Renta de Garantía de Ingresos: visión de futuro

Rubial 181017

Recientes investigaciones realizadas o dirigidas por Sara de la Rica demuestran que la Renta de Garantía de Ingresos vasca es muy eficaz en el combate contra la pobreza y, especialmente, en el caso de las personas en peor situación. También se revela como una herramienta útil para la disminución de la desigualdad. Sin embargo, estos estudios reflejan su limitada sensibilidad al aumento del tamaño de las unidades de convivencia (lo que perjudica especialmente a las familias con más hijas e hijos) y ciertas ineficiencias que debieran conducir a cambios que posibilitaran una mejor asignación de los recursos a los diferentes segmentos de personas destinatarias. La evidencia obtenida sugiere, por otro lado, que la RGI no retrasa el acceso al empleo de quienes la reciben. Se echan de menos, sin embargó, unas políticas activas de empleo de mayor cobertura e intensidad, especialmente en el caso de las personas jóvenes, tanto perceptoras como no perceptoras de la RGI.

Xabier Aierdi, por su parte, se ha acercado al estudio de la opinión pública en relación con la Renta de Garantía de Ingresos y encuentra, en la sociedad vasca, una considerable masa crítica (mayoritaria) de apoyo a este pilar de nuestro sistema de bienestar, más allá de lo que pueda escucharse en las barras de determinados bares o leerse en la en las portadas de ciertos periódicos. Hemos de fortalecer y ensanchar esa base de apoyo social a las políticas de bienestar, enlazando viejas y nuevas tramas de solidaridad, como vacuna o antídoto frente a fenómenos de fatiga o rechazo que, como vemos en países que fueron pioneros en la construcción del Estado de bienestar, muchas veces acaban por tener una influyente traducción en la esfera política.

Sea como fuere, la RGI (incluyendo la mejora continua de su control y gestión en Lanbide y, eventualmente, en las Haciendas Forales) no es sino una pieza más dentro de una estrategia que, además de la innovación en las políticas activas de empleo ya mencionadas, debe incluir avances en el campo de las relaciones laborales, la negociación colectiva y la calidad del empleo y una firme apuesta por los servicios sociales para el fortalecimiento de los lazos comunitarios (desde las diversidades) y la autonomía y autodeterminación de las personas. Todo ello en aras de una cohesión social y una emancipación personal para las cuales el dinamismo económico es condición necesaria pero no suficiente.

Seguramente, la pregunta acerca de la sostenibilidad de las políticas sociales universales no está correctamente planteada, dado que lo que parece evidente es que es la propia sociedad la que no será sostenible sin una potente estrategia de inversión social, con especial énfasis, hoy y aquí, en la orientada al bienestar, cualificación, vinculación, productividad y emancipación de las jóvenes generaciones.

(Notas a partir del encuentro organizado el 18 de octubre de 2017 por la Fundación Ramón Rubial. Clicando en su nombre se puede encontrar documentación de sus ponentes: Sara de la Rica y Xabier Aierdi. En el futuro, a demanda, podrá estar disponible más material compartido en este encuentro de la Fundación Ramón Rubial.)

Diez preguntas y respuestas exprés para definir un modelo de servicios sociales

171016

1. ¿Los servicios sociales serían un sector de actividad (económica) o algún tipo de sistema público (política pública)?

Sector de actividad económica con una política pública (sistema público) en su seno que garantice derechos universales.

2. ¿Cuál sería el objeto de los servicios sociales? ¿De qué parcela de necesidades sociales se ocuparían?

Interacción (autonomía funcional para la vida cotidiana en integración relacional: familiar y comunitaria).

3. ¿Qué constructos científicamente establecidos y medibles nos permitirían identificar y evaluar los resultados de los servicios sociales?

Autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, autocuidado, autodeterminación personal, habilidades sociales para la convivencia cotidiana, apoyo social, relaciones primarias, cuidados familiares y comunitarios, estructuras familiares, vínculos comunitarios, activos comunitarios.

4. ¿Qué estrategias utilizarían los servicios sociales (como rama de la acción pro bienestar)?

