayar y desplegar formas alternativas de producción, funcionamiento y decisión. Más que la función que le dejan aquellos agentes que lo quieren instrumentalizar, el tercer sector de acción social se encuentra ante el reto de apoyarse en el conocimiento, en su base social, en su legitimidad, en su versatilidad y en su capacidad de situarse estratégicamente para encarnar y desencadenar cambios sociales inspirados en sus valores.

Lecturas recientes:

AGILE AGEING (2022): Cultivating neighbourhoods that care. London.

DRAPERI, Jean-François y otras (2022): Les coopératives entre management et contre-management. Bruxelles, Smart.

FANTOVA, Fernando (2022): “Políticas sociales, organizaciones solidarias e innovación social” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 87-101.

FRESNO, José Manuel (2021): “Concierto social y cooperación administrativa-tercer sector” en IZAOLA, Amaia (compilación): Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social. Bilbao, páginas 926-951.

JARAÍZ, Germán y GONZÁLEZ, Auxiliadora (2021): “Dinámicas de colaboración en las organizaciones del tercer sector de acción social en España” en CIRIEC-España, número 103, páginas 141-170.

MAINO, Franca (2021): Il ritorno dello stato sociale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Secondo Welfare.

NEL.LO, Oriol y otros (2022): El apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana durante la pandemia covid-19. Buenos Aires, CLACSO.

RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio y ARRIBA, Ana (2022): “Políticas de protección social y de lucha contra la exclusión laboral y social durante la crisis de la COVID-19” en AYALA, Luis y otras (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 345-391.

(Reflexiones para hoy en el séptimo congreso de la Taula del Tercer Sector en Barcelona.)

Inclusión social, acción comunitaria y agenda urbana

Rubí

¿En qué consiste el encargo o el reto de la inclusión social? ¿Qué significa que nuestro plan de inclusión social es, a la vez, un plan de acción comunitaria? ¿Qué tiene que ver todo esto con la agenda urbana? ¿Y cómo se cocina, se sirve y se come todo este guiso en estos convulsos tiempos (pos)pandémicos?

Para hablar de la inclusión social nos serviremos de la metáfora de que las personas somos piezas que componemos un rompecabezas que es la sociedad. Si nuestra pieza encaja y está dentro del rompecabezas estaríamos en una situación de inclusión social. Si nuestra pieza no encaja, estamos fuera, estamos en una situación de exclusión social.

En realidad, en gran medida, la sociedad es como una máquina troqueladora que nos da forma como piezas para que encajemos en el rompecabezas que es la propia sociedad. Cierto que las personas venimos al mundo con unas características iniciales pero nuestra historia de inclusión o exclusión social depende en buena medida de cómo nos vaya troquelando la sociedad y, a la vez, cómo nos vaya encajando junto con otras piezas en unas u otras partes del rompecabezas social.

Llevamos unas pocas décadas hablando de exclusión e inclusión social, seguramente porque antes la discusión era más bien sobre la posición de las piezas dentro del puzle (más ventajosa o desventajosa, más humanizadora o deshumanizadora, más bien oprimida u opresora) mientras que, de un tiempo a esta parte, con independencia de las mejores o peores posiciones relativas de quienes están dentro del rompecabezas, parece que hay más y más piezas que, sencillamente, son consideradas como sobrantes por parte de no pocas propuestas de configuración y composición del rompecabezas social. A este respecto es ilustrativa la evolución de los informes FOESSA que, con el cambio de siglo son informes sobre desarrollo social y exclusión social (se diría que vienen de la mano el desarrollo social y la exclusión social).

En todo caso, antes de que se comenzara a hablar de exclusión e inclusión social también había piezas que se consideraban sobrantes o inservibles. De hecho, la construcción, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, de lo que ahora llamamos servicios sociales es, en buena medida, un proceso de clasificación y tratamiento de conjuntos pretendidamente homogéneos de piezas que, por diferentes características, se decía que no encajaban en el rompecabezas social: criaturas desamparadas, personas con discapacidad, familias menesterosas, personas adictas, mujeres maltratadas, personas ancianas y así sucesivamente.

Hoy sabemos que las personas que acaban clasificadas en uno de esos conjuntos cuya atención fue encomendada a los servicios sociales han sido en buena medida troqueladas por la sociedad con esas características. Es más, sabemos que nuestros servicios sociales son, en buena medida, responsables de ese troquelado. A veces un mal menor para que esas personas, al menos, sobrevivan. Pero troquelado al fin y al cabo.