(1) Prevención, (2) atención personalizada (atención centrada en la persona), (3) transformación de estructuras relacionales (enfoque comunitario, perspectiva poblacional, abordaje de los determinantes sociales de la interacción).

5. ¿Qué áreas de conocimiento, disciplinas o profesiones serían centrales en los servicios sociales?

Trabajo social, educación y pedagogía social, psicología de la intervención social.

6. ¿Cuáles serían los principales productos y actividades de valor (apoyos) que ofrecerían los servicios sociales?

Diagnóstico social, planificación personal, cuidados profesionales (asistencia personal), acompañamiento social (presencial o virtual), mediación familiar, dinamización de ciertos grupos, acción comunitaria, determinados productos de apoyo (ayudas técnicas), aplicaciones informáticas para la interacción, plataformas digitales para la interacción, incentivos económicos para la interacción.

7. ¿Cómo se estructurarían los itinerarios de las personas usuarias de los servicios sociales?

Los niveles de atención (primaria y secundaria) harían referencia a la ubicación (más o menos próxima a los domicilios de las personas) de aquellos servicios (conjuntos integrados de actividades profesionalizadas) con sede física. Las especializaciones profesionales se ubicarían en la primaria o en la secundaria en función de su masa crítica de destinatarias potenciales, potenciándose una triple dinámica:

  • El desarrollo de los servicios virtuales, domiciliarios y callejeros, en detrimento de aquellos que cuentan con sede física (ambulatorios, diurnos, nocturnos y residenciales).
  • La integración vertical, en función de la cual las especialistas ubicadas en secundaria van actuando más como consultoras de las de primaria que como profesionales a las que derivar a las personas usuarias.
  • La generación de nuevas especializaciones que vayan reemplazando a las tradicionales, usualmente vinculadas a grandes colectivos poblacionales, frecuentemente segregados en o por los propios servicios sociales.

8. ¿Cómo se estructurarían los itinerarios de las personas usuarias con necesidades complejas?

Según el modelo de atención integrada (horizontal o intersectorial) propugnado por la OCDE, UE y OMS, que obligaría a un proceso de reordenación y reposicionamiento en virtud del cual los servicios sociales irían entregando áreas a otros sectores (como la comprobación y asignación de medios para la subsistencia o el alojamiento de determinados perfiles de personas) y entrarían más en otras (como la atención a criaturas entre los 0 y 3 años o la intervención en el tiempo libre infantil y juvenil).

9. ¿Cómo se gestionaría el conocimiento para los servicios sociales?

Mediante la colaboración y la tracción entre las universidades, centros de investigación, instituciones reguladoras, prestadoras de servicio, institutos de evaluación, organizaciones profesionales y científicas, defensorías de derechos, agencias de difusión, consultoras, entidades asociativas ciudadanas, industrias auxiliares u otros agentes, en el marco de estrategias públicas, sectoriales e intersectoriales, de investigación, tecnología e innovación.

10. ¿Cómo se articularían los diversos tipos de agentes?

Mediante el liderazgo estratégicamente determinante de los poderes públicos, garantes de derechos, generadores de valor público y reguladores del ecosistema de los servicios sociales, se lograría la sinergia, en un modelo de innovación social, entre las diversas esferas implicadas en los procesos de intervención social (pública, privada, solidaria y comunitaria), de modo que cada una de ellas aportara al máximo según sus ventajas comparativas.

(Sobre estas cuestiones trataremos en el curso sobre planificación estratégica de servicios sociales organizado por la Diputación de Castellón los días 16, 17, 23 y 24 de octubre de 2017 y en la mesa sobre el modelo de servicios sociales del Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo Social a realizar en Mérida los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017.)

Cuatro afirmaciones tentativas sobre acción comunitaria

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Comunidad, acción comunitaria, intervención comunitaria, salud comunitaria, activos comunitarios, servicios comunitarios, atención comunitaria, desarrollo comunitario, organización comunitaria, trabajo social comunitario, psicología comunitaria, medicina familiar y comunitaria, enfoque comunitario, apoyo comunitario, mediación comunitaria y así sucesivamente. ¿De qué estamos hablando?

Cuatro ideas que quizá suenen raras pero que acaso ayuden a hacer distinciones y a ordenar e impulsar prácticas:

1. El territorio no forma parte de la esencia definitoria de la comunidad

Cabe definir las comunidades como entramados de relaciones primarias, entendidas como aquellas relaciones (familiares, de amistad, de convivencia o de reconocimiento) que las personas sostienen (y en las que las personas se sostienen) en gratuidad y reciprocidad. Pueden ser virtuales y no depender de la proximidad física, aunque en la medida en que somos cuerpos situados, físicamente dependientes, muchas comunidades y relaciones comunitarias tienen una importante y fundamental dimensión o carácter territorial.

2. Las entidades asociativas no son comunidad, como no lo son los servicios públicos o los negocios privados

Las organizaciones solidarias de la iniciativa social o tercer sector han ido adquiriendo densidad e identidad hasta el punto y de modo que constituyen una esfera diferenciada de la esfera comunitaria, tanto como lo puedan estar la esfera pública o la mercantil. Desde luego que hay asociaciones voluntarias notablemente imbricadas en el tejido comunitario, al igual que lo están determinados servicios públicos (como escuelas o centros de salud) o negocios (como restaurantes o comercios). La gestión de la complejidad social necesita de la autonomía y sinergia entre estas cuatro esferas, basada en la mejor comprensión de la diferenciación y relación entre ellas.

3. Los vínculos comunitarios pueden ser, razonablemente, propuestos como objeto de los servicios sociales

En su proceso de dejar atrás el asistencialismo residual y configurarse como otro sector universal, los servicios sociales pueden identificar la interacción (vinculación comunitaria con autonomía funcional) como el bien del que ocuparse. Obviamente, como les pasa a todas las grandes ramas de la política social con sus respectivos bienes de referencia (salud, empleo, subsistencia y así sucesivamente), unos servicios sociales a los que se especializase en la interacción (autónoma y comunitaria) necesitarían de la colaboración intersectorial para lograr sus fines.

4. Del mismo modo que la crisis ecológica evidencia la insostenibilidad del desarrollo económico capitalista, la crisis de los cuidados y la epidemia de aislamiento social evidencian la insostenibilidad del Estado de bienestar patriarcal

Los movimientos ecologistas, basados en el conocimiento científico, han demostrado la insostenibilidad medioambiental generada por determinadas masas críticas de efectos colaterales del modo de producción y consumo capitalista en la destrucción o deterioro de recursos naturales finitos e imprescindibles para la vida humana ecodependiente. Del mismo modo, el modelo predominante de Estado de bienestar (que cabe denominar patriarcal, en la medida en que da por descontados muchos cuidados y apoyos comunitarios mayoritariamente brindados por mujeres) se encuentra, posiblemente, en una crisis sistémica derivada de los efectos colaterales de destrucción, mercantilización y burocratización de cuidados primarios y vínculos comunitarios, también finitos e imprescindibles para la vida humana interdependiente.

(Entrada elaborada a petición de Eloi Mayordomo. Recoge reflexiones compartidas en una reciente sesión con el Colegio de Trabajo Social de Bizkaia y, especialmente, en un taller del eje de Acción Social de Barcelona en Comú. Se propone como punto de partida para un encuentro sobre voluntariado programado para el martes, 10 de octubre de 2017, en Zumarraga.)

Futuros imposibles para los servicios sociales

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El futuro de nuestros servicios sociales no está en absoluto garantizado ni mucho menos es necesariamente prometedor. Es perfectamente posible que, más pronto que tarde, entren claramente en una dinámica de pérdida de terreno frente a otros sectores de actividad, sistemas públicos de servicios o agentes; de fragmentación en partes cada vez más desvinculadas entre sí y de mutación y enquistamiento que los vaya haciendo cada vez menos reconocibles y útiles para la ciudadanía.