Así pues, en una sociedad que troquelaba a grandes grupos de personas como trabajadores por cuenta ajena, como amas de casa, como personas económicamente dependientes de sus familias extensas, como pensionistas o como rentistas, parecían funcionales unos servicios sociales que se ocupaban de esos otros pequeños conjuntos de piezas difíciles de encajar. Bien para que pudieran sobrevivir en los márgenes de la sociedad o bien, incluso, para que, después de un nuevo proceso de troquelado, pudieran encajar en la sociedad,

(Primeros párrafos de la conferencia preparada para hoy en Rubí. Aquí se puede descargar su contenido completo.)

Analizando la organización social de los cuidados prolongados

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A la hora de comprender cómo, desde las políticas públicas, se está incidiendo y se puede llegar a incidir en el mundo de los cuidados de larga duración, podemos analizar siete grandes mecanismos de estructuración de las actividades que dan respuesta a las necesidades de las personas, siete grandes elementos que pueden ensamblarse de muy diferentes maneras:

  1. Ambiente-territorio: cuando la respuesta a la necesidad depende del entorno natural, de la tierra y sus recursos.
  2. Ayuda mutua: cuando la respuesta a la necesidad depende del don y de la reciprocidad en las redes y relaciones primarias familiares y comunitarias.
  3. Competencia profesional: cuando la respuesta a la necesidad depende de la actividad de personas cualificadas para realizarla y remuneradas por ella.
  4. Poder público: cuando la respuesta a la necesidad depende del ejercicio de una autoridad que garantiza derechos y está legitimada para imponer obligaciones.
  5. Mercado autorregulado: cuando la respuesta a la necesidad depende de la posibilidad efectiva de intercambios entre agentes.
  6. Aseguramiento financiero: cuando la respuesta a la necesidad depende del ahorro o la inversión que se ha llevado a cabo previamente.
  7. Innovación tecnológica: cuando la respuesta a la necesidad depende de la existencia de soluciones estandarizadas, formateadas a partir de conocimiento, en principio, científico.

En el cuadro vemos algunos ejemplos de grandes áreas de necesidad o actividad y distinguimos, para cada caso, cuál de esos siete es el elemento vertebrador, qué otro elemento resulta fundamental y qué otros elementos son importantes en cada caso. Cabe entender que la denominada Ley de Dependencia (de 2006) pretendía convertir el poder público (específicamente los sistemas públicos de la rama de actividad de los servicios sociales) en el elemento vertebrador de la organización social de los cuidados prolongados (o de la respuesta a las necesidades permanentes de cuidados), en principio con la competencia profesional como elemento fundamental.

¿Por qué no ha funcionado el modelo de la Ley de Dependencia? Posiblemente porque, en realidad, los servicios sociales no habían sido concebidos como servicios de cuidados sino como servicios para intentar evitar, paliar o revertir procesos de exclusión social (debidos a la necesidad de cuidados o a muchas otras). Por otra parte, la ayuda mutua familiar (la patriarcal todavía dominante y la pospatriarcal, ojalá, emergente) ha mostrado más resiliencia de la prevista (tirando, además, frecuentemente de un mercado feminizado colonial en proceso de irse autorregulando), en un ámbito en el que la autodeterminación y el deseo de libre elección de las personas en materia de cuidados parece casar mal con la estructura organizativa y la cultura asistencial de los servicios sociales (más orientadas a la tutela y el control). Todo ello sin desconocer que el gasto público destinado a los servicios sociales profesionales de cuidado ha sido limitado.

(Notas para el proyecto #ZainLab2, de Servicios Sociales Integrados, financiado por el Gobierno Vasco.)

La intervención social ante las situaciones de soledad

…………………..Muskiz

Si proponemos la interacción (es decir, la autonomía e interdependencia de las personas en la vida diaria y en las relaciones primarias) como el objeto de la intervención social (se realice ésta dentro o fuera de la rama de actividad de los servicios sociales), cabe entender que las de soledad son situaciones que conciernen a la intervención social y que su estudio interesa a las disciplinas de la intervención social (tales como el trabajo social, la educación social o la psicología de la intervención social).

Decimos que una persona está en una situación de soledad en la medida en que mantiene menor cantidad o calidad de relaciones con otras personas que las que le gustaría (por lo tanto hay que considerar el proyecto de vida y las preferencias de cada persona). Se suele hablar de tres tipos de soledad: la soledad social, que haría más bien referencia al número de relaciones; la soledad emocional, que haría más bien referencia a la calidad de las relaciones; y la soledad existencial, a la que nos referiríamos cuando la soledad ha calado más profundamente, afectando a la identidad e identificación de la persona como parte de la comunidad.

Las situaciones de soledad son motivo de preocupación en tanto en cuanto entendemos que la pertenencia a la comunidad, el apoyo mutuo y las relaciones interpersonales son bienes valiosos, bienes de primera necesidad con sentido en sí mismos. Además, como los grandes bienes de primera necesidad tienen sinergias entre sí, las situaciones de soledad pueden contribuir a agravar otros males que podemos padecer, tales como enfermedades, fragilidad funcional, pobreza económica, precariedad laboral, vulnerabilidad residencial, inseguridad física u otros.