De ahí el valor estratégico que adquiere que más y más personas y grupos vayamos estando cada vez más de acuerdo en los caminos reales por los que podemos avanzar (y en aquellos por los que no avanzaremos) en el proceso de construcción de esos servicios sociales universales, garantizados como derecho por los poderes públicos, basados en el conocimiento, personalizados, de enfoque comunitario e integrados que propugnan de forma prácticamente unánime nuestras leyes y políticas públicas o nuestras comunidades científicas y técnicas.

Por ejemplo, parece claro que cada vez tenemos menos futuro en el trabajo de comprobación y asignación de medios económicos a las personas. Los rápidos avances en el proceso tendente a la desaparición del dinero en metálico y a la digitalización del control de los flujos financieros conducirían a la centralización de dichas funciones en menos órganos administrativos, a su informatización y automatización y, por descontado, a sacarlos de las manos de personal técnico de formación universitaria para la intervención social.

Tampoco parece tener recorrido la (también tradicional) labor de clasificar a personas en categorías (como tramos de edad, discapacidades, dependencias o exclusiones) y después alojarlas en establecimientos colectivos específicos en función de dichas categorías. No sólo no tiene recorrido por las críticas que recibe la segregación grupal y desvinculación comunitaria por parte de las personas eventualmente destinatarias o de la comunidad de conocimiento, sino también por el incremento del número, diversidad y complejidad de situaciones que requieren apoyo de los servicios sociales y el carácter cada vez más obsoleto y disfuncional de las mencionadas categorías clasificatorias.

El análisis compartido acerca de estos y otros futuros imposibles de los servicios sociales (como el del control social, el de la activación laboral, el de la última red de inclusión social u otros) representan un baño de agua fría de realismo que hemos de combinar con el ejercicio ilusionante de construir futuros posibles, inéditos viables, modelos realizables de aportación de valor a toda la ciudadanía, seguramente centrados en aspectos de autonomía funcional para la vida diaria, autodeterminación y autoorganización personal, relaciones familiares positivas y vínculos y activos comunitarios. Porque otros servicios sociales son posibles.

(Reflexiones en un encuentro formativo con profesionales de los servicios sociales de Cantabria, con la propuesta de algunas lecturas complementarias sobre servicios sociales, en este blog, a escoger.)

Retos de la educación social en tiempos de globalización

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El concepto de globalización es, sin duda, uno de los más utilizados para intentar identificar un conjunto de cambios sociales en curso en las últimas décadas del siglo XX y las que llevamos del XXI y se refiere, fundamentalmente, a diversos efectos del desarrollo de tecnologías de la información y comunicación que están transformando radicalmente nuestro mundo laboral, económico, relacional y, en general, social.

En ese proceso de cambio que sentimos como acelerado, cada vez más personas nos vemos lanzadas a construir las que Ulrich Beck llamaba “biografías de bricolaje”, en la medida en que se multiplican las oportunidades y las amenazas para nuestras cada vez más diversas y cambiantes trayectorias laborales, familiares o, en general, personales.

En ese contexto, la educación social y, en general, las disciplinas y profesiones de la intervención social encuentran su gran ventana de oportunidad para construirse y ser vistas como áreas de conocimiento y de práctica de alto valor añadido para el conjunto de la población, en la medida en que ofrecen apoyos para el fortalecimiento de la autonomía y autodeterminación de las personas en el seno de sus relaciones familiares y comunitarias.

Privadas o liberadas (según se mire) del acceso a trayectorias biográficas como las de generaciones anteriores, mucho más predeterminadas por el lugar de nacimiento, el sexo, el primer acceso al mercado laboral o las redes familiares y comunitarias originarias, en la denominada por Beck “sociedad del riesgo”, las personas (además de atención sanitaria, cualificación e inclusión laboral; además de acceso al alojamiento o garantía de ingresos) necesitamos apoyos profesionales (a pie de calle, en nuestro domicilio, en las redes sociales u otros entornos comunitarios) que nos ayuden a prevenir, paliar o revertir situaciones de pérdida de autonomía para la vida diaria o de aislamiento o exclusión relacional.

Fenómenos tan preocupantes como la victoria de Donald Trump revelan hasta qué punto y de qué manera inseguridades personales o fracturas de identidad fraguadas y vividas en espacios microsociales pueden agregarse a escala macrosocial con peligrosas consecuencias. De ahí la necesidad de reforzar el compromiso del Estado de bienestar por el apoyo profesional de la educación social y, en general, de la intervención social (en los servicios sociales y también en otros sectores de actividad) a la coproducción de bienes relacionales en el seno de comunidades inclusivas para que más y más personas afrontemos cada vez mejor el bricolaje de nuestra vida.

Hacia un nuevo Plan Vasco de Inclusión Social

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En este momento, la elaboración del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social emerge posiblemente como el principal proceso de planificación de país, en un contexto en el que los evidentes y positivos signos de recuperación económica ponen de manifiesto que resultan del todo punto insuficientes para prevenir, paliar o revertir unos cada vez más globalizados, diversos y complejos procesos de dualización, polarización, fragmentación y exclusión social que, por otra parte, afectan de forma cada vez más alarmante a determinados segmentos poblacionales y zonas territoriales del país, irradiando su efecto al conjunto de la sociedad.

El nuevo Plan Vasco de Inclusión Social no puede ser diseñado como un compendio de unas supuestas intervenciones específicas y especializadas dirigidas a los grandes o no tan grandes “colectivos” que tradicionalmente han sido identificados en el marco de la vieja asistencia social realizada por las administraciones públicas o las entidades del tercer sector. Por el contrario, ha de ser la hoja de ruta que nos indique, bajo el liderazgo del Lehendakari, la manera en que cada uno de los sectores económicos, políticas públicas, organizaciones sociales o entornos comunitarios se construye de forma cada vez más universal e inclusiva, sin dejar a nadie atrás y antes de que se deterioren más nuestras reservas de cohesión social.

En lo tocante a las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos), el modelo de referencia es el de la atención integrada intersectorial, propugnada en este momento por organismos internacionales como la OCDE, la OMS o la UE. Este modelo nos exige la construcción de procesos de gobernanza integrada de las políticas de bienestar a una escala territorial (frecuentemente supramunicipal) que permita ofrecer a toda la ciudadanía itinerarios suficientemente personalizados de inclusión social (incluyendo en ocasiones la gestión intersectorial de casos) y que pueda darse de la mano con las políticas de promoción económica y especialización inteligente o de desarrollo territorial y planeación urbana en cada uno de esos territorios, siendo cada día más necesaria en nuestro país una instancia independiente de evaluación de políticas públicas.

Esta gobernanza política y gestión integrada de las políticas de inclusión social debe combinarse con un impulso decidido de las redes y comunidades de conocimiento y de práctica que permitan, en un proceso desde abajo hacia arriba, la innovación tecnológica y social y la escalabilidad de nuevos formatos al servicio de los procesos e itinerarios de inclusión social, partiendo de experiencias piloto en las que participen diversos agentes de distintos sectores de actividad.

Resultando fundamentales las estrategias de cualificación profesional y activación laboral, parece claro que en el contexto de cambio tecnológico y social acelerado en el que nos encontramos, la universalización y simplificación de las políticas de garantía de ingresos para la subsistencia, la reorientación de las políticas de vivienda hacia el objetivo de la inclusión residencial de toda la población y el impulso decidido a los servicios sociales para la prevención y abordaje del aislamiento social y la construcción de comunidades inclusivas reclaman una mayor centralidad estratégica dentro del nuevo Plan Vasco de Inclusión Social.

(Notas personales tras reflexionar sobre lo escuchado y compartido en el world café de ayer, organizado por el Gobierno Vasco, con la colaboración de SiiS y EDE.)

Economía plateada, bienestar clientelar y sostenibilidad intergeneracional

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En una reciente intervención pública, Peter Wintlev-Jensen, director de Programas en la Comisión Europea afirmó que la denominada “economía plateada” (silver economy), la que responde a la demanda de las personas mayores de 50 años, sustentará más de un tercio de los puestos de trabajo en 2025 en Europa. Valga esta previsión como botón de muestra de las tendencias y expectativas mercantiles que genera el incremento del número y poder adquisitivo de personas mayores y la diversificación y cambios en sus perfiles personales y patrones de consumo.