Nuestra sociedad ha evolucionado (en lo demográfico, en lo laboral, en lo residencial, en lo familiar y en lo moral) en un sentido que hace que se hayan ido incrementando y se sigan incrementando las situaciones de soledad. Por eso estamos construyendo estrategias para hacer frente a este reto, estrategias que pueden ser de:

  • Prevención primaria o universal, con toda la población, con cualquier persona, con la comunidad.
  • Prevención secundaria o selectiva, con segmentos de población que pueden presentar mayor riesgo de llegar a una situación de soledad.
  • Prevención terciaria o indicada, con personas que hemos detectado que se encuentran en situación de soledad.

En estos momentos nuestra intervención social suele activarse cuando las situaciones de soledad son bastante acentuadas y, además, se presentan enlazadas con otras preocupantes que se han comentado más arriba. Muy tarde. Por ello es necesario innovar e intentar aumentar nuestra capacidad de prevención selectiva y, sobre todo, universal, impulsando procesos de participación comunitaria y comunidades amigables, en las que todas las personas desarrollemos una mirada activa hacia las otras personas y hacia nosotras mismas, construyendo nuevas relaciones en la diversidad, que nos ayuden a dar respuesta a nuestras necesidades y las de las otras personas, especialmente en las transiciones individuales y colectivas, fortaleciéndonos personal y comunitariamente ante los riesgos que conllevan las situaciones de soledad.

(Notas para una intervención hoy en Muskiz, con el grupo cooperativo de la economía solidaria Servicios Sociales Integrados y profesionales de servicios de bienestar de la localidad.)

Políticas sociales, organizaciones solidarias e innovación social

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En las siguientes páginas, sobre la base de trabajos anteriores, vamos a intentar reflexionar sobre las capacidades y las potencialidades de nuestras organizaciones solidarias para impulsar la innovación social en el ámbito de las políticas sociales o participar en ella, en un contexto pandémico y pospandémico, de emergencias y reconstrucción.

A la vez quieren ser un homenaje a una iniciativa de la sociedad civil, la Fundación Eguía Careaga, que nos viene ayudando durante décadas en el mejor conocimiento de la realidad social y la mejor formulación de políticas sociales, siempre en clave de innovación.

La evolución de las políticas sociales

La adjetivación como social de una parte de las políticas públicas viene originariamente, en buena medida, de una concepción según la cual las Administraciones no habrían de ofrecer respuestas (prestaciones, servicios, atenciones, apoyos) a la mayoría de las necesidades de los individuos, salvo en determinadas circunstancias excepcionales, ante determinadas contingencias, en relación con determinados riesgos. Es decir, se asume que la mayor parte de la población puede (o, en todo caso, debe) obtener satisfacción para el grueso de sus necesidades mediante su pertenencia a familias (en sentido más restringido-nuclear o más amplio-comunitario) o mediante su participación en el mercado (laboral y de bienes y servicios, fundamentalmente) y que sólo en determinadas situaciones tasadas (enfermedad, desempleo, jubilación, orfandad, viudedad u otras), el Estado se hace cargo, bien de costear la satisfacción de determinadas necesidades o bien de satisfacerlas en especie o mediante servicios (Lapuente, 2015).

En esa tradición, tanto la modalidad contributiva (vale decir, Seguridad Social) como la no contributiva (Asistencia Social) de socializar o mutualizar esos riesgos por parte del Estado son políticas públicas adjetivadas como sociales. Así, en ese esquema, por ejemplo, la política sanitaria que me vacuna contra una enfermedad es considerada gasto social mientras que la política de seguridad que me protege frente a un robo no lo es. Consiguientemente, cuando se va adoptando un enfoque de derechos, se denominan derechos sociales los que permiten la satisfacción de esas necesidades que se entienden asociadas a contingencias como las mencionadas. En la concepción canónica de Thomas Marshall, de 1950, se trata de una generación de derechos humanos posterior a los derechos civiles y políticos y, por tanto, las obligaciones o responsabilidades de las Administraciones en relación con los derechos sociales serían posteriores y diferentes a las que tienen en relación con los derechos civiles y políticos. Volviendo al mismo ejemplo, la médica que me pone la vacuna vino después (y de otro modo, vale decir) que el policía que disuade a la persona que me iba a robar (Gómez y Vidal, 2019).