Dicha economía plateada crece, ciertamente, al calor de la demanda solvente de un buen número de personas mayores en los mercados y también de su influencia como clientela numerosa y activada de los sistemas públicos de protección social. Ello influye, sin duda, por ejemplo, en el hecho de que en España la tasa de pobreza infantil y juvenil duplique y triplique, respectivamente, la de las personas mayores (según un estudio reciente) o que, en palabras de una de las personas más expertas en cuidados paliativos en España, el 70% del gasto sanitario se produzca en nuestros seis últimos meses de vida.

Simultáneamente, aumentan las situaciones y sentimientos de soledad no deseada en nuestra sociedad, especialmente entre las personas mayores. Tal como refleja la Encuesta Continua de Hogares de 2016, los de las personas mayores de 65 años representan el 41,7% de los hogares unipersonales y según un estudio reciente, en España, el 53% de las personas que viven solas en contra de sus deseos son mayores de 65 años (mayoritariamente mujeres) y es en este colectivo (las personas que viven solas sin desearlo) en el que más se producen los sentimientos de soledad y el aislamiento social, con sus consecuencias de vulnerabilidad en varios sentidos.

No cabe objeción a que las empresas y las políticas de promoción económica se orienten mejor y sean más amigables en relación con las necesidades y demandas de las personas mayores. Tampoco a que éstas se organicen para defender sus derechos, duramente conquistados, en materia de políticas sociales. Sin embargo, tanto el fomento de la economía plateada como la protección social de las personas mayores deben pensarse y repensarse de forma compatible y sinérgica con estrategias de construcción de comunidades inclusivas y relaciones significativas (familiares y no familiares, convivenciales y no convivenciales) y dentro de un proyecto común en clave de equidad intergeneracional y sostenibilidad social.

(Sobre economía plateada hemos hablado recientemente en un encuentro convocado por la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre su proyecto de innovación en servicios sociales y otros ámbitos en Pasaia. Sobre equidad intergeneracional, sistema de bienestar y servicios sociales, en un encuentro en Pamplona organizado por la Fundación Ezkerraberri. Sobre la soledad y la interacción, con Luis Barriga, Natividad de la Red y otras personas en Valladolid con su Ayuntamiento.)

La colonización digital de los servicios sociales por parte de la sanidad

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Recientemente se ha anunciado la noticia de que se ha logrado que, en la práctica totalidad de los servicios sociales de carácter residencial para personas mayores del País Vasco previstos (unos 300), se tenga acceso a la historia clínica sanitaria de las personas que viven en ellos y al sistema de receta electrónica para fármacos u otros productos. Y se han destacado, con razón, los diversos beneficios que este logro acarrea en términos, por ejemplo, de calidad de atención, ahorro de costes o seguridad para las 20.000 personas usuarias de estos servicios.

Lo chocante, sin embargo, es que esos servicios sociales residenciales que están ya conectados digitalmente a la red sanitaria pública no lo están en el seno del sistema público de servicios sociales del que forman parte. Y que sus personas usuarias, cuya historia clínica sanitaria digital está disponible para profesionales de los servicios sociales, no tienen una historia digital del sistema público de servicios sociales en la que se reflejen las correspondientes prescripciones, intervenciones y evolución.

Nos encontraríamos, por tanto, si se permite la expresión, deliberadamente provocadora, en una suerte de colonización digital de una parte del sector de los servicios sociales por parte del sector sanitario, en un contexto de ausencia de desarrollo reglamentario y consiguiente implementación del Sistema Vasco de Información de Servicios Sociales digitalizado y con volcado permanente de datos (también individuales) que prevé el artículo 79 de nuestra Ley de Servicios Sociales de 2008 y de imposibilidad de realizar la interoperabilidad e interconexión informática a la que se refiere el artículo 4 del Decreto 353/2013, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

No se trata, aquí, de hacer una crítica al sistema sanitario, sino de plantear una autocrítica de quienes somos corresponsables de un retraso en la transformación digital de nuestros servicios sociales, retraso que acaba por justificar, quizá como mal menor o medida provisional, que el sistema sanitario coloque sus terminales informáticas en algunos servicios sociales, probablemente por cansancio de esperar a que nuestro proceso de normalización de los sistemas de diagnóstico, intervención y seguimiento y de construcción de una gestión integrada e informatizada de nuestros datos haga posible la deseable interoperabilidad y el consiguiente acceso desde cada sistema a la información del otro.

En el mundo en el que vivimos, perder el tren de la digitalización, de la gestión basada en datos, de la incorporación inteligente a las redes informatizadas es condenarse a la vía muerta de la ineficiencia, de la irrelevancia y, finalmente, del ostracismo o la desaparición como sector, sistema, organizaciones o profesionales. Estamos hablando, posiblemente, de uno de los desafíos más importantes y urgentes que tienen ante sí nuestros servicios sociales.

El objeto de los servicios sociales

Valladolid

¿Cómo conceptualizamos la interacción cuando la proponemos como el objeto de los servicios sociales?

Para responder a esta pregunta, podemos seguir la pista de personas de carne y hueso en sus itinerarios. Pensemos en una que tiene un accidente y resulta gravemente herida. No cabe duda de que en ese momento su situación debe ser abordada cuanto antes por parte de los servicios sanitarios. Imaginemos que es tratada en un hospital, donde, además de las prestaciones típicamente sanitarias (como intervención quirúrgica, terapia farmacológica o cuidados de enfermería), disfrutará de otras que no lo son (como la alimentación, el alojamiento o el servicio doméstico). Además, empezará a cobrar una prestación económica para su subsistencia. Una vez dada de alta hospitalaria, esta persona seguirá recibiendo apoyos sanitarios (como, por ejemplo, actividades ambulatorias o domiciliarias de rehabilitación).

Pensemos en el caso de que esta persona presente, en ese momento, limitaciones funcionales, es decir, un menoscabo de su autonomía funcional. Ello puede afectarle, por ejemplo, en el ámbito laboral (quizá no pueda seguir realizando el mismo trabajo que antes), en el del alojamiento (quizá no pueda acceder como antes a su vivienda) o en el ámbito de su vida diaria y relaciones primarias (quizá se vea afectada la relación de convivencia que tenía con otras personas). Parece claro, por tanto, que la reparación de determinadas estructuras orgánicas y la recuperación de cierta autonomía funcional compete al sector sanitario, pero, a partir de un determinado punto, la persona se desenvuelve en diferentes entornos (laboral, residencial y relacional, según los tres ejemplos), de suerte que la integración o inclusión (laboral, residencial y relacional) puede verse como la otra cara de la autonomía funcional en cada uno de ellos (y equilibrarse e interactuar dinámicamente con ella).

Siguiendo con los tres ámbitos mencionados, los servicios de empleo serían los encargados de apoyar a la persona en su proceso de reincorporación al mercado laboral, eventualmente pasando por el sistema educativo para adquirir nuevas competencias profesionales; mientras que los servicios de vivienda debieran ayudarle a adaptar su domicilio o, en su caso, a acceder a uno nuevo. Los servicios sociales, según la propuesta que estamos presentando, le apoyarían en la potenciación de su autonomía funcional para la vida diaria (actual y futura) en acoplamiento (a, con o) en el entorno relacional familiar y comunitario.

Lógicamente, a esa parcela de necesidades y situaciones cuyo perímetro estamos dibujando se llega por otros itinerarios. Como el de la niña con buen estado de salud seguida por su pediatra y cuya tutora en la escuela tiene indicios de que no cuenta con un cuidado y ambiente familiar positivo. O el de la pareja que comienza a convivir y a organizar su vida en común. O el del hombre jubilado que acaba de enviudar y comienza a vivir solo. O el del joven haciendo vida en la calle del barrio en el que se detectan conflictos de convivencia entre personas de comunidades culturales diferentes. O el de la criatura de ocho meses que necesita más cuidados que los que sus familiares pueden proporcionarle. Y así sucesivamente.