Sin embargo, ese modelo que podríamos denominar en cascada, según el cual quienes no pueden satisfacer determinadas necesidades mediante los ingresos obtenidos, básicamente, por el empleo o mediante la integración en una familia cuentan con la protección social contributiva, y, si no, en último caso, con la protección social no contributiva, es cada vez menos reconocible en nuestro entorno. En cada vez más sectores de actividad, como, por ejemplo, el de la vivienda (considerado habitualmente como social) o el transporte (no considerado social) se plantean las Administraciones parecidos dilemas entre, por ejemplo, regular o proveer (y, en cualquier caso, cuánto financiar o qué recursos y activos aportar). (Ignatieff, 2014). Siguiendo con los mismos ejemplos, ¿tiene hoy en día algún significado afirmar que alojar es más o menos social que transportar?

(Para seguir leyendo, descargar el artículo completo aquí. Forma parte del libro cuya portada aparece en la ilustración, editado en 2022 por la Fundación Eguía Careaga. El libro se presentará en Bilbao el 30 de mayo de 2022 a las 19 horas en el edificio municipal de La Bolsa.)

Empleo con apoyo: miradas de futuro

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A la hora de mirar al futuro del empleo con apoyo puede resultar útil echar una ojeada al pasado y darnos cuenta de que la propia construcción del concepto de discapacidad (u otros similares o conexos) y la configuración de los colectivos de personas así etiquetadas están relacionadas con los procesos de laboralización, mercantilización, urbanización e individualización relacionados con (o enmarcados en) el tránsito a la sociedad industrial.

A partir de ahí, tanto el empleo con apoyo como los centros especiales de empleo, por ejemplo, surgen seguramente de una concepción que otorga gran centralidad al empleo de cara a la calidad de vida y la inclusión social de las personas. Obviamente, el empleo con apoyo es una alternativa preferible al empleo especial o segregado desde el punto de vista de los consensos de las comunidades de práctica y de conocimiento y de visión y de políticas en materia de discapacidad tal como se recoge, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Efectivamente, el artículo 27 de esta Convención prohíbe la discriminación por discapacidad en el mundo laboral y apuesta por el acceso efectivo a los programas generales de orientación y por los ajustes razonables que faciliten una buena experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto.

Con todo, hemos de reconocer que las ingenierías para la inclusión del estilo del empleo con apoyo (las hay en otros ámbitos, como el ocio, la educación u otros) y, en general, el proyecto de la inclusión de las personas con discapacidad va teniendo resultados mucho más modestos de lo que pensábamos, al menos algunas personas, hace cuarenta años. Y además, por si fuera poco, hay una serie de cambios sociales que amenazan con dejarnos fuera de juego. Veamos.

Estamos en la sociedad del conocimiento. Un conocimiento que, por definición, busca y pretende tener validez universal. Por ejemplo, los avances de la arquitectura y el urbanismo en relación con el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal de base tecnológica parecen hablarnos de un futuro inclusivo (aunque sabemos que muchas veces nos hemos visto en la tesitura de retroceder). A la vez, los procesos de exclusión social, como una hidra, se diversifican e intensifican (emergiendo nuevos movimientos sociales mientras las organizaciones de las discapacidades se van acomodando a la función de prestadoras de servicios con financiación pública). El empleo pierde centralidad social y capacidad inclusiva y el territorio físico y la capa digital toman protagonismo con nuevas amenazas y oportunidades para las comunidades humanas. Y ya parece que vamos viviendo una serie de fenómenos disruptivos (como calentamiento, pandemia, guerra, inflación, escasez, trumpismo) que pueden encadenarse y potenciarse entre sí.

En ese contexto, las organizaciones de las discapacidades se van a ver seguramente más comprometidas con el conjunto de la comunidad, más allá del colectivo de personas con discapacidad para el que nacieron. A la vez, la innovación tecnológica, metodológica, organizativa, política y social nos podrá llevar a generar nuevos formatos, alianzas, ubicaciones, procesos o dinámicas en claves posiblemente de más circularidad, intersectorialidad, diversidad, interseccionalidad y comunidad.

La Convención y la legislación, derechos y apoyos vinculados a las diversas formas de certificar el menoscabo funcional (llámese discapacidad, dependencia, incapacidad o de otro modo) son conquistas y palancas irrenunciables. Y, en ese marco, se debe  redoblar la apuesta por el empleo con apoyo. A la vez, quienes se dediquen al empleo con apoyo con personas con discapacidad habrán de involucrarse en estrategias y alianzas diversas para evitar ser víctimas del achique de espacios y el fuera de juego. Estrategias y alianzas que tendrán que moverse seguramente desde el foco en las personas con discapacidad hacia el alcance más universal, desde el ámbito sectorial del empleo a las dinámicas intersectoriales con otras ramas de actividad, desde la interlocución con la administración pública a una geometría variable en un ecosistema de agentes, desde el saber hacer hacia el conocimiento robusto y desde los centros de trabajo a la comunidad y el territorio.

(Notas para hoy, 20 de mayo de 2022, en el Palau Macaya de Barcelona, en el 25 aniversario de la Associació Catalana de Treball amb Suport.)