La intervención social sería, entonces, la actividad que tiene como finalidad prevenir, corregir o paliar desajustes en lo relativo a la interacción de las personas, con sus dos caras o dimensiones: autonomía funcional e integración relacional. Una autonomía funcional para la vida diaria que comprendería desde el autocuidado o cuidado en la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria hasta la utilización de las funciones cognitivas y emocionales para la toma de decisiones sobre la propia vida y su futuro (autodeterminación, autoorganización o autogobierno), pasando por habilidades sociales para las relaciones cotidianas. Y una integración relacional que se referiría tanto a los vínculos familiares como a otras redes comunitarias presenciales o virtuales, actuales o posibles (todas ellas relaciones primarias), fuente primordial de apoyo social.

(Fragmento adaptado de un artículo de próxima publicación en Zerbitzuan para las intervenciones en el Foro de Servicios Sociales previsto para el 20 de septiembre de 2017 en el Museo Herreriano de Valladolid.)

Agencia pública y privada en las políticas sociales

170918

Parece claro que la evolución de las grandes políticas sociales sectoriales (como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda y garantía de ingresos) en nuestras sociedades hace que, en cada una de esas ramas o ramos de actividad, los poderes y administraciones públicas y la población o ciudadanía estén acompañadas, cada vez más, de muchos otros agentes de diversos tipos, como, al menos, las redes comunitarias, las organizaciones de iniciativa social y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Los debates éticos, ideológicos y políticos frecuentemente se simplifican y se polarizan como si nos encontráramos en un juego de suma cero entre las responsabilidades, funciones y actividades públicas y aquellas que se asumen por parte de la iniciativa empresarial privada y mercantil. Por otra parte, dichos debates éticos, ideológicos y políticos, en ocasiones, se abordan de espaldas a la base de evidencia y conocimiento existente al respecto, por ejemplo, gracias al estudio de políticas comparadas; evidencia y conocimiento que no debe reemplazar a los debates éticos, ideológicos y políticos, pero sí informarlos, ilustrarlos o iluminarlos.

En el contexto actual resulta especialmente necesario atender al impacto que nuevas tecnologías de la información y la comunicación (y otras) están teniendo y pueden tener en el incremento de oportunidades y amenazas y en la aceleración de procesos en lo relacionado con la algoritmización de sistemas, la explosión de la conectividad, la destrucción de intermediarias, la reconfiguración de cadenas de valor o la viralización y manipulación de la información y, a su vez, con la mercantilización de transacciones, el procomún colaborativo, el empoderamiento de clientes, la deconstrucción de sujetos colectivos, y así sucesivamente.

En ese escenario complejo, el poder político y las Administraciones públicas, al cuidado del interés general, no van a ser medidas tanto por la “cuota de mercado” que tengan en uno u otro sector de actividad (¿cuánto alumnado estudia en la enseñanza pública?, ¿qué porcentaje de los productos culturales serán públicos?) o por cuántos eslabones de las cadenas de valor asumen (¿la atención hospitalaria?, ¿lavar las sábanas del hospital?, ¿fabricar el detergente con el que se lavan?, ¿cultivar el algodón con el que se fabrica el detergente?) como por la capacidad de ser jugadoras determinantes en los diferentes sectores económicos (con distintas estrategias) para garantizar los derechos sociales y los derechos humanos en general.

Para ello los agentes públicos, seguramente, deberán potenciar inteligentemente la autonomía operativa y las ventajas comparativas de otros tipos de agentes para lograr, en definitiva, maximizar las oportunidades reales para el más pleno ejercicio de los derechos (individuales, por definición) de todas las personas, es decir, nuestra libertad efectiva para llevar adelante los proyectos de vida que tengamos razones para valorar, anidadas (necesaria y deseablemente) en comunidades y sociedades fraternas, productivas y sostenibles.

(Con la inspiración, sucesiva, para cada uno de los párrafos, de Eloisa del Pino, Adela Cortina, Jeremy Rifkin, Carles Ramió y Amartya Sen. Como aproximación inicial tentativa para el debate sobre la Prestación Económica de Asistencia Personal, los cheques servicio, los presupuestos individuales o fórmulas similares en los servicios sociales.)